El Senado se encamina a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años: cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil

En el último día de las sesiones extraordinarias, el Senado se encamina a sancionar el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, una medida impulsada por el gobierno de Javier Milei y consensuada con distintos espacios políticos que formará parte de la seguidilla de triunfos políticos que el oficialismo ya empezó a celebrar.

La iniciativa se votará antes de que los senadores se aboquen a darle el tratamiento final a la reforma laboral, que también confían en sancionar con fuerza de ley al final de la sesión para coronar la agenda que fijó Milei para las extraordinarias y dejar todo listo para el discurso auto celebratorio que pronunciará el 1 de marzo por la noche ante la Asamblea Legislativa.

El nuevo Régimen Penal Juvenil ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde cosechó 149 votos a favor y 100 en contra gracias a un consenso que logró La Libertad Avanza (LLA) no solo con el PRO, la UCR y los partidos provinciales que suelen apoyarlos, sino también con la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el sector "massista" del peronismo, bloques donde suelen ser mucho más críticos del Gobierno.

La bancada oficialista del Senado que preside Patricia Bullrich confía en que ese nivel de acuerdo se reflejará en la Cámara alta y que la sanción de la ley está garantizada con un piso de 40 votos sobre los 72 que integran el pleno. De hecho, antes de la sesión, LLA publicó en redes un video donde señalaron a todos los países de la región que tienen una edad de imputabilidad menor a 16 años y señaló: "Basta de puertas giratorias para los menores que delinquen".

Baja la edad de imputabilidad: ¿qué cambia con la nueva ley que está por aprobar el Senado?

En efecto, la principal justificación del Gobierno para este cambio en la legislación penal es que Argentina "se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad", dado que Chile, Colombia y Perú la establecieron en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13; y Brasil y México en 12, por ejemplo.

Con la nueva ley, la edad de imputabilidad será a partir de los 14 años, un cambio sustancial porque hasta ahora los/as adolescentes son juzgados y eventualmente detenidos por cometer delitos a partir de los 16 años de edad, siempre que la pena máxima sea mayor a 2 años de prisión.

Bajo la normativa vigente, a una persona de 15 años que comete un delito grave -como un homicidio- se le abre un procedimiento en los tribunales y eventualmente puede ser internada en un instituto por orden de un juez de menores, pero no puede ser juzgada ni condenada. Con el nuevo régimen, un adolescente de esa edad podrá ser imputado, procesado y, en delitos de ese tipo, eventualmente condenado a prisión.

De la misma forma, hoy un adolescente que comete un delito menos grave como puede ser el robo simple, que tiene una pena mínima menor a 2 años, no puede ser condenado, mientras que con el nuevo Régimen Penal esa misma persona sí podrá ser imputada y recibir una condena, aunque no será de prisión efectiva si la pena prevista no supera los 3 años.

Sin cadena perpetua: cuál será la condena máxima y las condiciones para la prisión

Allí radica otro de los cambios importantes del nuevo régimen, que tiene que ver con la gradualidad de la pena para los adolescentes. Cuando la condena sea por delitos que contemplan penas de hasta 3 años, el menor no irá preso. De ahí para arriba, la condena a prisión para los menores de 18 será como máximo de 15 años. El proyecto prohíbe taxativamente la imposición de penas de reclusión o prisión perpetua.

En tanto, cuando el delito tenga penas que vayan de los 3 a los 10 años, el juez podrá reemplazar la prisión por otras alternativas, como la realización de tareas comunitarias, la asistencia a programas de formación o incluso la libertad asistida, siempre que no haya existido muerte o violencia grave y que el imputado no tenga antecedentes.

Por otro lado, las condenas privativas de la libertad no se cumplirán necesariamente en la cárcel y, en caso de ser así, tendrán que ser en una sección separada de los adultos dentro del establecimiento penitenciario. Pero el juez o tribunal deberá priorizar que la condena se cumpla en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención.

El financiamiento del nuevo régimen, otro punto clave en debate

El Gobierno introdujo un cambio central al texto durante su paso por Diputados, que tiene que ver con la asignación específica de recursos para poner en marcha la ley. En el artículo 51 se precisó que se destinará un monto total de $23.739.155.303 millones. Los recursos para ello saldrán del Ministerio de Justicia, que aportará $3.131.996.784, y de la Defensoría General de la Nación por $20.607.158.518.

La aclaración es importante porque el dictamen anterior le daba a la Jefatura de Gabinete la facultad de readecuar partidas presupuestarias para la aplicación de la ley pero sin un monto definido, una metodología que el mismo Gobierno ha cuestionado en otras leyes impulsadas por la oposición.

El costo tiene que ver con la necesidad de adaptar los establecimientos penitenciarios en todo el país para alojar a los menores de edad condenados por delitos graves para que estén separados de donde se encuentran los adultos, tal como manda la nueva ley. También con la prioridad que tendrán que darle los jueces a condenas alternativas.

No obstante, se trata de un punto que distintos espacios opositores consideran complejo. En la bancada peronista, Jorge Capitanich advirtió que la ley "corre el riesgo de caer en letra muerta" si las provincias no cuentan con los recursos para adaptar las cárceles que dependen de su órbita. En la misma línea, Alicia Kirchner dijo estar de acuerdo con que se diferencien adolescentes y adultos en el cumplimiento de la pena, pero que "es incumplible con el presupuesto que se asigna hoy".

Si todo sale como espera el oficialismo, Javier Milei habrá conseguido en tiempo récord la aprobación en el Senado de uno de los temas centrales de su agenda como es el Régimen Penal Juvenil para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, en el marco de uno de sus eslóganes de campaña más repetidos: "El que las hace las paga".