Ley de tierras, "okupas" y las reformas que Milei manda al Congreso para correr el caso Adorni de la agenda

El gobierno de Javier Milei apunta a retomar la iniciativa política en el Congreso con un paquete de reformas y proyectos que van desde cambios en la Ley de Tierras Rurales y el régimen de desalojos a modificaciones en la ley sobre discapacidad, decidido a correr de la agenda pública la polémica por los gastos y viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La reciente conferencia de prensa que dio Adorni no terminó bien ni contribuyó a bajarle el tono al escándalo sino al contrario: el funcionario llegó a decir "con mi dinero hago lo que quiero" en un tono de confrontación con los periodistas acreditados en Casa Rosada y se negó a dar más explicaciones a menos que los requiera la Justicia.

Igualmente, la polarización con la prensa forma parte de la misma estrategia que el envío de una abultada agenda de proyectos de ley a la Cámara de Diputados y el Senado cuyo contenido fue adelantado por el jefe de Gabinete en la misma conferencia y motivará, además, fuertes debates con la oposición.

Al menos eso espera el Gobierno, que intenta restarle importancia al escándalo sobre Adorni al mostrarse activo y firme en su lógica "reformista". El escenario elegido para eso es el Congreso y la herramienta es una batería de cambios legales que involucran temas sensibles o leyes impulsadas por la oposición, como la de emergencia en discapacidad y financiamiento universitorio.

Ley de Tierras y desalojo de "okupas": ¿de qué se tratan las reformas que Milei mandará al Congreso?

En el paquete de proyectos el Gobierno incluyó los ya anunciados sobre "propiedad privada", donde se destaca la reforma del Régimen de Expropiaciones (Ley 21.499), que buscará limitar esa capacidad del Estado para declarar sujeto a "utilidad pública" los bienes "de cualquier naturaleza jurídica a casos "estrictamente excepcionales" y elevará los montos de las indemnizaciones.

También figura la reforma a la Ley de Tierras Rurales (26.737), que posiblemente erá uno de los temas que mayor discusión genere en el Congreso, dado que buscará eliminar restricciones para la venta de campos a personas o empresas extranjeras con el argumento de atraer mayores inversiones en sectores como el agro o la minería, según indicó el jefe de Gabinete.

Entre los pocos detalles que dio sobre las iniciativas, señaló que no se puede "permitir que por un mero capricho ideológico" no se realicen inversiones que "requieren que se compren terrenos grandes" para llevar adelante proyectos.

Asimismo, la otra reforma vinculada con la propiedad privada que aterrizará en el Congreso será la del Régimen de Desalojos para agilizar la recuperación de inmuebles tomados a un proceso que no lleve más de "cinco días", según adelantó Adorni.

El Gobierno apela así a un tema que suele generar críticas entre los propietarios de casas deshabitadas en espera de ser vendidas y lo hace, además, con figuras retóricas como "el flagelo de los okupas", según lo definió el jefe de Gabinete. La iniciativa pretende establecer una "vía sumarísima" para que se "evacúe rápidamente a los infractores".

Discapacidad y universidades: una nueva pulseada para "salir" del escándalo Adorni 

Además, el oficialismo quiere que sus diputados y senadores empiecen a moverse en el Congreso para modificar la ley sobre emergencia en discapacidad que la oposición aprobó el año pasado y ratificó tras el veto de Milei. El Ejecutivo la promulgó, pero nunca empezó con su cumplimiento y ahora que La Libertad Avanza robusteció su representación quiere modificarla.

La ley fija una actualización mensual de las prestaciones básicas según el índice de inflación (IPC) y crea además una pensión no contributiva por discapacidad para protección social equivalente al 70% de una jubilación mínima. El Gobierno quiere auditar las pensiones otorgadas y determinar aumentos solo a quienes tienen incapacidad para trabajar.

Tras señalar que la gestión anterior dejó un "Estado fundido", Adorni señaló: "Así como están planteadas estas leyes aprobadas el año pasado por el Congreso vienen a repetir el mismo patrón: repartir plata que no hay. Vamos a dar aumento solo a los que tienen incapacidad para trabajar y no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado".

De esta forma se refirió a tanto a la ley sobre discapacidad como a la de financiamiento universitario, otra pulseada interminable entre Milei y la oposición en el Congreso. Esa otra ley fija que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas se deben actualizar según el IPC desde mayo a diciembre 2024, con un ajuste bimestral también por inflación.

La idea que dejó trascender el Gobierno es fijar un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento respecto de 2025, sin la cláusula automática de ajuste por IPC, y una paritaria trimestral para los salarios de docentes y no docentes, también a fines de evitar una actualización regida por el índice de inflación.

Nuevos delitos y penas: la otra parte del paquete de leyes que el Gobierno moverá en el Congreso

Además, el gobierno de Milei tiene previsto enviar proyectos para agravar penas e incorporar nuevos delitos en el Código Penal mientras preparan la redacción de una ley marco totalmente nueva. Y es que la reforma integral que ya se había anunciado quedó en suspenso tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

El martes Milei se reunió con el flamante ministro y allí acordaron redactar un nuevo Código y enviar al Congreso un paquete de proyectos que Mahiques definió como de "transición" para "endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos".

En ese listado de figuras penales mencionó incluyó los delitos migratorios; las estafas piramidales; las modalidades de "viuda negra", salideras y entraderas; los cometidos por "motochorros"; daño animal: organización de "picadas" en la vía pública y la presencia de armas en las cárceles.

Según se desprende del anuncio del Ministerio de Justicia, se tratará de iniciativas separadas que se sumarán así a la agenda de reformas que presentó Adorni en la conferencia de prensa de este miércoles, donde también adelantó el envío al Senado de los primeros 60 pliegos para designar jueces, fiscales y defensores públicos.

Como contó iProfesional, en el Poder Judicial hay más de 300 vacantes que el Gobierno aspira a llenar y el envío de los pliegos será por tandas. Hay unos 200 concursos que ya están terminados y a la espera de la firma del Presidente para ser remitidos al Senado.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, los espera hace varias semanas para poner en marcha el trámite parlamentario primero en la Comisión de Acuerdos y luego en el recinto, donde confían en lograr un entendimiento con gobernadores y senadores aliados para aprobar los nuevos nombramientos en la Justicia. Los primeros 60 entrarían esta semana, según adelantó Adorni.

Con esa nutrido paquete de proyectos y reformas el gobierno de Javier Milei busca recuperar el control de la agenda pública y la iniciativa política a partir de la apertura de nuevos debates en el Congreso, adonde Manuel Adorni irá a dar su informe mensual de gestión recién el 29 de abril. La idea del Gobierno es contar con una agenda legislativa activa para esa fecha con el fin de matizar el escándalo, que la oposición no dejará pasar.