Tras el caso YPF, el Gobierno se prepara para otra batalla judicial: cuál es y cuántos dólares puede recaudar

No es generoso el mileismo a la hora de agradecer a los que estuvieron antes que ellos administrando el Estado, ni tampoco lo es el justicialismo kirchnerista, el que ahora respalda al gobernador bonaerense y exministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof. 

En un extraño cruce dialéctico, del que da cuenta por separado iProfesional, Javier Milei y Axel Kicillof se adjudican la victoria legal más trascendente que obtuvo la Argentina en los últimos años.

Javier Milei volverá a pelear con Axel Kicillof en la Justicia, tras el caso YPF

Se olvidan que el juicio por YPF que tenía en jaque las finanzas futuras del Estado Nacional y representaba una mancha crediticia para atraer inversiones al país, atravesó cuatro períodos presidenciales y fue el procurador del gobierno de Cambiemos, Bernardo Saravia Frías, el que llevó adelante la idea del abogado más cercano a Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, de separar las causas.

Argentina defendía a YPF y a su Estado con una misma línea argumental en los tribunales neoyorkinos. Con la llegada de Macri, se decidió trabajar para separar las causas y los abogados lograron que la petrolera dejara de ser el objetivo de los fondos especulativos o "buitres" que focalizaron su interés en llegar a un acuerdo con el Estado Nacional, una vez que lograron el fallo favorable en primera instancia por más de u$s16.100 millones.

Esa cifra equivalió, al momento de la sentencia de la jueza Loretta Preska en marzo de 2023, a cerca del 44% del presupuesto fiscal nacional. Eran tiempos en los que Milei pensaba en crear un impuesto para pagar esa montaña de dinero. 

Resuelto el caso a favor del Estado argentino, en un fallo con enormes consecuencias a futuro por su trascendencia, en el gobierno del libertario se abocarán a trabajar en el resto de los juicios que la Argentina tiene pendientes. Muchos de esos reclamos en el exterior fueron generados durante la gestión de Axel Kicillof como ministro de economía de Cristina Kirchner.

El Gobierno tiene otras batallas judiciales por resolver 

Y, no son temas menores aunque se trate de una menor cantidad de dinero involucrada que en el caso por la estatización de YPF.

Según un alto funcionario político, cercano a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la "pesada herencia" que dejaron los juicios realizados contra el Estado Nacional por decisiones de las administraciones kirchneristas, alcanzaron lo u$s41.624 millones.

La cifra cayó de una manera significativa gracias a la decisión del tribunal de alzada estadounidense que desestimo el reclamo de Burford contra la Argentian por YPF, llevando la deuda judicial en el exterior a  cerca de u$s25.500 millones.

Los reclamos que involucran la gestión de Kicillof y lo tuvieron como principal protagonista en el Palacio de Hacienda son: 

Cupón PBI

Tras el default de 2001, Argentina reestructuró su deuda y entregó a los acreedores que aceptaron los canjes unos instrumentos llamados Cupones PBI. Estos pagaban un monto adicional a los bonistas si el crecimiento real del PBI argentino superaba cierto umbral (alrededor del 3,3 % anual) en años determinados.

En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, Argentina cambió la metodología de cálculo del PBI (a través del INDEC). Los fondos de inversión que tenían estos cupones, principalmente Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald, denunciaron que esa modificación redujo artificialmente los pagos que les correspondían y que violaba los términos de los bonos. Por eso iniciaron juicios en tribunales de Londres y también en Nueva York, reclamando los pagos no realizados y daños.

Los fondos demandaron entre los años, 2019-2020. En abril de 2023, el Tribunal Superior de Londres falló en contra de Argentina y ordenó pagar €1.330 millones (unos u$s1.500 millones en ese momento) más intereses. Argentina apeló hasta la Corte Suprema británica, pero perdió definitivamente en junio/octubre de 2024. El fallo quedó firme e inapelable.

Hasta ahora, los bonistas solo cobraron unos €300-313 millones, una garantía que Argentina depositó durante las apelaciones y que ejecutaron en febrero de 2025. El resto, actualizado a unos €1.600 millones con intereses sigue impago.

Argentina perdió porque la justicia británica consideró que el cambio en la forma de calcular el PBI perjudicó a los tenedores de los cupones. Las causas están en fase de ejecución de sentencia. los bonistas buscan cobrar lo que se les debe e incluso generaron nuevos reclamos por los atrasos.

La deuda exterior bonaerense

El gobierno nacional ya puso su atención sobre la situación creditica de la provincia gobernada por Kicillof. Sus principales publicistas hablan del incremento de la deuda que generó la gestión de Kicillof en el manejo de la cosa pública. 

La realidad indica que la gestión bonaerense ha logrado avances significativos en la reestructuración de la deuda de la Provincia de Buenos Aires con tenedores de bonos en el exterior, evitando un default prolongado. Sin embargo, los desafíos económicos y legales persisten, y la sostenibilidad de los pagos dependerá de factores tanto internos como externos.

La situación sigue siendo delicada, pero el acuerdo alcanzado en el año 2021 representa un paso importante hacia la estabilización financiera de la provincia.

• Monto de la Deuda: Al inicio del mandato de Kicillof, en diciembre de 2019, la deuda externa de la provincia rondaba los 7.100 millones de dólares en bonos, según datos oficiales y estimaciones de mercado.
• Default Técnico: En enero de 2020, la provincia entró en un default técnico al no poder cumplir con un vencimiento de 277 millones de dólares correspondiente al bono BP21. Esto marcó el inicio de un proceso de reestructuración.
• Proceso de Reestructuración:
  • Kicillof y su equipo buscaron renegociar los términos de la deuda con los acreedores internacionales, proponiendo quitas y extensiones de plazos.
  • En agosto de 2021, se alcanzó un acuerdo con los principales tenedores de bonos, que representaban más del 90% de los acreedores. Este acuerdo incluyó una quita nominal del 7% y una reducción significativa de los intereses, además de extender los vencimientos hasta un promedio de 13 años.
  • Sin embargo, algunos holdouts (acreedores que no aceptaron la reestructuración) continúan exigiendo el pago total, lo que genera litigios pendientes.
• Pagos Recientes: Desde el acuerdo, la provincia ha cumplido con los pagos reestructurados, aunque enfrenta restricciones financieras debido a la inflación, la devaluación del peso y la falta de acceso a mercados internacionales de crédito.

En suma, la pelea por mostrar mejor gestión en los pasivos judicializados del país en el exterior no ha hecho más que comenzar. En las próximas semanas habrá más capítulos de enfrentamiento discursivo sobre dos maneras diferentes de gestionar la crisis financiera que siempre fue la misma en la Argentina. La carencia de dólares y los desacuerdos que se producen con el tiempo con los integrantes de la arquitectura financiera mundial.