Debate por YPF: el mejor argumento en favor de Milei lo dio Kicillof, al recordar el episodio Eskenazi

Luis "Toto" Caputo dejó en claro la situación contradictoria en la que se encuentra el gobierno tras la victoria judicial por YPF: su celebración política no puede ser confundida con una defensa de las expropiaciones estatales. Y por eso publicó una extensa argumentación en la que intenta explicar lo que Javier Milei no había dejado claro en su cadena televisada.

El mayor temor del ministro es que la oposición kirchnerista tenga éxito en instalar la idea de que, si no fuera por la expropiación, Argentina no gozaría hoy de un autoabastecimiento y superávit comercial en el rubro de la energía.

Ese fue, precisamente, el punto que resaltaron Cristina Kirchner y Axel Kicillof ni bien se conoció la noticia de que el tribunal de apelaciones neoyorquino había sentenciado a favor de Argentina, en el juicio que le había ganado el fondo Burford en primera instancia, y que obligaba al país a pagar u$s18.000 millones.

Kicillof, que era ministro de economía cuando se produjo la estatización, fue el principal impulsor de ese argumento, luego de años de haber sido duramente criticado por Milei. El presidente llegó incluso a proponer que se creara un impuesto llamado "tasa Kicillof", que pagarían los automovilistas cada vez que cargaran nafta. El propósito político de Milei era dejar en claro que las decisiones políticas populistas se pagan en el plano financiero.

Pero claro, celebrar ahora la victoria judicial conlleva un riesgo: que se confunda ese festejo con una admisión tácita de que la reestatización fue la política correcta. Ante esa situación, Caputo se sintió en la necesidad de abundar en explicaciones tras la cadena de Milei, sobre todo porque uno de los datos de los que se jacta el gobierno es el hecho de que el rubro energético haya pasado a ser un proveedor de dólares, tras años de haber "quemado" reservas.

El mensaje de Luis Caputo contra Axel Kicillof, por el debate por YPF

La máquina de petrodólares

A inicios de año, cuando la expectativa global era la de una baja en el precio del petróleo y se especulaba con el "efecto Venezuela", el gobierno argentino esperaba que el saldo de la balanza energética fuera este año de u$s10.000 millones, lo que implica un salto de más de 20% en un año.

Pero, tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, las cuentas se están revisando casi a diario. Los analistas calculan que por cada 10 dólares que se incrementa el precio global del petróleo, Argentina aumentará su ingreso de divisas en u$s1.700 millones.

Si el conflicto en Irán se extendiera y esa premisa sobre el precio del petróleo se cumpliera, entonces habría que agregar u$s5.000 millones a la ya de por sí optimista previsión que se había hecho para este sector. En todo caso, las cifras de la balanza comercial de marzo darán una pauta respecto de si los análisis eran correctos o si pecaron de entusiasmo desmedido.

En todo caso, es un fuerte contraste con lo que había ocurrido hace cuatro años tras la disparada del petróleo y el gas por la invasión rusa a Ucrania. Sólo en el mes de julio de ese año hubo que importar gas por u$s2.281 millones, una cifra que hoy requiere casi un año de importaciones. En aquel momento, la energía equivalía al 28% de las compras totales, mientras que ahora apenas llega al 3%.

¿De quién es el mérito?

Ese cambio en la situación energética tiene un nombre propio: Vaca Muerta, que sigue batiendo récords de producción. Y no paran los anuncios de inversión, como el de YPF, que desembolsará u$s6.000 millones con el objetivo de incrementar su capacidad de producción de petróleo "shale", un terreno en el que aspira a ser un jugador de relevancia mundial. El objetivo es llegar a una producción de 215.000 barriles diarios, lo que supone más del doble del nivel de producción de al inicio de la gestión Milei.

Para Caputo, la prioridad es demostrar que ese drástico pasaje de país importador a exportador de energía no fue obra del kirchnerismo. Más bien al contrario, sostiene "la expropiación de YPF atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta ya que ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente, costándole al país decenas de miles de millones dólares en exportaciones no concretadas".

Y menciona tres hechos fundamentales de la gestión actual: la actualización tarifaria, para "dar la señal de precios correcta para incentivar la inversión"; además la cancelación de la deuda estatal con las empresas del sector. Y, en un punto polémico, Caputo agregó al esquema RIGI, "para garantizar la seguridad jurídica que el gobernador se cansó de desacreditar".

Los críticos del ministro argumentaron que los proyectos del RIGI en Vaca Muerta están recién en fase de ejecución y, por lo tanto, no iniciaron exportaciones que aparezcan registradas en las cuentas de la balanza comercial. 

Y es ahí donde entra en discusión otro tema en disputa: de quién es el mérito por la construcción del gasoducto que conecta a Vaca Muerta con la red de abastecimiento en los mayores centros urbanos, y gracias al cual disminuyó drásticamente la necesidad de importar gas licuado de petróleo traído en barcos.

Ya en el invierno de 2024, Cristina Kirchner acusó a Milei de haber retrasado las obras con su política de "motosierra" y que, por ahorrarse u$s40 millones del gasto público, terminó con la necesidad de importar u$s500 millones no previstos originalmente.

La versión del gobierno era radicalmente diferente: el déficit energético formaba parte de la "pesada herencia" del gobierno peronista, que había demorado innecesariamente el gasoducto, al dejar sin efecto la licitación que había hecho Mauricio Macri.

La confesión involuntaria de Kicillof a favor del discurso de Milei

Pero lo que más llama la atención en el debate es que el principal argumento en favor del gobierno de Milei lo dio, involuntariamente, el gobernador Kicillof. Fue el único que recordó por qué se había llegado a la instancia de estatizar las empresas: la inversión de Repsol prácticamente había desaparecido, porque los españoles se estaban cobrando en cuotas la cesión de 25% de la compañía al grupo Eskenazi.

El acuerdo, impulsado por Néstor Kirchner, se concretó en 2008, ya con Cristina en la Casa Rosada. El método de "nacionalización parcial" fue inédito: los compradores, que no tenían experiencia alguna en el negocio petrolero -y cuyo mérito consistía en ser "expertos en mercados regulados"- ingresaron sin poner dinero. Para la compra obtuvieron un crédito de un grupo de bancos, que se pagaría con los propios dividendos de YPF.

Básicamente, es como si Repsol hubiese financiado la venta de su 25%, pero el costo terminó siendo una brusca disminución en las inversiones de la compañía. El propio Kicillof, en su polémica con Caputo, publicó un artículo titulado "¿Por qué recuperamos YPF?", y explica que "bajo la desastrosa gestión privada, la compañía generaba inmensas ganancias pero los argentinos íbamos camino a quedarnos sin gas y sin petróleo".

Lo que no mencionó Kicillof, pero que terminó siendo el detonante de la estatización, es que YPF demandaba una cantidad creciente de divisas. En 2011, el crítico año en que se instauró el cepo cambiario, las importaciones de energía fueron de u$s9.000 millones.

La quiebra del socio amigo

Por cierto que la reestatización no revirtió de inmediato el déficit energético. Recién en 2020, ante el desplome en los precios por causa de la pandemia, se recuperó un leve superávit, pero todo el resto de la gestión de Alberto Fernández registró otra vez números en rojo.

Ese es el argumento del gobierno para sostener que con la reestatización no se solucionó el problema, sino que lo que hacía falta era generar un clima favorable a la inversión.

Lo que ni Milei ni Caputo dijeron es que la crisis que llevó al déficit energético -y, además, al litigio en reclamo de u$s18.000 millones- fue consecuencia directa de la decisión kirchnerista de haber sumado a un socio argentino, que no puso dinero para entrar en la empresa.

En cambio, quien sí recordó ese punto fue Kicillof: "Una vez que recuperamos las acciones, un accionista minoritario que había contraído una serie de créditos fue a la quiebra. Ahí apareció un fondo buitre que inició un proceso legal", explica el gobernador.

Desde su punto de vista, es un argumento exculpatorio, pero se trata en realidad del principal punto por el cual la reestatización estuvo envuelta en un halo de acusaciones. El grupo Petersen, conducido por los Eskenazi, que poseía el 25% de las acciones sin haber puesto un dólar, reclamaba un resarcimiento igual al que obtuvo Repsol -que se terminó llevando u$s5.000 millones en bonos, más u$s1.300 millones en intereses-.

Un debate con influencia en la agenda

La polémica sobre el caso judicial de YPF no se limita apenas a la disputa sobre quién tuvo el mérito del fallo favorable. Es, sobre todo, una confrontación de visiones ideológicas, respecto de si el desarrollo de los recursos naturales del país se logra mejor bajo la gestión privada o estatal.

Para Kicillof, toda la saga de YPF lleva a una conclusión clara: "No podemos entregar nuestros recursos en beneficio de otros países". Es un punto central justo cuando está en debate legislativo la explotación minera en la Patagonia a cargo de inversores globales.

Y todo indica que Kicillof, parado en rol de pre-candidato presidencial, enfatizará ese argumento: las encuestas siguen mostrando una preferencia de los argentinos por la gestión estatal y, en general, una actitud anti-privatizadora.

Es por eso que Caputo decidió entrar en la pelea, y argumentar que "la mayoría de las exportaciones de petróleo de nuestro país provienen hoy de estas compañías privadas". Todo indica que el debate será largo y excederá la cuestión meramente juridica.