Se aprobó la nueva Ley de Glaciares: las claves de la reforma y los gobernadores que la empujaron junto a Milei

La Cámara de Diputados sancionó la nueva Ley de Glaciares tras un tenso debate de más de 10 horas. La reforma fue presentada por el gobierno de Javier Milei pero su avance hubiera sido imposible sin el empuje de cinco gobernadores que buscan ampliar las zonas habilitadas para la minería en sus provincias con el fin de atraer inversiones récord.

El cambio de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que habilita a los gobernadores a redefinir las áreas de exclusión para la minería se aprobó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.

El oficialismo consiguió el quórum de 129 diputados para abrir la sesión a las 15:12, con la ayuda del PRO, la UCR, el bloque Elijo Catamarca que responde al gobernador Raúl Jalil, y toda la bancada Innovación Federal que se referencia en el gobernador de Misiones, Hugo Passalaqcua, y principalmente en el salteño Gustavo Sáenz. A ellos se sumaron un puñado de la bancada Provincias Unidas.

La llave para alcanzar esa mayoría nunca estuvo en manos del oficialismo sino de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy).

San Juan y Mendoza integran la llamada "Mesa del Cobre", mientras que las otras tres forman la "Mesa del Litio". Los cinco gobernadores, con Orrego a la cabeza, le reclamaron a Milei este proyecto para modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial allá por noviembre, en el marco de las negociaciones que abrió la Casa Rosada para conseguir la aprobación de la reforma laboral.

Necesitado de votos para esa ley, pero también convencido de que la minería es uno de los motores para su modelo económico, Milei accedió a presentar la reforma. Los gobernadores, beneficiados de forma directa porque el proyecto les traslada a ellos el poder para definir las áreas de exclusión para la actividad minera, mueven sus fichas en el Congreso desde febrero para que la reforma salga.

Nueva Ley de Glaciares: el rol clave de un grupo de gobernadores para la reforma de Milei 

La movilización de agrupaciones ambientalistas y políticas al Congreso para rechazar la ley que, según afirman, pone en peligro el abastecimiento de agua para más de 7 millones de personas, no alcanzó para desactivar el interés de los jefes provinciales en avanzar con la reforma.

En la Cámara de Diputados, los gobernadores de San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza y Jujuy manejan una docena de votos que valen mucho más al sumarse a los de otros jefes provinciales que prestan ayuda a LLA, como es el caso del tucumano Osvaldo Jaldo y el misionero Passalaqcua.

Orrego aportó el voto de los dos diputados de Producción y Trabajo. A eso se suma que el interés de San Juan en la nueva Ley de Glaciares rompe las lógicas partidarias y acercó apoyos incluso de Unión por la Patria: ocurrió en el Senado, donde Sergio Uñac se diferenció del resto del bloque y votó a favor y lo mismo ahora con los diputados Jorge Chica y Cristian Andino.

Jalil puso a los tres diputados de Elijo Catamarca a votar a favor. Por su parte, Sáenz maneja cuatro de los nueve votos del bloque Innovación Federal, donde también apoyan los misioneros, y Cornejo otros dos de los seis que integran la UCR, aunque tiene influencia sobre toda la bancada. Junto a un puñado de diputados de Provincias Unidas, el PRO y el MID, el empuje de ese grupo de gobernadores fue central para el avance de la nueva ley pese a los numerosos rechazos que cosecha.

Cuál es el interés de los gobernadores detás de la nueva Ley de Glaciares 

La administración de Milei calcula que la reforma de la Ley de Glaciares atraerá inversiones por más de u$s40.000 millones y potenciar las exportaciones. Buena parte de suma recaerá en las cinco provincias con mayor potencial minero. Por caso, en Salta el gobierno de Sáenz estima que solo por el litio podrían llegar u$s10.000 millones.

El llamado "triángulo del litio" que conforman Salta, Jujuy y Catamarca es una zona muy codiciada por empresas mineras extranjeras, principalmente de Estados Unidos y China, que necesitan de ese mineral para su carrera tecnológica. La gestión política de esos tres gobernadores en el Congreso para que avance la reforma está íntimamente ligada a ese interés.

La estrategia de Sáenz pasa centralmente por el RIGI, el esquema de beneficios fiscales para atraer capitales que la provincia ya adoptó y que cuenta con proyectos de desarrollo minero ya aprobados por más de u$s3.000 millones.

Entre Salta, Jujuy y Catamarca hay más de 1.500 cuerpos glaciares o periglaciares registrados en el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) que hoy son áreas donde está prohibida la explotación minera. Con la nueva ley, parte de esas zonas podrán ser redefinidas como formaciones "rocosas" que no cumplen una "función hídrica relevante".

Esa capacidad que tendrán las provincias de redefinir las áreas periglaciares es el aspecto central de la reforma y el motivo por el que Orrego fue uno de los principales impulsores del proyecto ante al Gobierno nacional. San Juan tiene más de 4.500 zonas consideradas glaciares o periglaciales, por lo que cuenta con una de las áreas de exclusión para la minería más grandes del país, junto a Mendoza y Santa Cruz.

El debate de Diputados

Durante la sesión, varios de los diputados de LLA se bajaron de la lista de oradores para acelerar los tiempos del debate. En ese marco, los principales defensores de la nueva Ley de Glaciares en nombre del oficialismo fueron José Peluc y Nicolás Mayoraz.

Peluc defendió en primer lugar la audiencia pública que fue muy criticada por la oposición y agrupaciones ambientalistas porque de los más de 100 mil anotados expusieron unos 400 de forma escrita, audiovisual o presencial. Pero además, el libertario sanjuanino descalificó las críticas a la reforma: "Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto", señaló.

Por su parte, Mayoraz señaló que la nueva ley "no afecta el paradigma de protección de los glaciares" sino que "viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando", y agregó: "Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel que el IANIGLA hoy no tiene".

Buena parte de la oposición criticó diversos aspectos de la reforma y advirtió, además, sobre la posible judicialización. El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que gran parte de los proyectos mineros que ya se llevan adelante "cuentan con una seguridad jurídica" por la Ley de Glaciares actual "que van a poner en riesgo con este cambio".

Por su parte, el jefe de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que "el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley", mientras que la peronista Gabriela Estévez sostuvo que el país "necesita inversiones, pero que construyan país no que saqueen".

Qué dice la nueva Ley de Glaciares

Uno de los ejes centrales del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial es la transferencia de la Nación a las provincias de la potestad para redefinir el ambiente periglacial, que constituye la zona de exclusión para la explotación minera.

Por ello varios de los diputados opositores señalaron que la reforma le quitará sentido al IANIGLA, porque la actualización del inventario de las áreas periglaciares verificación pasará a depender de cada provincia, que remitirá la información al Instituto.

La ley actual protege tanto los glaciares visibles como las geoformas mezcladas con roca que forman parte del ambiente periglacial y prohíbe que allí se desarrollen actividades industriales. La reforma apunta a que las restricciones se apliquen específicamente a las formaciones geológicas que cumplen una función hídrica relevante.

De acuerdo al texto, la protección se centraría solo en las áreas que la autoridad provincial determine que contienen recursos hídricos "estratégicos" o "relevantes", lo que en los hechos ampliaría las áreas en las que se habilitaría la actividad minera.

El argumento central del oficialismo y de los gobernadores es que si bien hay geoformas que son fáciles de identificar y que sin duda se encuentran protegidas, otras no son origen de cursos de agua indudable. En el ambiente periglacial, señalan, hay formaciones que son más de un 80% roca y que pueden o no contener agua.

En ese marco, el proyecto elimina la prohibición absoluta de realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas de ambiente periglacial, dado que las provincias tendrán la facultad de actualizar el inventario de esas áreas y permitir la explotación en lugares que hasta ahra estaban protegidos. Las prohibiciones serán reemplazadas por estudios de impacto ambiental que también estarán a cargo de cada provincia.