El Gobierno busca un triunfo antes del duelo entre Adorni y la oposición y apura la Ley Hojarasca

El gobierno de Javier Milei decidió acelerar con la llamada "Ley Hojarasca", que deroga cerca de 70 leyes y decretos por considerarlos "obsoletos", y apunta a lograr su aprobación la semana próxima en un trámite exprés en la Cámara de Diputados, con la expectativa de anotarse un triunfo parlamentario antes de la sesión en la que Manuel Adorni deberá enfrentar un interrogatorio de la oposición por el escándalo de sus viajes y su patrimonio.

La actividad del Congreso está mucho más aplacada de lo que desea el Gobierno, ansioso por correr el caso Adorni de la agenda político-mediática con una batería de proyectos cuyo avance, sin embargo, viene lento. Más allá de que se dan algunos debates, otros aparecen trabados -como la nueva ley de patentes, que quedó frenada- y toda la atención parece puesta en el informe que dará Adorni el 29 de abril.

Consciente de que esa una jornada difícil para el oficialismo, las espadas parlamentarias de La Libertad Avanza (LLA) con Martín Menem a la cabeza quieren armar una sesión para el 22 de abril cuyo tema central será el proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, según confirmaron a iProfesional fuentes al tanto de la hoja de ruta que diseña el Gobierno.

Ley Hojarasca: cómo buscará el oficialismo apurar su aprobación en Diputados

El trámite parlamentario de este proyecto que promocionó pomposamente y bautizó como "Ley Hojarasca" el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, todavía no empezó y por ello el oficialismo decidió apurarlo para poder darle media sanción la próxima semana.

La Libertad Avanza ya convocó para el martes 21, un día antes de la sesión que prevé convocar, a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para una reunión plenaria en la que buscarán firmar el dictamen de mayoría para llevar al recinto 24 horas después.

En la agenda de la reunión figuran las exposiciones que harán para defender el proyecto el secretario de Transformación del Estado, Matías Fariña, y el secretario de Desregulación y exdiputado nacional, Alejandro Cacace. Una vez que concluyan, los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, presidentes de las comisiones, pasarán el dictamen a la firma.

La iniciativa ya fue enviada al Congreso por Sturzenegger dos veces: la primera fue el 11 de octubre del 2024, pero nunca llegó a tratarse. El ministro volvió a presentarla el 26 de marzo pasado, en momentos en que el Gobierno ya tenía en marcha la estrategia de saturar la agenda con anuncios de nuevos proyectos para recuperar algo de control sobre la discusión pública y correr el escándalo de Adorni.

¿Qué normas se derogan con la Ley Hojarasca?

Sturzenegger planteó seis criterios distintos para agrupar las leyes y decretos que se busca derogar: las que han sido "superadas por normas posteriores"; las "obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo"; las que el Gobierno considera que "afectan libertades individuales"; las que permitan "desburocratización" al ser derogadas; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos y por último las que se modifican para recortar gasto público.

En el paquete de las normas a derogar porque ya fueron "superadas por normas posteriores" figura, por ejemplo, la Ley N° 94, que data de 1864, e inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona, una pena que quedó prohibida en la Constitución Nacional, por lo que el Gobierno considera "absurdo mantener" la ley.

Un caso similar se da con la Ley N° 20.400 sancionada en 1973, que prohíbe cualquier operación que busque proporcionar a un tercero o a sí mismo mano de obra de personas que no ofrezcan voluntariamente sus servicios, y que fue superada por la Ley 26.364 sobre trata de personas.

Asimismo se deroga la Ley de Padrinazgo Presidencial (20.843) que garantiza que el Presidente de la Nación sea el padrino o madrina del séptimo hijo varón o mujer de una familia, a quien además se le otorga una medalla y una beca para estudios. La "Ley Hojarasca" prevé que las personas que ya sean beneficiarias podrán optar por mantener esa asistencia.

Pero en el proyecto también hay otras normas que pueden generar algo más de discusión entre los diputados. En este primer paquete eso se da con la derogación de la Ley 16.789 que establece que los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado Nacional deberán adquirir automóviles destinados a su servicio que sean de industria nacional, lo que habilitaría la compra de vehículos importados por parte del sector público.

Organismos políticos en la mira del Gobierno y un "privilegio" difícil de defender

Entre los puntos que podrían generar mayor discusión se destaca el paquete de leyes que no se derogan pero se modifican y están relacionadas son "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".

Allí figuran solo dos normas. La primera es la Ley 24.807 por la cual se creó la Federación Argentina de Municipios (FAM). El proyecto de Sturzenegger propone sustituir un artículo para que ese organismo en el que históricamente se agruparon los intendentes -con particular relevancia de los del conurbano bonaerense- no sea financiado por las arcas del Estado Nacional.

La otra es la Ley 20.984 que estableció la creación del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. El objetivo es el mismo: eliminar el financiamiento estatal para un organismo que, en este caso, agrupa a diputados y senadores en funciones y con mandato cumplido y es sustentado por el Congreso de la Nación. La idea del oficialismo es que "los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo, con sus propios fondos".

La Ley Hojarasca incluye otras derogaciones que generarán algún momento de incomodidad en el debate, como la de la Ley 20.959 que les otorga derecho de libre circulación y libre estacionamiento a los senadores y diputados nacionales. "Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma", argumentó oportunamente la cartera de Sturzenegger.

En foco: las leyes políticamente sensibles que Milei apunta a derogar con la Ley Hojarasca

Más allá de la derogación de normas que hoy en día suenan pintorescas, como la que crea un "carnet de mochilero", o las que pueden ocasionar algún momento de asperezas en el debate, en la Ley Hojarasca hay otras derogaciones que tocan temas bastante más sensibles para la política que, por ser menos conocidos, por ahora pasan debajo del radar.

Una es la derogación de la Ley 25.750 de "Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales", que establece que el Estado nacional debe preservar especialmente el "patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural", las empresas dedicadas a la ciencia y tecnología, las industrias de relevante importancia para la defensa nacional y "el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación".

El punto central de esa ley sancionada en 2003 está en el segundo artículo, que establece que las propiedad de los medios de comunicación debe ser de empresas nacionales y que las extranjeras solo pueden participar con hasta el 30% del capital accionario. El argumento del Ejecutivo es que esta ley "restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares".

Asimismo el proyecto de LLA propone derogar la Ley 18.312 sancionada en 1969, que creó el "Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa". Se trata de la norma que dio origen a la empresa Papel Prensa donde participan el Grupo Clarín y el Estado Nacional. "Esta ley del gobierno de facto de 1966-1970 busca restringir la libertad de expresión", remarcó el Gobierno.

Los dos temas están históricamente asociados al multimedios más importante del país y no es un detalle menor que figuren en la lista de leyes a derogar que armó el gobierno de Milei, quien desde 2025 tiene fijada en X (antes Twitter) una opinión muy crítica contra el Grupo Clarín donde invoca esa misma ley de "Patrimonios Culturales". Es lo primero que se ve al ingresar a la cuenta oficial del Presidente.

En cualquier caso, lo concreto es que la tropa de Javier Milei en la Cámara de Diputados decidió acelerar con la Ley Hojarasca para tratar de mantener el ritmo de la agenda parlamentaria y anotarse un triunfo antes de la sesión en la que Manuel Adorni dará su informe y se verá obligado a responder preguntas de la oposición, con un final incierto sobre cómo saldrá parado el funcionario y, con él, el Gobierno de esa cita.