Adorni no quiso responder en su informe escrito sobre su patrimonio: " Es confidencial"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Cámara de Diputados un informe de gestión de 1936 páginas en el que respondió preguntas vinculadas a su situación patrimonial, viajes personales y causas judiciales en curso. El documento funciona como antesala de su exposición presencial en el recinto, prevista para esta jornada, en la que se espera que amplíe o ratifique los criterios adoptados en sus respuestas escritas.

El informe se caracteriza por contestaciones breves y remisiones a información clasificada como "reservada" o a expedientes en trámite en la Justicia. Este enfoque se repite en los distintos ejes abordados por legisladores de la oposición, que concentraron sus consultas en la evolución patrimonial del funcionario, la consistencia de sus declaraciones públicas y la posible existencia de conflictos de interés.

Declaración patrimonial y anexo reservado bajo la lupa

Uno de los principales focos de las preguntas estuvo puesto en la composición de los bienes del jefe de Gabinete. Diputados opositores solicitaron precisiones sobre la presunta omisión de propiedades en su última declaración jurada. Entre los activos mencionados se incluyeron un inmueble en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, y un departamento en el barrio porteño de Caballito donde reside actualmente.

En su respuesta, Adorni sostuvo que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar se encuentran incorporados en un anexo reservado de la declaración jurada. Este documento, de acuerdo con la normativa de ética pública, tiene carácter confidencial y solo puede ser consultado por autoridades judiciales. Según indicó el funcionario, la Justicia ya interviene en una causa por enriquecimiento ilícito iniciada en 2026, por lo que la información requerida estaría disponible en ese ámbito.

El anexo reservado al que aludió el jefe de Gabinete fue presentado con demoras. De acuerdo con información periodística citada en las preguntas, Bettina Angeletti adquirió una propiedad en el country Indio Cuá el 15 de noviembre de 2024. Esa incorporación patrimonial debía ser informada en el anexo correspondiente ante la Oficina Anticorrupción, lo que no habría ocurrido en los plazos previstos.

En este contexto, el informe no detalla la composición del patrimonio familiar ni el origen de los fondos utilizados para la adquisición de los inmuebles señalados. La respuesta oficial remite a la intervención judicial en curso como ámbito para la verificación de estos datos.

Viaje a Punta del Este: versiones contradictorias sobre quién pagó

Otro de los puntos analizados en el informe fue el traslado del funcionario a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de 2026, realizado en un avión privado. Las consultas apuntaron a establecer quién financió el viaje, ante versiones contradictorias surgidas en declaraciones públicas y testimonios judiciales.

Adorni había afirmado previamente que los pasajes de su familia fueron costeados con recursos propios. Sin embargo, el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el pago habría sido realizado por el empresario Marcelo Grandío.

Frente a esta divergencia, el informe evitó precisar el origen del financiamiento. La respuesta se limitó a señalar que el Estado no registra pagos vinculados a traslados personales del funcionario, al tratarse de gastos de carácter privado. Asimismo, indicó que no existen registros en la Oficina Anticorrupción de viajes financiados por terceros.

Vínculos con empresarios y posible conflicto de interés

Las preguntas también se orientaron a determinar la relación entre Adorni y el empresario Grandío, así como la eventual existencia de contratos con organismos estatales que pudieran derivar en conflictos de interés. En particular, se mencionaron posibles vínculos con Radio y Televisión Argentina (RTA).

El jefe de Gabinete negó la existencia de contrataciones entre RTA y el empresario mencionado. En su respuesta, remitió a presentaciones previas y no adjuntó documentación adicional que respalde esa afirmación.

Como parte de su argumentación, Adorni sostuvo que algunas de las consultas formuladas exceden el alcance de su función actual. Indicó que hechos vinculados a su etapa como vocero presidencial —incluidos viajes y reuniones— no corresponderían al marco del informe de gestión, que se centra en su desempeño como jefe de Gabinete.

Investigación sobre la criptomoneda $LIBRA

El informe también incluyó respuestas sobre la causa vinculada al criptoactivo $LIBRA, que investiga una presunta estafa de alcance masivo. En este punto, Adorni evitó brindar detalles y argumentó que la causa se encuentra bajo investigación judicial.

En su contestación, el funcionario señaló que la difusión de información por parte del Poder Ejecutivo podría afectar el desarrollo de la investigación y los derechos de las personas involucradas. Además, cuestionó la validez de algunas de las preguntas, al sostener que se basan en informaciones periodísticas derivadas de filtraciones parciales del expediente.

La causa involucra a actores vinculados al desarrollo y promoción del criptoactivo, entre ellos Mauricio Novelli. Adorni puso en duda la pericia realizada sobre el teléfono de Novelli y descartó la existencia de acuerdos formales entre el presidente Javier Milei y los impulsores del proyecto. Según expresó, no existen registros de contratos o instrumentos de esa naturaleza.

Denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad

Otro eje de consulta abordado en el informe fue el de las denuncias por presuntos sobreprecios y fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Legisladores solicitaron información sobre las auditorías realizadas y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

La respuesta del jefe de Gabinete siguió el mismo criterio aplicado en otros temas. Indicó que los hallazgos detectados fueron remitidos al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo del fiscal Guillermo Picardi. Según detalló, la causa se encuentra en trámite y bajo investigación judicial.

El informe no incluye precisiones adicionales sobre el contenido de las denuncias ni sobre eventuales responsabilidades administrativas o penales.

Distribución temática del informe

Desde el Gobierno se difundió un desglose de los temas abordados en las respuestas incluidas en el informe de gestión. Según esa clasificación, el 20% de las consultas se refieren a asuntos económicos, incluyendo deuda pública, relación con el Fondo Monetario Internacional, reservas, tarifas y programa macroeconómico.

La distribución completa incluye los siguientes porcentajes:

• Un 15% de las preguntas está vinculado al área de salud, con foco en medicamentos, hospitales y prestaciones
• Los temas de seguridad representan el 13% de las respuestas, abarcando narcotráfico, fuerzas federales y delitos
• Las políticas sociales concentran el 12% de las consultas, con referencias a programas de asistencia y distribución de alimentos
• Otro 12% corresponde a asuntos de Justicia, en particular a vacantes en cargos judiciales
• El 9% de las preguntas está relacionado con la seguridad social, incluyendo la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), jubilaciones y pensiones
• Los temas de Defensa representan el 8% del total, con menciones al reequipamiento de las Fuerzas Armadas y la situación de la obra social militar
• El área educativa concentra el 6% de las respuestas, con eje en presupuestos y universidades
• Finalmente, el 5% restante corresponde a temas personales y judiciales vinculados al propio jefe de Gabinete

Expectativa por la exposición en el recinto

El informe escrito establece el marco de la presentación que Adorni realizará ante la Cámara de Diputados. Legisladores de distintos bloques anticiparon que insistirán con pedidos de información sobre los puntos que, en el documento, quedaron remitidos a instancias judiciales o clasificados como reservados.

La exposición presencial permitirá evaluar si el jefe de Gabinete mantiene el criterio adoptado en el informe o si incorpora precisiones adicionales ante los requerimientos de los legisladores. El intercambio en el recinto se inscribe en el mecanismo de control parlamentario previsto para el Poder Ejecutivo, que incluye la presentación periódica de informes de gestión y la posibilidad de responder preguntas en sesión.