La Justicia anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por la contratación de seguros del Estado
La Cámara Federal de Casación Penal anuló este jueves el procesamiento de Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos estatales. El expresidente había sido acusado de supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, lo que derivó en un embargo millonario y prohibición de salida del país.
La decisión la tomó la Sala IV del tribunal. Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo votaron a favor de anular el procesamiento, mientras que el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió mantener firme la acusación contra el exmandatario.
Casación hizo lugar al recurso presentado por la defensa de Fernández y ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento sobre su situación procesal, lo que abre la puerta a una revisión completa del caso.
El expediente investiga si el Gobierno de Alberto Fernández centralizó la contratación de seguros estatales a través del Decreto 823/2021. Según la acusación original, ese esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado.
Por qué Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández
La clave del fallo estuvo en la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe. Agüero Iturbe sostuvo que no había elementos suficientes para procesar al expresidente y pidió que se revocara la imputación.
Cuando el caso llegó a Casación, el fiscal del tribunal, Raúl Pleé, cambió de rumbo y pidió confirmar el procesamiento. Sin embargo, Borinsky y Carbajo consideraron que esa opinión llegaba tarde.
Los magistrados entendieron que, al no haber impulso fiscal en la instancia anterior, la imputación no podía prosperar en Casación. "No hay juez sin acusador", argumentaron los camaristas, que remarcaron que tanto la defensa como la fiscalía original habían solicitado revocar el procesamiento.
Borinsky sostuvo que la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Fernández "sin una base acusatoria suficiente", lo que violó el principio acusatorio del sistema penal argentino, según el cual no puede haber condena sin acusación previa.
Carbajo adhirió a este criterio. El camarista consideró que el fallo anterior fue dictado "en exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación", es decir, que los jueces procesaron a Fernández aun cuando el fiscal pedía lo contrario.
El voto en disidencia de Hornos y su argumento para mantener la causa
El camarista Gustavo Hornos votó en solitario y pidió no anular el procesamiento. Su argumento fue que el fallo vigente no era una sentencia definitiva y que la defensa no había demostrado un agravio de imposible reparación.
Hornos consideró que el dictamen del fiscal Pleé, basado en la necesidad de investigar delitos de corrupción estatal, justificaba avanzar con la causa. En su argumentación, el magistrado describió el expediente como un "esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales".
Según Hornos, había indicios de comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio económico para el Estado. Por eso, entendió que correspondía dejar firme el procesamiento y continuar con la investigación hasta sus últimas consecuencias.
A pesar de la decisión de Casación, los recursos de los otros imputados fueron declarados inadmisibles por la mayoría de Carbajo y Hornos. Sin embargo, la revisión ordenada por el tribunal podría impactar en la situación procesal de todos los involucrados.
Qué investigaba la causa de seguros contra Alberto Fernández
El expediente investiga si, a partir del Decreto 823/2021, el Gobierno de Alberto Fernández centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros S.A. Esa decisión habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas.
Según la acusación original, esas intermediaciones generaron comisiones superiores a las de mercado y un posible perjuicio para el Estado. El esquema involucró contratos por miles de millones de pesos para asegurar organismos públicos.
Fernández había sido procesado por "negociaciones incompatibles con la función pública". El embargo que pesaba sobre él ascendía a $14.634.220.283,68, además de la prohibición de salida del país que le habían impuesto los jueces de primera instancia.
El expediente también involucra a otros imputados clave: Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y la empresa Bri Brokers S.A. Todos ellos continúan siendo investigados por su presunta participación en el esquema de contrataciones.
Qué sigue ahora con el caso y cómo impacta en los demás imputados
La anulación del procesamiento de Fernández no desvinculó automáticamente a los demás acusados, pero la Cámara Federal deberá "examinar el alcance que corresponda asignar a lo aquí resuelto respecto de los adherentes", según advirtió Borinsky en su voto.
El tribunal de Casación ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento sobre la situación de Alberto Fernández. Ese nuevo fallo deberá resolver si hay elementos para procesar al expresidente o si corresponde dictar su falta de mérito.
La revisión también deberá considerar las particularidades de cada imputado, su situación procesal y el grado de conexidad o identidad de agravios. En otras palabras, el efecto del fallo de Casación podría extenderse a otros acusados si la Cámara Federal considera que enfrentan las mismas inconsistencias jurídicas.
Mientras tanto, el embargo millonario y la prohibición de salida del país que pesaban sobre Alberto Fernández quedaron sin efecto con la anulación del procesamiento. El expresidente recuperó su libertad de movimiento hasta que se dicte un nuevo fallo sobre su situación en la causa de seguros.