Operaciones inmobiliarias, refacciones y viajes: Manuel Adorni acumuló gastos y deudas por u$s800.000
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio este lunes un giro clave. El contratista Matías Tabar declaró en Comodoro Py y confirmó que el jefe de Gabinete presidencial le pagó u$s245.000 en efectivo por las refacciones de su casa en el country Indio Cuá.
El detalle que complicó al funcionario: no hubo factura por ese monto. Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, respondió ante el fiscal federal Gerardo Pollicita sobre los costos de la obra y la modalidad de pago.
La fiscalía investiga cómo Adorni financió esa operación considerando que sus ingresos declarados no alcanzarían para cubrir esos gastos, especialmente cuando el pago se realizó íntegramente en efectivo sin documentación formal que respalde el origen del dinero.
Pero eso no es todo: desde que asumió como vocero de Javier Milei, Adorni acumuló compromisos que superan los u$s800.000. Su salario bruto permaneció congelado en $3,5 millones hasta enero de 2026.
Un decreto firmado por el presidente lo elevó recién en enero de 2026 a $7,1 millones. Eso representa poco menos de u$s5.000 por mes.
Los números que no cierran: deudas y gastos por más de u$s800.000
El eje central de la causa está en la contradicción entre lo que Adorni ganaba y lo que gastó. Los pagos ya realizados incluyen cifras que llaman la atención de los investigadores.
En operaciones inmobiliarias, el vocero desembolsó u$s185.000. De ese total, u$s120.000 fueron por la casa de Indio Cuá, u$s60.000 entre la seña de un departamento en Caballito y la cancelación parcial de una hipoteca previa, más u$s5.000 de ingreso al country.
A eso se suman u$s27.658 en viajes al exterior y u$s6.000 en una escapada a Bariloche. El pago de u$s245.000 al contratista completa el cuadro de gastos detectados.
Las deudas vigentes agregan presión financiera. Adorni mantiene u$s70.000 más intereses por una primera hipoteca, u$s200.000 sin intereses por una segunda, y u$s65.000 por un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario.
El total comprometido supera los u$s800.000. La Justicia busca determinar de dónde salió ese dinero.
Cómo arrancó el salto patrimonial de Adorni
El crecimiento patrimonial comenzó apenas tres meses después de asumir como vocero. En marzo de 2024, Adorni y su esposa Bettina Angeletti incorporaron al 50% una camioneta modelo 2021.
El valor de ese vehículo oscila entre u$s20.000 y u$s30.000. Fue el primer activo significativo que sumaron desde que el funcionario llegó al gobierno.
En junio de 2024, el matrimonio viajó a Bariloche con sus dos hijos. El gasto total de ese viaje fue de $9.104.769,97, según consta en documentación bancaria.
La compra de la casa en el country Indio Cuá se cerró en noviembre de 2024. La operación se concretó en u$s120.000, con un préstamo no bancario por u$s100.000 que Adorni tomó de dos mujeres policías introducidas por la escribana Adriana Nechevenko.
Los gastos para la reconstrucción de la casa en el country
Matías Tabar fue citado por el fiscal Pollicita para reconstruir cómo se financiaron las obras y confirmó que el jefe de Gabinete presidencial le pagó u$s245.000 en efectivo por las refacciones de su casa en el country Indio Cuá. La Justicia busca entender la modalidad de pago y la ausencia de documentación.
La obra arrancó con un presupuesto de u$s94.000 pero terminó costando u$s245.000. La diferencia la explican los numerosos adicionales que se fueron sumando durante la ejecución.
Tabar recordó que el acuerdo se habría cerrado el 14 de septiembre de 2024. Esa fecha se le grabó porque coincidió con una fiesta de su pueblo. "Hubo intención de firmar un presupuesto", declaró el contratista, pero finalmente ese documento nunca se concretó.
El presupuesto inicial que se manejó era de u$s128.150. Pero antes de empezar se descontaron algunos trabajos que inicialmente estaban previstos.
Los descuentos más importantes fueron la carpintería de PVC y un grupo electrógeno a gas. Con esas exclusiones, explicó Tabar, "el presupuesto de base quedó en aproximadamente u$s85.050".
A ese monto se le agregó la remodelación de la pileta por unos u$s9.000, y la parrilla sumó u$s6.500. Así, el presupuesto inicial que se aceptó habría rondado los u$s94.000.
Qué trabajos incluyó la remodelación de la casa de Adorni
Los trabajos inicialmente pactados comprendían la remodelación de la entrada y pérgola/garage. También la construcción o modificación de la galería. El listado incluía pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato. Además, revestimiento exterior tipo tarquini o similar.
Se acordó cambio de puerta de entrada, revestimiento y mejoras en escalera, reforma de parrilla. Y la remodelación de la pileta. El detalle de los trabajos es más amplio de lo que parece. Se incluyó la cocina, especialmente mesadas, isla y desayunador. También ajustes de iluminación, una cascada y otras mejoras generales.
La colocación de una isla en la cocina tuvo un costo de u$s4.900, mientras que el rubro de aires acondicionados —incluyendo equipos, instalación y ventiladores— sumó casi u$s4.000 adicionales. También se registran gastos en bachas, dosificadores y mármoles.
"También se modificó la pileta, que fue rellenada o reformulada para hacerla menos profunda", se detalló en sede judicial. El revestimiento fue de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.
Cómo empezaron los pagos en efectivo y sin comprobantes
La obra habría comenzado en octubre de 2024. Adorni y su esposa "se habrían mudado a la casa en julio de 2025", según el testimonio.
El contratista afirmó ante la fiscalía que el primer pago fue de u$s35.000 y que se hizo en efectivo. El dinero fue "entregado personalmente por Manuel Adorni en la casa".
Tabar sostuvo que todos los pagos posteriores también fueron realizados en efectivo y en dólares, "generalmente entregados por Manuel Adorni, sin recibos, facturas ni comprobantes".
Según la declaración, con el avance de la obra comenzaron a incorporarse numerosos trabajos adicionales. Esos extras terminaron duplicando el costo inicial.
Los adicionales que dispararon el costo de la obra
Entre los trabajos adicionales, el contratista mencionó especialmente la carpintería. Indicó que se hicieron numerosos muebles a medida.
El listado incluye racks de TV, muebles de baños, mesas de luz, mobiliario general. También muebles de living, comedor y otros elementos.
Tabar señaló tres pedidos de carpintería que sumaron montos importantes. Uno del 14 de diciembre por u$s8.000, otro del 20 de diciembre por u$s6.400.
El más grande llegó el 3 de abril de 2025: u$s19.000 en carpintería adicional. Solo esos tres pedidos sumaron u$s33.400.
También mencionó otros extras que se fueron agregando. La lista incluye microcemento, canillas, bomba de calor para la pileta, barandas.
Además zinguería, electricidad, bachas, aires acondicionados, parquización. También aberturas, luminarias, parrilla, frentes de parrilla y otros rubros.
Fue allí que Tabar estimó el costo total. Incluyendo el presupuesto original, los adicionales, los trabajos de carpintería, materiales y subcontrataciones, la cifra final ascendió a unos u$s245.000.
Pero también señaló que al finalizar la obra quedaban pendientes aproximadamente u$s20.000. Ese saldo le habría sido abonado cuando terminó el trabajo, siempre en las mismas condiciones: efectivo, en dólares y sin emisión de recibos.
Las hipotecas privadas bajo la lupa judicial
La compra en Indio Cuá se concretó con un préstamo privado de u$s100.000. Ese crédito fue gestionado por la escribana que intervino en la escritura.
La tasa de interés pactada es del 11% anual, una cifra que supera las tasas de créditos hipotecarios tradicionales y que genera interrogantes sobre por qué se eligió esta modalidad de financiamiento en lugar de opciones bancarias convencionales.
Según consta en la causa, hasta el momento se devolvieron u$s30.000. El vencimiento está previsto para noviembre de este año.
Esta modalidad de financiamiento privado se repite en otras operaciones de Adorni. La fiscalía analiza si se utilizó sistemáticamente para eludir controles.
Los funcionarios públicos tienen obligaciones de transparencia patrimonial. Deben declarar sus bienes, ingresos y deudas ante la Oficina Anticorrupción.
Los préstamos privados no bancarios generan alertas porque pueden usarse para ocultar el origen de fondos. La Justicia verifica si Adorni cumplió con esas obligaciones.
Alquiler y obra en paralelo: otra inconsistencia investigada
Otro elemento bajo análisis es la simultaneidad de operaciones. Mientras Adorni alquilaba una vivienda en el mismo country Indio Cuá, habría llevado adelante la reconstrucción de una casa propia en el lote 380.
La Justicia quiere saber cómo se financiaron las obras mientras se pagaba un alquiler. También se investiga quién abonaba las expensas y el costo de ingreso al country, estimado en u$s5.000.
Se solicitaron detalles sobre todos los gastos asociados al mantenimiento de la propiedad. Incluyen servicios, seguridad privada y cuotas mensuales del barrio cerrado.
Las expensas en countries de ese nivel suelen oscilar entre $500.000 y $1.000.000 por mes. Sumado al alquiler, representan una carga financiera considerable.
La fiscalía analiza además si hubo pagos en efectivo por otros conceptos. El expediente busca determinar si existió un patrón de operaciones sin documentación formal.
Qué sigue en la investigación judicial
La causa avanza en Comodoro Py. En las próximas semanas se esperan nuevas declaraciones y la incorporación de documentación financiera.
La Justicia debe determinar si Adorni cumplió con las normas de control patrimonial que rigen para los funcionarios públicos, especialmente en lo que refiere a la declaración jurada de bienes y la justificación del origen de fondos utilizados en operaciones de alto valor.
La fiscalía busca además establecer si hubo maniobras para eludir controles fiscales. El uso sistemático de efectivo sin factura es un indicio que se investiga.
Adorni habría declarado ingresos mensuales de $3.500.000 hasta el año pasado. Esa cifra luego subió a $7.000.000, pero los gastos detectados superarían ampliamente esos montos.
El caso pone bajo escrutinio las obligaciones de transparencia de los funcionarios del gobierno de Javier Milei. La Justicia evaluará si hubo incumplimientos en la normativa anticorrupción.