El Senado suspendió el acuerdo con los fondos buitre por un cambio inesperado: qué implica para Milei

En un giro sorpresivo, el oficialismo se vio obligado en el Senado a dar marcha atrás y dejar en suspenso la votación del proyecto que avala el acuerdo con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value, los últimos "holdouts" o "fondos buitre", por un cambio de último momento informado por el Gobierno que incomodó a los bloques aliados.

La iniciativa apunta a cerrar definitivamente el capítulo judicial que se abrió con el default de 2001 y figuraba en el temario de la sesión que se realiza este miércoles para tratar, además, el ingreso de pliegos judiciales, la continuidad del juez Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- en la Cámara de Casación Penal, varios convenios internacionales y la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas.

Sin embargo, al inicio de la sesión el senador oficialista Agustín Monteverde solicitó que el proyecto volviera a comisión. El motivo que brindó fue el envío por parte del Ministerio de Economía de una adenda al acuerdo que firmó el gobierno de Javier Milei con esos fondos que no ingresaron en los acuerdos con bonistas que se realizaron en 2005, 2010 y en 2016, por el pago de u$s171 millones.

El proyecto quedó así afuera del temario. Fuentes del oficialismo señalaron a iProfesional que fue "un pedido de los aliados, ni siquiera del kirchnerismo", tras una reunión que mantuvieron una hora antes de la sesión. Lo que ocurrió fue que el ministerio que encabeza Luis "Toto" Caputo envió el agregado con varios cambios en el proyecto sin aviso ni aclaración previa, poco antes del horario para el que fue convocada la sesión.

Acuerdo con los "fondos buitre": por qué se postergó su votación y qué implica para Milei

Si bien no trascendieron detalles de las modificaciones, entre los bloques aliados y especialmente en la UCR -el más numeroso- hubo quejas puertas adentro por la "desprolijidad" del Gobierno. "Fue todo a último minuto y los cambios ameritaban que se siga discutiendo el tema", comentaron a este medio en un despacho radical.

Con los bloques aliados en esa postura, a la bancada oficialista que encabeza Patricia Bullrich no le quedó más que aceptar el regreso a comisión, dado que no tendría los votos para aprobarlo. Ahora el tiempo apremia al Gobierno porque el acuerdo debe pasar por las dos cámaras del Congreso y el compromiso asumido con los "holdouts" es que quede aprobado antes del 31 de mayo.

Minutos antes de la sesión, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, señaló que "la semana próxima se va a volver a tratar en comisión" y aseguró que, como el tema ya había tenido dictamen favorable, "están los números suficientes" para aprobarlo próximamente.

Si bien el tema no llegó a destacarse en la agenda de noticias políticas hasta ahora, es importante para el gobierno Milei y para la estrategia económica de Caputo porque el acuerdo implica el fin de las demandas de embargo sobre activos argentinos y un compromiso por parte de esos fondos de inversión de no obstaculizar ninguna otra operación de deuda que realice la Argentina.

Ahora, esto depende de que el oficialismo logre aprobar el proyecto primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados antes del último día de mayo. En La Libertad Avanza confían en que tendrán los votos para ello porque los aliados ya mostraron su apoyo para resolver el largo conflicto judicial, pero su mayor enemigo es el tiempo.

Cuánto pagará Argentina a los "holdouts" si se aprueba el acuerdo

En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica "una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes" y permitirá "cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York".

El acuerdo firmado el 1 de abril y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, establece que Argentina pagará a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP otros u$s104 millones, según el proyecto que tiene en tratamiento el Senado.

Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Es decir que primero se paga, se canjean los bonos y se cancela el litigio.

Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.

Pero estos fondos no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país.

Qué activos argentinos estaban en riesgo y cómo los protege el acuerdo

En ese sentido, la negociación permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

Esto quedó en pausa mientras se espera que el Congreso argentino apruebe el acuerdo, donde se establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones.

Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.

La aprobación del Congreso para el acuerdo con los "fondos buitre" es clave porque le otorga mayor solidez política y reduce el margen de impugnaciones. Sin embargo, esta parte que falta para que el gobierno de Javier Milei termine de cerrar el capítulo del default que le siguió a la crisis de 2001 deberá esperar un poco más y el factor tiempo ahora mete presión.