Milei acelera la eliminación de 59 leyes que considera obsoletas y el Senado define su suerte este miércoles
El Senado buscará este miércoles emitir dictamen sobre el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone eliminar decenas de leyes, artículos y decretos considerados obsoletos, en desuso o incompatibles con el actual marco normativo. El oficialismo aspira a obtener el despacho de comisión sin modificaciones para llevar el proyecto al recinto y convertirlo en ley antes de fin de mes.
El debate se realizará desde las 15 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. La intención de La Libertad Avanza es evitar cambios en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, ya que cualquier modificación obligaría a que la iniciativa vuelva a la Cámara baja para una nueva revisión.
Una reforma para eliminar normas consideradas obsoletas
La denominada Ley Hojarasca fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. El proyecto sostiene que existen normas que perdieron vigencia por el paso del tiempo, fueron reemplazadas por legislación posterior, responden a organismos que ya no existen o generan cargas burocráticas innecesarias.
La versión aprobada por Diputados contempla la derogación de 59 leyes completas, la eliminación de artículos de otras normas y la suspensión de dos decretos. El proyecto original incluía 63 leyes, pero durante el tratamiento parlamentario se retiraron algunas disposiciones tras negociaciones con distintos bloques.
Según el Gobierno, las derogaciones responden a seis criterios principales: eliminar restricciones a las libertades individuales, reducir trámites burocráticos, suprimir normas superadas por legislación posterior, dejar sin efecto regulaciones tecnológicamente obsoletas, eliminar referencias a organismos desaparecidos y revisar estructuras financiadas con recursos públicos que, a criterio del Ejecutivo, deberían sostenerse por sus propios medios.
Las leyes que busca eliminar
Entre las normas incluidas figuran varias que fueron sancionadas durante gobiernos militares y otras aprobadas durante administraciones constitucionales del siglo XX.
Una de las más mencionadas es la Ley 20.120, sancionada durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, que obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a informar previamente a la autoridad policial y habilita el ingreso de la fuerza de seguridad al lugar.
También se propone derogar la Ley 20.983, de 1975, que obliga a las emisoras de radio y televisión a destinar al menos 60 minutos diarios a la difusión de contenidos vinculados con el turismo nacional.
El listado también incluye:
- La Ley 14.034 (1951), que establece sanciones para quienes promuevan sanciones internacionales contra el Estado argentino
- La Ley 18.312 (1969), vinculada al control estatal sobre la producción de papel para diarios
- La Ley 19.787 (1972), que declara de interés nacional la difusión de determinados géneros de música argentina
- La Ley 20.843 (1974), conocida como la "Ley del Padrinazgo Presidencial", mediante la cual el Presidente puede apadrinar al séptimo hijo o hija de una familia
- La Ley 21.056 (1975), que obliga a las empresas de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional sobre turismo
- La Ley 22.426 (1981), que exige autorización estatal para contratos de transferencia de tecnología y marcas
- La Ley 22.963 (1983), que regula distintos aspectos vinculados con la elaboración y utilización de cartografía oficial
- La Ley 24.127 (1992), que creó el Premio Nacional a la Calidad para el sector público y privado
- La Ley 25.750 (2003), que establece límites a la participación extranjera en empresas propietarias de medios de comunicación
- La Ley 26.688 (2011), que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos
- La Ley 27.171 (2015), que regula el registro nacional de las palomas mensajeras de carrera
También permanecen dentro del proyecto otras normas que el Ejecutivo considera desactualizadas, como la ley que autoriza las transmisiones de televisión en color, otra que promovía la microfilmación de documentos oficiales y otra que declaraba de interés nacional la explotación del carbón mineral.
Cambios introducidos durante el tratamiento en Diputados
El texto que llegó al Senado ya incorpora modificaciones respecto del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
Durante el debate en la Cámara de Diputados se decidió excluir de las derogaciones la Ley 20.959, que otorga credenciales de libre circulación y estacionamiento para legisladores nacionales, y también se mantuvo vigente la Ley 11.380, que contempla beneficios crediticios para cooperativas a través del Banco Nación.
Asimismo, el oficialismo desistió de modificar la Ley 20.984, que regula el funcionamiento del Círculo de Legisladores de la Nación, luego de que no prosperara la propuesta para eliminar su financiamiento estatal.
En el caso de la Federación Argentina de Municipios, el proyecto fue reformulado. En lugar de eliminar el financiamiento previsto originalmente, el texto establece que la entidad no podrá recibir recursos exclusivamente del Estado nacional ni de organismos donde éste tenga participación.
Los puntos que generan mayor debate
Aunque el proyecto obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos y 96 negativos, algunos artículos continúan generando diferencias entre oficialismo y oposición.
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y materias primas farmacéuticas. Legisladores de distintos bloques consideran que su eliminación podría afectar el marco normativo que respalda la producción pública de medicamentos.
También existen reparos sobre la eliminación de normas vinculadas con políticas culturales, medios de comunicación y organismos públicos, aunque el oficialismo sostiene que muchas de ellas ya fueron reemplazadas por legislación posterior o carecen de aplicación práctica.
El objetivo del oficialismo
La Libertad Avanza intentará conseguir este miércoles el dictamen sin modificaciones para acelerar el tratamiento en el recinto. Si el Senado aprueba el texto tal como llegó desde Diputados, la Ley Hojarasca quedará sancionada. En cambio, cualquier cambio obligará a que el proyecto regrese a la Cámara baja para una nueva votación, lo que podría demorar su aprobación definitiva.
Para el Gobierno, la iniciativa forma parte de la estrategia de desregulación del Estado y de revisión del marco normativo vigente, con el objetivo de eliminar leyes que considera superadas por la evolución institucional, tecnológica o económica del país.