LLA destraba su agenda en Diputados tras salvar a Adorni: avanza con Súper RIGI y pago a holdouts

La maniobra de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que demoró la interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le permitió al gobierno de Javier Milei destrabar su agenda legislativa y sesionar este miércoles para aprobar el proyecto que establece el "Súper RIGI", con el que espera atraer dólares frescos en inversiones innovadoras, y el aval al acuerdo con los último holdouts o "fondos buitre".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fijó la sesión para este miércoles a las 12:00. El llamado oficial se produjo luego de cerrar el acuerdo con el PRO, la UCR y bloques provinciales que le permitió dejar sin quórum la convocatoria al recinto hecha por la oposición para el martes, donde buscarían emplazar a las comisiones para dictaminar sobre los seis proyectos de interpelación y moción de censura contra Adorni.

La jugada consistió en que el propio oficialismo convocara a las comisiones para empezar a analizar la semana próxima los expedientes contra Adorni, de tal modo que el PRO y la UCR tuvieran la excusa para no apoyar la avanzada opositora, y funcionó: la oposición solo consiguió 117 presencias, por lo que no alcanzó los 129 para el quórum.

Así, el oficialismo despejó el conflicto por el caso Adorni al menos por esta semana y se allanó el camino para el tratamiento de dos proyectos clave para el Gobierno que, según afirman en LLA, ya tienen los votos suficientes para ser aprobados. El Súper RIGI pasará al Senado y el acuerdo con los holdouts se convertirá en ley, si todo sale como esperan.

¿Cómo logró el oficialismo juntar los votos en Diputados para avanzar con el Súper RIGI?

La sesión de este miércoles no estará exenta de conflicto. Los diputados de Unión por la Patria, Coalición Cívica y los díscolos de Provincias Unidas aprovecharán el inicio del debate para criticar una vez más contra la continuidad de Adorni en el Gobierno y, sobre todo, para cuestionar a los bloques que ayudaron a frenar la avanzada.

Fuentes del oficialismo y de uno de esos bloques aliados señalaron a iProfesional que esa situación estirará los tiempos de la sesión pero que no pondrá en riesgo el tratamiento del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI.

Se trata de una versión potenciada del anterior sistema de beneficios impositivos que se sancionó como parte de la Ley Bases, solo que en este caso apunta a proyectos de inversión por más de u$s1.000 millones en industrias que hoy no existen en el país, vinculados principalmente a la tecnología y la IA.

Para conseguir el dictamen y llevarlo al recinto de Diputados, el oficialismo tuvo que aceptar modificaciones al proyecto, como adelantó iProfesional. Entre las principales, está la incorporación de una cláusula de "compre nacional" que obliga a las empresas a destinar como mínimo un 20% de sus adquisiciones a proveedores nacionales.

Otra de las modificaciones fue las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) computen por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversion exigido para gozar de la rebaja del Impuesto a las Ganancias al 15% que fija el proyecto para las empresas que ingresen al Súper RIGI.

Estas modificaciones le permitieron a LLA alcanzar el dictamen de mayoría en las comisiones la semana pasada y asegurarse el apoyo del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas para la votación, donde confían en que obtendrán entre 130 y 140 votos o más, por lo que la media sanción estaría asegurada.

¿Qué cambia con el Súper RIGI, respecto de su versión original?

En el primer debate de las comisiones el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, destacó que el primer RIGI, sancionado dentro de la Ley Bases en 2024, ya acumula "entre 50 y 60 proyectos" con un total de inversiones que podría llegar hasta los u$s138.000 millones, que "se han generado 179.000 empleos" y que tiene "un potencial exportador de u$s41.000 millones por año y todos son en el área de recursos naturales".

En efecto, las inversiones del RIGI original se centran principalmente en energía y minería. En tanto, el Súper RIGI se enfoca exclusivamente en nuevas industrias vinculadas a la inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura tecnológica, tales como data centers, producción de paneles solares, turbinas eólicas y baterías de litio, entre otros.

El nuevo régimen tendrá una vigencia de cinco años una vez aprobado por el Congreso y las provincias y municipios deberán adherir expresamente para que los beneficios tengan alcance pleno. Para las empresas que ingresen al Súper RIGI el Impuesto a Ganancias baja del 25% al 15%, es decir, una reducción de la alícuota de 10 puntos respecto del esquema que contempla el Régimen de Inversiones vigente.

El mecanismo de amortización se vuelve más agresivo: 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero. El proyecto suma deducción ilimitada de quebrantos y posibilidad de transferirlos a terceros luego de cinco años. En cuanto al IVA, el régimen mantiene el sistema de Certificados de Crédito Fiscal para inversiones pero agrega la opción de transferir remanentes si la devolución demora más de tres meses.

Además, los bienes, equipos e insumos vinculados a los proyectos no pagarán derechos de importación y exportación. El régimen habilita también una liberación progresiva de los dólares obtenidos por exportaciones. Las empresas podrán disponer del 20% durante el primer año, del 40% en el segundo y del 100% desde el tercero en adelante.

Otro elemento distintivo de la nueva versión del RIGI es que el umbral mínimo de inversión por proyecto para acceder a esos beneficios fiscales es de u$s1.000 millones. Las empresas deberán comprometer al menos 20% de ese monto en los primeros dos años desde la adhesión. Quedan excluidas las modernizaciones o ampliaciones de plantas ya existentes.

¿De qué se trata el proyecto de pago a los holdouts que LLA aprobará en Diputados?

Para el gobierno de Milei el avance del Súper RIGI es central, no solo por su potencial para generar los dólares siempre necesarios para la economía nacional sino también por el interés del Presidente de poner al país en el centro de la industria relacionada con la IA.

No obstante, también considera de extrema importancia el proyecto que avala el pago de u$s171 millones a Bainbridge Ltd y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, por los bonos defaulteados tras la crisis de 2001. El Senado lo aprobó el 4 de junio y solo resta la luz verde de la Cámara de Diputados.

La importancia de este tema es tal que figura antes que el régimen de inversiones en el orden del día para la sesión. El motivo es que el tratamiento de la iniciativa tuvo varias postergaciones y si no se aprueba antes del 30 de junio el acuerdo se caerá.

El proyecto avala el acuerdo firmado el 1 de abril pasado y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, por el que Argentina se compromete a pagar a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo Attestor otros u$s104 millones.

En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica "una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes" y permitirá "cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York".

¿Por qué la ley es clave para Milei y Luis Caputo?

Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.

Sin embargo, el grupo Attestor y Bainbridge Ltd. no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país. Milei busca colgarse la medalla de haber resuelto definitivamente el tema.

El tema es clave para Milei y para el ministro de Economía, Luis Caputo, porque la negociación con esos dos fondos permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas. Esto quedó en pausa mientras se espera que el Congreso argentino apruebe el acuerdo.

Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.

El tema lleva implícito, además, un valor político para Milei, que podrá colgarse la medalla de haber terminado con un conflicto que lleva 25 años y que, además, dará una señal favorable para la Argentina en el mercado financiero. Siempre y cuando la iniciativa

Por eso, para el oficialismo era central despejar la pelea por la interpelación contra Manuel Adorni en la Cámara de Diputados al menos por esta semana. Cumplido ese objetivo, a La Libertad Avanza se le allanó el camino para ir por la aprobación del Súper RIGI y la demorada ley que avala el pago a los holouts.