El Senado trata el proyecto de "propiedad privada" con tensión por el capítulo de venta de tierras a extranjeros

Tras más de un mes de negociaciones, el Senado tratará finalmente este jueves el proyecto del gobierno de Javier Milei sobre "inviolabilidad de la propiedad privada", con la lupa puesta sobre el capítulo que elimina el límite para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El oficialismo confía en aprobarlo, pero está ajustado de votos y distintos sectores presionan por su caída.

La sesión fue convocada la semana pasada para este jueves a las 12:00 y además de la iniciativa sobre propiedad privada se tratarán 29 pliegos de pliegos judiciales, entre ellos la prórroga más allá de la edad jubilatoria para el juez del fuero laboral Víctor Pesino, quien anuló la cautelar que había suspendido más de 80 artículos de la reforma laboral. También un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año.

Pero el plato fuerte será el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que si se aprueba pasará a la Cámara de Diputados. El texto introduce cambios en desalojos, expropiaciones, uso de tierras afectadas por incendios y en los requisitos para que los extranjeros puedan adquirir grandes extensiones de tierras rurales en el país. Este capítulo se convirtió en el eje central de la discusión.

El quórum para abrir la sesión en principio está asegurado, según afirmaron a iProfesional fuentes del oficialismo y de la oposición. El Gobierno apeló una vez más al apoyo de los gobernadores dialoguistas. Así, la tucumana Beatriz Ávila (Independencia) viaja para la sesión por pedido de Osvaldo Jaldo y lo mismo la neuquina Julieta Corroza, que responde a Rolando Figueroa.

Los tres senadores de Convicción Federal -desprendimiento del peronismo/kirchnerismo- también darían el presente, a pesar de que por ahora no están a favor del capítulo que elimina el límite del 15% del territorio nacional para la venta de tierras, según deslizaron a este medio. La mayor dificultad para la bancada oficialista que encabeza Patricia Bullrich está en ese tema.

¿Por qué la tensión del debate del Senado se concentra sobre la venta de tierras a extranjeros?

Bullrich tuvo que negociar con los bloques provinciales, la UCR y el PRO hasta el extremo de que circularon 13 borradores distintos sobre ese capítulo, incluso después de haberse firmado el dictamen de comisiones. Entre otros cambios, el Gobierno aceptó mantener algunas prohibiciones y compartir con las provincias el poder de autorizar la venta para quedarse con lo que más le interesa, que es suprimir el límite que rige actualmente.

Sin embargo, esto no alcanzó para blindar por completo ese capítulo. "Los oficialistas insisten en que tienen número, finito, pero que lo tienen. Habrá que creerles", señalaron a iProfesional con cierto escepticismo en un despacho opositor de la Cámara alta. En efecto, fuentes oficialistas consultada por este medio se mostraron confiadas en lograr la aprobación con "ayuda de los federales", en alusión a los bloques alineados con gobernadores, pero reconocieron que el resultado puede ser ajustado.

En otra oficina del Senado, donde dialogan permanentemente con referentes del oficialismo, deslizaron a este medio que "aparentemente la sesión se mantiene viva por los pliegos de jueces, por una cuestión de plazos", en referencia al que corre para Pesino porque cumple los 75 años (edad jubilatoria) el 27 de julio.

En ese marco, nadie descarta que el oficialismo siga negociando hasta el final para poder aprobar ese capítulo -se requiere solo la mitad más uno de los presentes- y que pueda haber más modificaciones. Y es que el riesgo de las votaciones ajustadas siempre está en el momento en que los senadores deben votar cada capítulo del proyecto de ley, donde pueden perder partes enteras del texto. A La Libertad Avanza ya le ocurrió esto en otras oportunidades.

La presión externa no ayuda al oficialismo. En los últimos días diversos sectores, desde la CGT y la Iglesia hasta la Coalición Cívica de Elisa Carrió salieron a pedir que se rechace la flexibilización para la venta de tierras a personas y empresas extranjeras, con críticas que en todos los casos apuntaron a los grandes empresarios tecnológicos y su interés en tierras y recursos estratégicos del país.

En particular dirigen sus sospechas al vínculo entre Milei y Peter Thiel, el magnate de la industria de los datos y la IA aplicada a la defensa y la seguridad que se instaló hace más de un mes en Argentina. La oposición cree que este sector al que pertenece Thiel es el más interesado en esta reforma de la Ley de Tierras y otras iniciativas que el Gobierno tiene en carpeta.

¿Qué cambios aceptó el Gobierno para avanzar con el proyecto en el Senado?

El objetivo central de Milei y Sturzenegger es la eliminación del límite legal para que las personas físicas o jurídicas de otro país puedan adquirir tierras rurales, que actualmente es el 15% del territorio nacional (o de una misma provincia o departamento) por lo establecido en la Ley de Tierras Rurales fijada por el kirchnerismo en 2011.

Hasta el momento, en la negociación con los bloques y gobernadores el oficialismo logró mantener este punto pero tuvo que ceder en otros. En primer lugar aceptó que la regulación y las restricciones finales para esas operaciones sean potestad de los gobiernos provinciales. También se acordó mantener "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros".

No obstante, según el borrador número 13 del proyecto al que accedió iProfesional, las empresas que tengan participación de un Estado extranjero sí podrán adquirir tierras rurales cuando exista una "autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional".

De esta forma, el gobernador y la Casa Rosada tendrán que estar de acuerdo con la venta cuando el interesado sea una compañía donde participe un Estado extranjero. La misma condición se acordó para la adquisición de tierras en "zonas de seguridad de frontera".

El detalle técnico que se incluyó para la autorización de venta de tierras a extranjeros

El último borrador, con el que el oficialismo confía en tener acuerdo suficiente para aprobar el proyecto, incluye un detalle: en todos los casos la autorización de la provincia y del Gobierno nacional se regirá por el "silencio administrativo". Esto implica que, si no hubiera respuesta del Estado al permiso para comprar tierras, quedaría aceptado automáticamente.

Ocurre que a partir de la Ley Bases impulsada por Milei en 2024, la legislación argentina interpreta el silencio administrativo en sentido positivo, a la inversa de lo que ocurría antes, cuando la falta de respuesta por parte de la administración se tomaba tácitamente como un rechazo.

El capítulo sobre las tierras rurales en el proyecto sobre "propiedad privada", según el borrador con los últimos cambios acordados, establece que la autorización "se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho".

Según ese artículo, el plazo sería de 60 días. A pesar de que el proyecto siguió teniendo modificaciones después de la firma del dictamen, el consenso al que arribó Bullrich con los bloques aliados es formalizar los cambios directamente en el recinto el día de la sesión. Por ello también no se descarta que se acuerden otras modificaciones durante las horas previas a la votación.

El otro punto clave del proyecto sobre propiedad privada: ¿cómo serán los desalojos exprés?

Por otro lado, el proyecto introduce cambios importantes en otros aspectos relacionados con la "propiedad privada", como los procesos judiciales de restitución de inmuebles. Allí dispone que la acción de desalojo "se sustanciará por el procedimiento establecido" por el Código Procesal Civil y Comercial "para el juicio sumarísimo", lo que acelera mucho el trámite.

Con la idea de promover un "desalojo exprés", la iniciativa del Gobierno señala que cuando la acción de desalojo sea contra "tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible" el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble "en cualquier estado del juicio" después de iniciado el litigio.

En tanto, cuando sea a causa de "cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar el reconocimiento dentro de las primeras 72 horas, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes, según indica el dictamen.

Una de las principales modificaciones que aceptó el oficialismo en este tema durante el debate en las comisiones fue clarificar una distinción entre inquilinos y "okupas", dado que el proyecto original contemplaba el desalojo "exprés" también para los casos de falta de pago por parte de un ocupante legal en el marco de un contrato de alquiler.

La oposición criticó esta falta de distinción, especialmente en un momento de dificultades económicas para muchas familias que alquilan. El oficialismo aceptó hacer una diferenciación y que, en los casos donde el destino del inmueble sea habitacional y hubiera falta de pago, se otorgue un plazo de 10 días corridos desde la intimación formal al inquilino para que se pueda proceder con la demanda de desalojo.

Una vez cumplido ese plazo, si el locatario aún no devolvió el inmueble, "el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley", según establece el artículo 23 del proyecto. El proyecto también le da validez a las notificaciones electrónicas, lo que permite que el trámite de desalojo continúe aun cuando el inquilino se niegue a recibir la notificación física.

Además, el proyecto indica que en los procesos sumarísimos de desalojo el juez deberá observar si hay menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo y dar un plazo de 10 días para asegurar "una alternativa habitacional", con intervención del fiscal y los organismos pertinentes.

¿Qué cambia en materia de expropiaciones con el proyecto?

En la negociación con los bloques, el oficialismo también aceptó retirar todos los artículos que habilitaban el desalojo directo sobre asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

La iniciativa también modifica el régimen de expropiaciones, con el fin de que la declaración de utilidad pública de un bien sea "de interpretación restrictiva", que especifique de manera concreta "el fin perseguido" y que la expropiación del bien se pruebe "idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo". El objetivo del Gobierno es dar mayor seguridad a grandes empresas e inversores.

Otra de las modificaciones que se acordaron en el Senado fue la limitación del cálculo del lucro cesante en las expropiaciones por parte del Estado, al señalar que "la indemnización por lucro cesante en ningún caso podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente". Este fue un planteo de la oposición para juicios millonarios que afecten las arcas públicas.

El texto establece que el valor del bien expropiado deberá determinarse a la fecha inmediatamente anterior a "cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación" y, en ese aspecto, se agregó que el monto será actualizado conforme al IPC "con más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago".

El Gobierno confía en llevarse del Senado la media sanción para el proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" sin perder el capítulo que elimina el límite para la venta de tierras rurales a extranjeros. El tema recién se trataría en Diputados en agosto, pero para el oficialismo sería un triunfo importante tras la parálisis que había generado el "Adornigate".