Senado: Bullrich buscará acuerdo para la nueva ley de tierras mientras el Gobierno negocia la reforma electoral
Puntos importantes
El proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", cuyo eje central es el polémico capítulo que habilita la venta de tierras a extranjeros, está trabado hace más de un mes en el Senado y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, apunta a cerrar esta semana el acuerdo definitivo para aprobarlo la próxima, con la idea de mostrar un avance en la agenda del Gobierno mientras buscan los votos para el objetivo mayor: la reforma electoral.
El gobierno de Javier Milei aprovechará esta semana corta para reorganizar la estrategia de cara a la segunda mitad del año y el objetivo de lograr la reelección. Por eso Karina Milei convocó a la "mesa política" por primera vez tras la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete para el miércoles a las 17:00. El encuentro iba a darse el martes, pero se reprogramó por el partido de la Selección.
Bullrich tiene un asiento en esa mesa, ahora ampliada con el flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, pero su relación con Karina Milei no pasa por el mejor momento. En ese contexto, la senadora quiere llegar con algo firme a la reunión y confía en que sea un acuerdo con los bloques dialoguistas para aprobar el proyecto sobre "propiedad privada" el 16 de julio.
Horas antes de asistir a la Casa Rosada, el mismo miércoles pero al mediodía, la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) tendrá reunión de Labor Parlamentaria con los referentes de las otras bancadas y allí buscará tener consenso para sesionar el 16 de julio, al filo del receso parlamentario de invierno, con ese proyecto como plato fuerte de la sesión, junto a la Ley Hojarasca y una nueva tanda de pliegos judiciales.
¿Cómo intenta Patricia Bullrich destrabar el proyecto que libera la venta de tierras a extranjeros?
Bullrich quería sesionar esta misma semana pero la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, le aguó el plan al convocar a Labor Parlamentaria recién para este miércoles a las 12:00, lo que obligó a pasar el llamado a una eventual sesión para el jueves 16, según confirmaron a iProfesional en el oficialismo.
El temario incluirá la Ley Hojarasca impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger que deroga casi 60 leyes, decretos y normativas considerados "obsoletos" y una treintena de pliegos judiciales, pero el tema central es el proyecto sobre propiedad privada que introduce cambios sensibles en desalojos, expropiaciones y venta de tierras a extranjeros.
La iniciativa -que también empujó Sturzenegger- entró al Senado a fines de marzo y tuvo dictamen de comisiones en mayo, pero nunca llegó al recinto. El punto de conflicto es el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales y borra el límite para la compra de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, que hoy es el 15% del territorio nacional (o de una misma provincia o departamento).
Para alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas Bullrich aceptó hacer cambios, entre ellos que la regulación y las restricciones finales sean potestad de los gobiernos provinciales, pero no alcanzó. La traba principal pasó a ser quién autorizaría la venta de tierras cuando el interesado fuera un Estado o empresa con participación estatal, o cuando se tratara de zonas de frontera y regiones ricas en minerales raros, codiciados por las potencias y los gigantes tecnológicos.
La negociación se trabó a tal punto que desde fines de mayo el oficialismo les mostró a los aliados 13 borradores distintos para ese capítulo. El último, según confiaron fuentes parlamentarias a iProfesional, establecería que cuando se trate de una empresa con capitales estatales extranjeros o tierras en zonas de frontera se requerirá una solicitud expresa de la provincia y autorización del Poder Ejecutivo Nacional.
En dos despachos libertarios señalaron a este medio que esas últimas modificaciones ya les aseguran un consenso suficiente como par aprobar el proyecto. Sin embargo, en la oposición dialoguista hay versiones encontradas que ponen esto en duda. Por caso, algunos senadores señalan que también se fijará la autorización del Congreso como requisito y otros que se mantendrá la prohibición total para Estados o empresas con participación estatal.
Dudas sobre el consenso para modificar la Ley de Tierras y presiones sobre el Senado
La reunión de Labor Parlamentaria del miércoles será clave en este sentido, porque se verá si Bullrich y la tropa oficialista pueden finalmente llevar el proyecto al recinto o deberán postergarlo por cuarta vez, lo que implicaría dejarlo para agosto, cuando se retome la actividad parlamentaria tras el receso.
En el encuentro también estarán los alfiles de la bancada peronista que rechaza de plano el proyecto sobre "propiedad privada", por lo que la expectativa de la referente oficialista es llegar con un consenso definido entre LLA, la UCR, el PRO y los bloques provinciales para que el tema se vote en la sesión del 16 de julio, lo que se traduciría en que la aprobación ya estaría garantizada.
Pero lograr ese acuerdo no es sencillo. En los últimos días, la CGT y la Iglesia metieron presión al Senado en contra del proyecto con el argumento de que atenta contra la "soberanía" argentina. La CGT puso la mira en los "tecnomagnates" y señaló los "estrechos vínculos con la Casa Rosada" de algunos de ellos, en obvia alusión a Peter Thiel.
"Eliminar esa restricción (del 15% del territorio para la venta de tierras a extranjeros) significa entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua. De todo aquello que posee la Argentina", señaló al respecto el documento de la central gremial.
Por su parte, días atrás la Iglesia emitió otro documento firmado por la Pastoral Social y otras entidades donde advirtió: "Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse".
Para Bullrich el tema no es menor porque el proyecto forma parte de la agenda que fijó Milei a principios de año para el Congreso y que se demoró por falta de acuerdos pero también por efecto de la tensión con los aliados a partir del escándalo de Adorni. Superada esa traba política, la intención de la senadora es mostrar al oficialismo nuevamente con empuje y, con eso, también hacer valer su propio capital dentro del Gobierno.
Propiedad privada y tierras, a la espera del acuerdo por la reforma electoral
Por ello un eventual consenso para destrabar el proyecto de "propiedad privada" sería un avance importante para exhibir en la "mesa política", mientras el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli y el "karinista" Eduardo "Lule" Menem buscan un acuerdo con gobernadores para aprobar la reforma del régimen de zonas frías y, principalmente, la reforma electoral, ambos temas también en el Senado.
Bullrich no pudo avanzar con el proyecto electoral porque la UCR -que tiene diez votos clave en el Senado- y el PRO se opusieron desde el inicio a la eliminación de las PASO, al igual que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, otro aliado de peso para LLA en el Congreso. Propuso dentro del Gobierno aceptar la idea de esos bloques de transformar las primarias obligatorias en optativas para votantes y partidos, pero no tuvo eco. La llave de la negociación ahora la tiene Santilli.
En el cónclave con los diputados y senadores de LLA que se realizó la semana pasada Karina Miei fijó el proyecto de reforma electoral como una de las prioridades máximas. El Gobierno quiere conseguir como sea que el año próximo no haya PASO que ayuden a la oposición a ordenarse o facilitan la creación de algún frente de centro derecha que pueda disputarle votantes.
Sin embargo, las 37 voluntades que se necesitan en el Senado todavía no están y el tiempo para el inicio de la campaña electoral ya empezó a correr. Cerca de Santilli deslizaron a iProfesional que "el límite es diciembre", pero quieren resolverlo cuanto antes. Por eso le hicieron llegar a los bloques aliados y gobernadores la propuesta de reinstaurar las listas colectoras.
El oficilaismo no quiere llamarles así porque, en rigor, al haber Boleta Única en Papel no es lo mismo, pero su uso sería igual: que una misma candidatura presidencial pueda llevar adheridas más de una lista de diputados nacionales, para que todas traccionen votos hacia arriba y se repartan las bancas en juego.
El Gobierno ofrece estas nuevas listas colectoras para convencer a los gobernadores de, al menos, suspender las PASO de 2027. El oficialismo presenta este mecanismo como una alternativa para sellar alianzas y resolver internas sin tener que ir a primarias y, sobre todo, sin poner en riesgo a los candidatos para cargos ejecutivos, como el de Presidente y el de gobernador, que serían los más beneficiados por la suma de votos de listas de diputados diferentes.
Con esa negociación recién iniciada, el plan de Patricia Bullrich en el Senado es lograr el acuerdo necesario para avanzar mientras tanto con el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" que fija una nueva legislación sobre la venta de tierras a extranjeros y con los otros puntos pendientes de la agenda que fijo Javier Milei al inicio del año. En ese marco, el miércoles será un día clave para la definición de los próximos pasos del oficialismo en el Congreso.