La reforma de ley de tierras vuelve a postergarse en Senado, entre falta de acuerdo y clima mundialista

Después de mucha insistencia el oficialismo logró volver a sesionar en el Senado este jueves para tratar una treintena de pliegos judiciales y el proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada", pero no consiguió los votos para aprobar el capítulo de la iniciativa que elimina el límite a la venta de tierras a extranjeros y eso obligó a Patricia Bullrich a pedir la postergación del tema por cuarta vez.

La bancada oficialista que encabeza Bullrich logró el quórum de 37 presentes con lo justo, minutos antes de que finalizará el tiempo reglamentario. Según supo iProfesional de fuentes parlamentarias, debieron convencer a un grupo de senadores de la UCR que rechazaba la reforma de la Ley de Tierras de que bajaran al recinto para poder abrir la sesión, porque hasta último minuto estaba en duda el número.

Ese capítulo del proyecto, que elimina el límite del 15% del territorio nacional (o de una misma provincia) para la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras, es hace tiempo el principal foco de tensión de este debate. Con la sesión ya iniciada, LLA todavía no tenía asegurados los votos para aprobar esa parte del proyecto.

Tras aprobar 29 pliegos de designación de jueces y darle ingreso a otros 30, Bullrich pidió la palabra en el recinto para proponer un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, cuando intentarán retomar el debate sobre el tema. 

La reforma de la Ley de Tierras hizo que el proyecto se postergara en tres ocasiones anteriores. Esta es la cuarta. Antes de que se decidiera la nueva postergación, circuló entre los senadores el borrador número 15 sobre ese capítulo para tratar de lograr finalmente el consenso necesario pero el minsitro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no estuvo de acuerdo con la última propuesta que había negociado Bullrich.

¿Qué hubo detrás de la nueva postergación de la reforma a la Ley de Tierras?

En primer lugar, aunque el proyecto requería solo de la mitad más uno de los presentes para ser aprobado, el oficialismo tenía un número muy justo. Las ausencias de Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas) y de Andrea Cristina (PRO) -que está de licencia por maternidad y vuelve en agosto- les complicó las cuentas.

Además, los tres senadores del bloque Convicción Federal que encabeza la jujeña Carolina Moisés -desprendimiento del bloque peronista/kirchnerista Unión por la Patria- no dio quórum y se oponen a varios puntos del proyecto, entre ellos el capítulo sobre tierras.

"Teníamos 35 votos seguros, pero para un tema tan difícil era muy ajustado y arriesgado", señalaron a iProfesional fuentes cercanas a Bullrich. No obstante, también influyó la falta de un punto en común entre el Senado y la Casa Rosada.

Entre los cambios que negoció el oficialismo con los aliados figuraba la creación de un nuevo registro de tierras en manos extranjeras y, sobre todo, la posibilidad de que cada provincia pudiera elaborar su propio régimen y fijar sus propios límites para la adquisición de tierras por parte de personas o empresas de otro país. Esto figuraba en el borrador número 15.

Las fuentes del oficialismo consultadas por iProfesional señalaron que esto "no le gustó a Sturzenegger", a pesar de que Bullrich estaba de acuerdo con esa modificación porque, según entendía, generaba mayor consenso.

Como autor del proyecto, Sturzenegger siguió de cerca las negociaciones en el Senado y mandó a su número dos, Alejandro Cacace, a tratar de destrabar el tema, pero ese desacuerdo interno complicó aún más la situación.

El temor de Bullrich ante la negativa del ministro era que el proyecto se aprobara con esos cambios y luego Sturzenegger le recomendara al presidente Javier Milei frenarlo en Diputados o, pero aún, vetarlo si se convertía en ley. Por ello, prefirió esperar para "pulir mejor el texto", confiaron a este medio en LLA. 

¿Por qué el fervor por la Selección se cuela en el Senado y el debate sobre venta de tierras?

Aunque parezca un detalle menor, en las complicaciones del oficialismo para avanzar con la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros influyó levemente el clima de fervor nacional que generó el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Varios senadores de La Libertad Avanza entraron al recinto con camisetas de Argentina. La salteña María Emilia Orozco la llevó puesta, mientras que Bullrich, Cármen Álvarez Rivero Y Bruno Olivera, entre otros colocaron las suyas sobre las bancas. El gesto del oficialismo, igualmente, fue objeto de chicanas por parte de alguunos sectores de la oposición.

El motivo fue, precisamente, el interés de esos senadores por reformar la Ley de Tierras. De hecho, al inicio de la sesión, el radical Flavio Fama -que amagó con no dar quórum y al final lo hizo- tomó la palabra para rendir un breve homenaje a la Selección, a la que calificó como "un ejemplo" para el Gobierno y para el Congreso, a la vez que opinó que la alegría nacional es "muy particular en un día como, hoy que vamos a tratar la Ley de Tierras".

Además, antes de la sesión se filtró a los medios un chat entre Bullrich y Victoria Villarruel, en el que la presidenta del Senado sugería suspender la sesión precisamente con el argumento de que el clima generado por la Selección no se corresponde con la intención del Gobierno de avanzar con una ley que busca, según dijo "vender el país", lo que generó un fortísimo cruce con la jefa del bloque oficialista.

En la bancada libertaria afirman que la relación entre Bullrich y Villarruel quedó rota prácticamente por completo y señalan que la vicepresidenta habría enviado más mensajes con tono "patotero" a otros miembros del bloque LLA a propósito de la sesión de este jueves. 

¿De qué se trata el proyecto sobre propiedad privada?

El oficialismo ya había aceptado varios cambios al proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada, entre ellos compartir con los gobernadores el poder de autorizar la venta de tierras que estén en sus respectivas provincias, pero no alcanzó.

La iniciativa del gobierno de Javier Milei introduce cambios en desalojos, expropiaciones, uso de tierras afectadas por incendios y en los requisitos para que los extranjeros puedan adquirir grandes extensiones de tierras rurales en el país. Este capítulo se convirtió en el eje central de la discusión.

El objetivo central de Milei y Sturzenegger es la eliminación del límite legal para que las personas físicas o jurídicas de otro país puedan adquirir tierras rurales, que actualmente es el 15% del territorio nacional (o de una misma provincia o departamento) por lo establecido en la Ley de Tierras Rurales fijada por el kirchnerismo en 2011.

Hasta el momento, en la negociación con los bloques y gobernadores el oficialismo logró mantener este punto pero tuvo que ceder en otros. En primer lugar aceptó que la regulación y las restricciones finales para esas operaciones sean potestad de los gobiernos provinciales. También se acordó mantener "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros".

No obstante, según el borrador número 13 del proyecto las empresas que tengan participación de un Estado extranjero sí podrán adquirir tierras rurales cuando exista una "autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional".

De esta forma, el gobernador y la Casa Rosada tendrán que estar de acuerdo con la venta cuando el interesado sea una compañía donde participe un Estado extranjero. La misma condición se acordó para la adquisición de tierras en "zonas de seguridad de frontera".

El otro punto clave del proyecto sobre propiedad privada: ¿cómo serán los desalojos exprés?

Por otro lado, el proyecto introduce cambios importantes en otros aspectos relacionados con la "propiedad privada", como los procesos judiciales de restitución de inmuebles. Allí dispone que la acción de desalojo "se sustanciará por el procedimiento establecido" por el Código Procesal Civil y Comercial "para el juicio sumarísimo", lo que acelera mucho el trámite.

Con la idea de promover un "desalojo exprés", la iniciativa del Gobierno señala que cuando la acción de desalojo sea contra "tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible" el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble "en cualquier estado del juicio" después de iniciado el litigio.

En tanto, cuando sea a causa de "cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar el reconocimiento dentro de las primeras 72 horas, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes, según indica el dictamen.

Una de las principales modificaciones que aceptó el oficialismo en este tema durante el debate en las comisiones fue clarificar una distinción entre inquilinos y "okupas", dado que el proyecto original contemplaba el desalojo "exprés" también para los casos de falta de pago por parte de un ocupante legal en el marco de un contrato de alquiler.

La oposición criticó esta falta de distinción, especialmente en un momento de dificultades económicas para muchas familias que alquilan. El oficialismo aceptó hacer una diferenciación y que, en los casos donde el destino del inmueble sea habitacional y hubiera falta de pago, se otorgue un plazo de 10 días corridos desde la intimación formal al inquilino para que se pueda proceder con la demanda de desalojo.

Una vez cumplido ese plazo, si el locatario aún no devolvió el inmueble, "el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley", según establece el artículo 23 del proyecto. El proyecto también le da validez a las notificaciones electrónicas, lo que permite que el trámite de desalojo continúe aun cuando el inquilino se niegue a recibir la notificación física.

Además, el proyecto indica que en los procesos sumarísimos de desalojo el juez deberá observar si hay menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo y dar un plazo de 10 días para asegurar "una alternativa habitacional", con intervención del fiscal y los organismos pertinentes.

¿Qué cambia en materia de expropiaciones con el proyecto?

En la negociación con los bloques, el oficialismo también aceptó retirar todos los artículos que habilitaban el desalojo directo sobre asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

La iniciativa también modifica el régimen de expropiaciones, con el fin de que la declaración de utilidad pública de un bien sea "de interpretación restrictiva", que especifique de manera concreta "el fin perseguido" y que la expropiación del bien se pruebe "idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo". El objetivo del Gobierno es dar mayor seguridad a grandes empresas e inversores.

Otra de las modificaciones que se acordaron en el Senado fue la limitación del cálculo del lucro cesante en las expropiaciones por parte del Estado, al señalar que "la indemnización por lucro cesante en ningún caso podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente". Este fue un planteo de la oposición para juicios millonarios que afecten las arcas públicas.

El texto establece que el valor del bien expropiado deberá determinarse a la fecha inmediatamente anterior a "cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación" y, en ese aspecto, se agregó que el monto será actualizado conforme al IPC "con más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago".

De todas formas, tras la nueva postergación el gobierno de Javier Milei deberá esperar hasta después del receso parlamentario de invierno para tratar de destrabar la reforma de la Ley de Tierras que impide el avance del proyecto sobre propiedad privada. El oficialismo en el Senado confía en que, con más presencias de aliados conseguirán la mayoría, aunque sea ajustada, para mandar el tema aprobado a Diputados.