Bullrich y Sturzenegger se reunieron para avanzar con la ley de propiedad privada: "Creemos que va a salir"

Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger se reunieron este jueves en el Senado para ultimar detalles del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La senadora había convocado a cuarto intermedio la semana pasada por falta de consenso con bloques opositores. Ahora buscan cerrar un texto definitivo para la sesión del 6 de agosto.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado llegó al despacho de la jefa de bloque de LLA en la Cámara alta. Trabajaron sobre el documento final que llevarán al recinto en menos de dos semanas.

Los cambios realizados al dictamen "son mínimos", informaron fuentes presentes en la reunión. Aclararon que "no modifican sustancialmente el proyecto" original impulsado por Sturzenegger.

La idea central se mantiene intacta: un Estado extranjero no podrá comprar ni un milímetro de tierra argentina, mientras que ciudadanos extranjeros individuales sí tendrán esa posibilidad sin limitaciones de hectáreas.

Patricia Bullrich habló tras la reunión con Federico Sturzenegger

A la salida del encuentro, Bullrich expresó su optimismo. "La idea original es la misma", dijo ante la prensa. Y profundizó: "Que un Estado extranjero no puede, de ninguna manera, comprar ni un milímetro de tierra argentina. La soberanía está absolutamente resguardada".

La distinción es clave. El proyecto diferencia entre Estados extranjeros (gobiernos, entidades públicas) y ciudadanos extranjeros que viven en el país.

Según explicó la senadora, el texto avanzará en permitir la compra de tierras a ciudadanos extranjeros individuales. Están amparados por el concepto de propiedad que define la Constitución Nacional.

"Un extranjero que vive en Argentina tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que un nacional: puede comprar tierras, departamentos, una fábrica...", afirmó Bullrich. La igualad constitucional entre nacionales y extranjeros residentes es el eje argumental.

Consultada sobre si habrá regulación de hectáreas que podrán adquirir, fue tajante. "No puede tener limitaciones, porque no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto", respondió.

Agregó que no hay limitaciones en la cantidad de departamentos que uno puede tener y tampoco debería haberlas en la cantidad de hectáreas. "Eso es un concepto de propiedad y no de soberanía. La soberanía es defender lo estratégico de una Nación", argumentó.

De la reunión participó la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. También estuvieron representantes de los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación.

Asistieron miembros de los bloques federales, que llevaron observaciones planteadas por los gobernadores provinciales. El diálogo con los mandatarios fue parte clave de la estrategia para sumar votos.

Respecto a la inclusión de cambios, Bullrich no dio detalles específicos. Sí destacó que se tuvieron en cuenta las propuestas de los gobernadores y de sus senadores dialoguistas.

"Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley con aportes de todos", dijo en diálogo con la prensa. Subrayó que "han participado gobernadores y senadores de todas las provincias que están cerca (de nuestra posición) y aportan a una mirada constructiva".

Y manifestó su optimismo respecto a la votación del próximo mes: "Creemos que va a salir".

Qué pasará el 6 de agosto en el Senado con el proyecto

Como informó iProfesional, el Gobierno apunta a llegar al 6 de agosto con un texto de consenso. Buscan evitar volver a sufrir contratiempos que paralicen la iniciativa redactada por Sturzenegger.

En las últimas horas, la senadora negoció ajustes con la oposición dialoguista. Lo hizo sin salirse de los límites libertarios establecidos por la Casa Rosada.

Bullrich espera lograr el visto bueno del proyecto en la próxima sesión. La estrategia es presentar un dictamen con respaldo federal que facilite la aprobación y evite un nuevo cuarto intermedio como el de la semana pasada.

Los cambios mínimos incorporados apuntan a satisfacer reclamos puntuales de provincias. Pero mantienen la esencia: prohibición absoluta para Estados extranjeros, libertad total para ciudadanos extranjeros que cumplan requisitos constitucionales.

¿Qué cambios aceptó el Gobierno para avanzar con el proyecto en el Senado?

El objetivo central de Milei y Sturzenegger es la eliminación del límite legal para que las personas físicas o jurídicas de otro país puedan adquirir tierras rurales, que actualmente es el 15% del territorio nacional (o de una misma provincia o departamento) por lo establecido en la Ley de Tierras Rurales fijada por el kirchnerismo en 2011.

Hasta el momento, en la negociación con los bloques y gobernadores el oficialismo logró mantener este punto pero tuvo que ceder en otros. En primer lugar aceptó que la regulación y las restricciones finales para esas operaciones sean potestad de los gobiernos provinciales. También se acordó mantener "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros".

No obstante, según el borrador número 13 del proyecto al que accedió iProfesional, las empresas que tengan participación de un Estado extranjero sí podrán adquirir tierras rurales cuando exista una "autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional".

De esta forma, el gobernador y la Casa Rosada tendrán que estar de acuerdo con la venta cuando el interesado sea una compañía donde participe un Estado extranjero. La misma condición se acordó para la adquisición de tierras en "zonas de seguridad de frontera".

El detalle técnico que se incluyó para la autorización de venta de tierras a extranjeros

El último borrador, con el que el oficialismo confía en tener acuerdo suficiente para aprobar el proyecto, incluye un detalle: en todos los casos la autorización de la provincia y del Gobierno nacional se regirá por el "silencio administrativo". Esto implica que, si no hubiera respuesta del Estado al permiso para comprar tierras, quedaría aceptado automáticamente.

Ocurre que a partir de la Ley Bases impulsada por Milei en 2024, la legislación argentina interpreta el silencio administrativo en sentido positivo, a la inversa de lo que ocurría antes, cuando la falta de respuesta por parte de la administración se tomaba tácitamente como un rechazo.

El capítulo sobre las tierras rurales en el proyecto sobre "propiedad privada", según el borrador con los últimos cambios acordados, establece que la autorización "se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho".

Según ese artículo, el plazo sería de 60 días. A pesar de que el proyecto siguió teniendo modificaciones después de la firma del dictamen, el consenso al que arribó Bullrich con los bloques aliados es formalizar los cambios directamente en el recinto el día de la sesión. Por ello también no se descarta que se acuerden otras modificaciones durante las horas previas a la votación.

El otro punto clave del proyecto sobre propiedad privada: ¿cómo serán los desalojos exprés?

Por otro lado, el proyecto introduce cambios importantes en otros aspectos relacionados con la "propiedad privada", como los procesos judiciales de restitución de inmuebles. Allí dispone que la acción de desalojo "se sustanciará por el procedimiento establecido" por el Código Procesal Civil y Comercial "para el juicio sumarísimo", lo que acelera mucho el trámite.

Con la idea de promover un "desalojo exprés", la iniciativa del Gobierno señala que cuando la acción de desalojo sea contra "tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible" el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble "en cualquier estado del juicio" después de iniciado el litigio.

En tanto, cuando sea a causa de "cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar el reconocimiento dentro de las primeras 72 horas, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes, según indica el dictamen.

Una de las principales modificaciones que aceptó el oficialismo en este tema durante el debate en las comisiones fue clarificar una distinción entre inquilinos y "okupas", dado que el proyecto original contemplaba el desalojo "exprés" también para los casos de falta de pago por parte de un ocupante legal en el marco de un contrato de alquiler.

La oposición criticó esta falta de distinción, especialmente en un momento de dificultades económicas para muchas familias que alquilan. El oficialismo aceptó hacer una diferenciación y que, en los casos donde el destino del inmueble sea habitacional y hubiera falta de pago, se otorgue un plazo de 10 días corridos desde la intimación formal al inquilino para que se pueda proceder con la demanda de desalojo.

Una vez cumplido ese plazo, si el locatario aún no devolvió el inmueble, "el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley", según establece el artículo 23 del proyecto. El proyecto también le da validez a las notificaciones electrónicas, lo que permite que el trámite de desalojo continúe aun cuando el inquilino se niegue a recibir la notificación física.

Además, el proyecto indica que en los procesos sumarísimos de desalojo el juez deberá observar si hay menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo y dar un plazo de 10 días para asegurar "una alternativa habitacional", con intervención del fiscal y los organismos pertinentes.