Patricia Bullrich apoyó los desalojos exprés y tildó de "delincuentes" a los inquilinos morosos
Tras el revés que sufrió el oficialismo en su intento de flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el Gobierno de Javier Milei apuesta a sostener su agenda legislativa con otro capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, destacó en sus redes sociales que la Cámara alta debatirá la iniciativa que incluye modificaciones sobre desalojos, expropiaciones, el Registro de la Propiedad Inmueble y la normativa vinculada al manejo del fuego.
"Hoy en el Senado vamos tratar la Ley de Propiedad Privada y terminar con años de injusticia y delincuencia. Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan".
Y siguió: "También vamos a terminar con una herramienta que le encanta al kirchnerismo: las expropiaciones del Estado sin fundamento. Vamos a poner la ley del lado de quien trabaja, ahorra y construye", escribió Bullrich en su cuenta de X.
El oficialismo sostiene que, pese a que no logró avanzar con el apartado referido a la extranjerización de tierras, cuenta con los acuerdos parlamentarios necesarios para aprobar el resto del paquete.
Qué cambios propone el proyecto sobre los desalojos por falta de pago de alquiler
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación del mecanismo para recuperar una vivienda cuando existe una deuda de alquiler.
El texto establece que, ante un incumplimiento, el propietario deberá realizar una intimación formal al inquilino para que cancele la deuda. Ese aviso deberá otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos desde su recepción y deberá indicar dónde efectuar el pago.
En los casos donde en la vivienda residan menores de edad o personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el proyecto contempla un plazo adicional de 10 días para regularizar la situación.
Si vencido ese período no se concreta el pago o finaliza el contrato por otra causa, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse mediante el procedimiento más rápido disponible.
La propuesta también indica que el dueño del inmueble no podrá rechazar la entrega de las llaves ni condicionar su recepción, aunque podrá reclamar posteriormente las obligaciones económicas pendientes.
Cambios en el régimen de expropiaciones
Otro de los capítulos del proyecto apunta a modificar las reglas para que el Estado pueda avanzar sobre bienes privados.
La iniciativa plantea que solo podrán expropiarse bienes considerados necesarios o convenientes para cumplir con una finalidad de "utilidad pública", independientemente de si pertenecen al dominio público o privado.
Además, establece que esa declaración deberá aplicarse de manera restrictiva y justificar de forma concreta el objetivo perseguido. También exige que la medida sea "idónea, necesaria y proporcional" para alcanzar esa finalidad.
En cuanto al pago al propietario afectado, el proyecto determina que la compensación deberá calcularse tomando como referencia el valor de mercado del bien cuando sea posible establecerlo.
La propuesta excluye del cálculo factores como valores afectivos, expectativas de ganancias futuras o incrementos de precio vinculados al proyecto que motivó la expropiación.
Respecto del lucro cesante, solo podrá ser incluido si se demuestra con pruebas objetivas que fue consecuencia directa de la expropiación. Además, fija un límite: no podrá superar el equivalente al 30% del valor del daño emergente, salvo que el afectado acredite una afectación mayor.
El proyecto también contempla beneficios para ocupantes que puedan demostrar una posesión pacífica, pública y continua durante al menos 10 años en inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Qué plantea la reforma sobre la Ley de Manejo del Fuego
El paquete impulsado por el oficialismo también incorpora modificaciones a la normativa que regula las zonas afectadas por incendios.
La propuesta establece que, en el caso de bosques nativos incendiados, no podrán realizarse cambios en el uso o destino que tenían esas superficies antes del fuego.
De esta manera, elimina las restricciones actuales que impiden durante décadas modificar el destino de esas tierras luego de un incendio.
Además, busca derogar un artículo de la ley vigente que prohíbe durante 30 años desarrollar emprendimientos inmobiliarios o cambiar el uso productivo de áreas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales afectadas por incendios.
El cambio abriría la posibilidad de habilitar nuevos proyectos sobre esas superficies una vez extinguido el fuego, una de las modificaciones que genera cuestionamientos entre sectores ambientalistas.