La batalla por las patentes: EE.UU. y laboratorios extranjeros presionan por una ley decisiva en el Congreso
Una vez más, el gobierno de Javier Milei quedó entre dos fuegos en su posicionamiento geopolítico. El gobierno de Donald Trump, los laboratorios extranjeros y un organismo internacional de propiedad intelectual presionan para que el Congreso adhiera al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) contra el interés de laboratorios farmacéuticos locales, que suelen copiar las fórmulas de los internacionales.
La protección de las patentes de los laboratorios de los Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido, Francia o Japón, por caso, impediría a laboratorios locales comercializar productos recién patentados por varios años.
Guerra por las patentes: Estados Unidos presiona por una ley clave en el Congreso
Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, este capítulo se convirtió en una prueba sensible de la agenda económica y comercial con Estados Unidos y por lo tanto de la relacion entre Milei y Trump.
La Cámara de Diputados podría tratar la adhesión al PCT en la sesión del jueves 26 de agosto próximo, donde también se tratarán las leyes de Inocencia Fiscal II y Carta Orgánica del Banco Central, entre otros proyectos.
La disputa de lobbies volvió a encenderse. Detrás de una discusión aparentemente técnica sobre propiedad intelectual se despliega una puja de intereses entre laboratorios multinacionales, empresas agroquímicas, la industria farmacéutica nacional, inventores, científicos del Conicet, y los organismos científicos y el gobierno estadounidense.
El debate vuelve a colocar al Congreso frente a una decisión que puede tener consecuencias sobre la innovación, las inversiones y el mercado de medicamentos y agroquímicos.
La discusión sobre la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) dejó de ser una cuestión exclusivamente técnica de propiedad intelectual para transformarse en una disputa política y de intereses económicos y geopolíticos.
Según el Acuerdo de Comercio e Inversiones firmado en noviembre último entre Trump y Milei, el Congreso debe avanzar sobre la adhesión al PCT en un contexto particularmente sensible. En ese contexto visitó Buenos Aires Loreto Bresky, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos e Internacionales del PCT dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que mantuvo contactos empresarios, académicos y políticos.
Bresky participó el 4 de agosto en la Universidad Austral de una actividad sobre propiedad intelectual donde participó la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). Durante su visita mantuvo contactos con asesores de los senadores Patricia Bullrich (LLA) y Eduardo Vischi (UCR). Previamente también se había reunido con el diputado libertario Santiago Santurio, presidente de la Comisión de Legislación General.
El mensaje de la OMPI y de quienes impulsan la adhesión es claro: el PCT permitiría a los inventores argentinos acceder a un mecanismo internacional mucho más sencillo para iniciar la protección de sus desarrollos y, al mismo tiempo, facilitaría el proceso para empresas extranjeras que quieran proteger sus innovaciones en la Argentina.
Una negociación con Washington detrás. La cuestión tiene además un componente geopolítico. La adhesión al PCT aparece vinculada con los compromisos asumidos por la Argentina frente a Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, inversiones y protección de innovaciones.
La negociación fue impulsada desde el Gobierno por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno, en conversaciones con la oficina del United States Trade Representative (USTR), encabezada por el embajador Jamieson Greer. Fue un pilar medular del Acuerdo de Comercio e Inversiones, casi una condición decisiva.
Para Washington, la protección efectiva de la propiedad intelectual forma parte de las condiciones que permiten garantizar un clima de inversión para empresas estadounidenses que desarrollan productos farmacéuticos, tecnologías, agroquímicos y otros bienes intensivos en investigación.
No se trata, por lo tanto, únicamente de una discusión sobre un procedimiento administrativo. En términos estratégicos, está en juego qué nivel de protección tendrá la innovación extranjera en el mercado argentino y, al mismo tiempo, qué herramientas tendrán los investigadores y empresas argentinas para proteger sus propios desarrollos en el exterior.
El punto central: el PCT no otorga patentes
Uno de los principales aspectos del debate es también uno de los que más confusión genera. El PCT no otorga una patente internacional. El tratado establece un mecanismo para presentar una solicitud internacional y obtener una búsqueda internacional y una opinión preliminar sobre la patentabilidad. La decisión definitiva continúa en manos de las oficinas nacionales.
En la Argentina, esa autoridad es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Por eso, aun con la adhesión al PCT, el INPI conservaría la potestad de aprobar o rechazar una patente de acuerdo con la legislación argentina.
El mecanismo busca evitar que un inventor que pretenda proteger una innovación en múltiples países tenga que iniciar simultáneamente trámites separados, con diferentes idiomas, formularios, costos y procedimientos.
El PCT permite concentrar inicialmente el procedimiento en una sola solicitud internacional y ganar tiempo para que el solicitante pueda decidir en qué países tiene sentido continuar con el proceso. Actualmente, 159 países integran el sistema, mientras que la Argentina permanece fuera de él.
La ventaja para los inventores argentinos es clara, según la OMPI. Para quienes promueven la adhesión, la discusión no debería reducirse a los medicamentos extranjeros. El PCT podría ser utilizado por:
- investigadores y científicos argentinos
- universidades
- organismos como el CONICET
- empresas tecnológicas
- startups
- industrias
- desarrolladores de nuevas tecnologías
- empresas de agroquímicos
- laboratorios farmacéuticos
- emprendimientos vinculados con la economía del conocimiento
Un investigador argentino que desarrolla una tecnología y pretende protegerla en Estados Unidos, Europa, Japón o cualquier otro mercado enfrenta actualmente una multiplicidad de trámites. Con el PCT puede iniciar el proceso mediante una única solicitud internacional y disponer de un plazo mayor —de hasta 30 meses desde la fecha de prioridad para avanzar hacia las fases nacionales— antes de decidir en qué jurisdicciones continuará.
Ese tiempo tiene una importancia económica considerable porque permite evaluar si el invento tiene realmente posibilidades comerciales antes de afrontar los costos de patentar país por país.
La disputa con los laboratorios nacionales aparece en cambio como el principal conflicto de intereses. Los laboratorios multinacionales agrupados en CAEME son uno de los sectores que impulsan con mayor intensidad la incorporación de la Argentina al sistema.
Del otro lado se encuentra CILFA, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, que representa a buena parte de la industria farmacéutica nacional y que observa con preocupación cualquier mecanismo que pueda facilitar la protección de productos desarrollados por compañías extranjeras.
El conflicto tiene una lógica económica concreta. Un medicamento, una molécula, una fórmula o un agroquímico patentado puede otorgar a su titular un derecho de exclusividad durante el período establecido por la legislación aplicable.
La existencia de una patente impide que terceros exploten comercialmente la invención en las condiciones prohibidas por esa legislación. Cuando una innovación no está protegida, en cambio, existe el riesgo de que otros fabricantes puedan reproducirla, siempre que ello sea legalmente posible, sin haber asumido los mismos costos de investigación y desarrollo y por ello lo comercializa más barato.
Por eso, detrás de la discusión jurídica aparece una disputa sobre quién captura el valor económico de la innovación. El antecedente argentino es importante. La Argentina posee desde la década de 1990 un régimen de patentes que fue adaptándose a los compromisos internacionales asumidos por el país.
Sin embargo, la aplicación efectiva de determinadas disposiciones sobre productos farmacéuticos fue objeto de fuertes controversias y restricciones administrativas durante los años posteriores. Ese antecedente explica buena parte de la sensibilidad actual.
Para los laboratorios multinacionales, la cuestión es la previsibilidad del sistema argentino: invertir cientos de millones de dólares en investigación requiere saber que la innovación podrá ser protegida en los mercados donde será comercializada.
Para los laboratorios nacionales, en cambio, una ampliación de los mecanismos de protección puede significar mayores barreras de entrada, menor posibilidad de desarrollar productos similares y un aumento potencial de los costos del sistema sanitario.
La disputa, entonces, no es solamente jurídica. Es una discusión sobre inversión, competencia, precios, innovación, industria nacional y acceso a medicamentos.
El capítulo que concentra el lobby del PCT es el Capítulo I y Capítulo II. Uno de los puntos más sensibles del tratamiento legislativo es la posibilidad de que la Argentina formule una reserva respecto del Capítulo II del PCT. Si Cilfa no logra frenar el PCT en la Cámara de Diputados, al menos presionará para que la mayoría de los diputados vote la reserva del Capítulo II.
El procedimiento internacional contempla dos instancias. Capítulo I: Es la etapa general del procedimiento. La solicitud es sometida a una búsqueda internacional y se emite una opinión preliminar sobre cuestiones relacionadas con la "patentabilidad". Ese informe puede detectar antecedentes, problemas de novedad, actividad inventiva u otros aspectos que puedan afectar la solicitud.
Pero el informe no obliga al INPI argentino luego a patentarlo, como no obliga a ningún organismo de propiedad intelectual del mundo a aceptar el dictamen del PCT. La oficina nacional conserva la decisión final.
En el Capítulo II entra otra pulseada. Las solicitudes que no obtuvieron la "patentabilidad" en el Capítulo I pueden acudir al Capítulo II, que es una segunda instancia. Es una instancia adicional y opcional de examen preliminar internacional a la cual apelan el 3% de los solicitantes originales, algunos por haber tenido dictamen favorable en el Capítulo I y otros por desistir.
El Capitulo II permite profundizar el análisis, responder observaciones y eventualmente modificar la solicitud antes de ingresar a las fases nacionales. Según los datos expuestos durante el debate, solo una proporción muy pequeña de los solicitantes utiliza esta instancia.
Y aquí aparece la disputa política. Para CILFA, una eventual exclusión del Capítulo II puede resultar conveniente porque reduce el universo de información internacional que llega al proceso argentino y elimina una instancia adicional de evaluación antes de la fase nacional.
Para los sectores que promueven una adhesión plena, en cambio, limitar el mecanismo significa restarle utilidad al sistema y reducir las ventajas que ofrece a los solicitantes. Sin embargo, el OMPI y Caeme no se oponen a la reserva del Capítulo II y se conforman con la adhesión al PCT. El único problema sería que al votarse en Diputados el proyecto debería revisarse en el Senado, donde el PCT sin reservas tuvo media sanción en 1998, dos años despues de sancionada la Ley de Patentes.
El verdadero poder sigue estando en el INPI para patentar productos o medicamentos. Hay un elemento que resulta central para entender el debate. Incluso si la Argentina adhiere al PCT, el INPI no pierde su soberanía para conceder o rechazar patentes. El PCT puede aportar información técnica, antecedentes y opiniones sobre patentabilidad.
Pero la patente sigue siendo nacional. Por eso, una solicitud favorable del PCT no significa automáticamente que un medicamento extranjero vaya a ser patentado en la Argentina. El INPI puede analizar el expediente y, conforme a la legislación nacional, conceder o rechazar la protección. Es allí donde muchos analistas aseguran que funcionan los lobbies farmacéuticos locales.
Lo mismo ocurre en sentido inverso con un inventor argentino: una opinión favorable del PCT tampoco garantiza que Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia o cualquier otro país vaya a concederle automáticamente una patente. Cada oficina nacional conserva la decisión.
Una batalla económica y geopolítica
Es una batalla con dos niveles. Primer nivel, económico. CAEME busca un sistema que otorgue mayor previsibilidad a las inversiones en investigación y desarrollo y facilite la protección de innovaciones farmacéuticas y tecnológicas.
CILFA procura preservar el margen de maniobra de la industria nacional frente a compañías multinacionales que poseen enormes presupuestos de investigación y desarrollo.
Segundo nivel: geopolítico. Estados Unidos pretende que la Argentina se aproxime a los estándares internacionales de protección de propiedad intelectual que rigen en las principales economías desarrolladas.
La OMPI promueve la incorporación de la Argentina a un sistema internacional que ya reúne a 159 países. Y el Gobierno de Milei enfrenta el desafío de compatibilizar ese compromiso externo con los intereses de la industria local, que mantiene aceitados vínculos con figuras del gobierno de Milei como el ministro de Salud, Mario Lugones, el asesor Santiago Caputo o el subsecretario de Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, o el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Es por eso que Milei está entre dos fuegos geopolíticos.