Monteoliva reconoció que la tasa de suicidios subió en las Fuerzas por el endeudamiento y otros motivos

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que la cantidad de casos de suicidio dentro de las Fuerzas aumentó y reconoció que uno de los motivos es el endeudamiento.

En declaraciones radiales, la funcionaria dijo que se "ocupa" del tema, pero que también la "preocupa", y señaló que los suicidios aumentaron en todo el país y que, por ese motivo, las Fuerzas "no le escapan a esa realidad".

Aumento la tasa de suicidios en las Fuerzas y el nivel de endeudamiento influyó

"Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes", explicó la ministra.

En la misma línea, sostuvo que, 10 años atrás, cuando comandaba la Dirección Nacional de Estadística Criminal, ocurrían 2.300 suicidios por año "y hoy estamos en 5.300": "Es decir, que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y se incrementaron los suicidios en la sociedad", añadió.

"Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. En el marco de las políticas de bienestar de las Fuerzas, es clave y lo venimos abordando desde distintos frentes. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa", agregó.

Cerca del cierre, manifestó que "hace mucho tiempo" trabajan en medidas con las que puedan explicar "cuestiones de ayudas financieras" porque existen "niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas".

"Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces (la persona que trabaja en la Fuerza) es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar", aclaró. 

Con respecto a los bajos salarios que reciben actualmente los efectivos, remarcó que tanto ella como el ministro de Defensa, Carlos Presti, trabajan "fuertemente con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico" pero no es fácil.

"Explicamos lo que estamos haciendo porque queremos que nuestros efectivos lo sepan. Estamos pronto a definir cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio. Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, pero estamos en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico", concluyó.

La mora es récord y el mercado ve necesaria una intervención del Estado

Las miradas de Gardey y Glustein coinciden en un punto central y es que la señal decisiva no es simplemente que aumenten los incumplimientos, sino que el problema financiero comience a paralizar la economía real.

Glustein advierte que esa transmisión puede ser especialmente intensa en países donde existe una fuerte vinculación entre ambos sectores. Si una crisis reduce la capacidad de los bancos para prestar, las empresas pierden financiamiento para producir, invertir o pagar salarios. Los hogares, por su parte, ven restringido el acceso al crédito y el mapa del consumo presenta caídas por el ajuste.

"La necesidad de intervención estatal no radica en salvar a un banco, sino en evitar el colapso de la economía real", sostiene Glustein, al recordar experiencias como las crisis internacionales de 2008 y 2011 y la argentina de 2001.

Econviews encuentra una primera manifestación de ese mecanismo en la coyuntura local. La mora todavía no provocó una corrida ni una crisis bancaria, pero el deterioro de las finanzas familiares ya está afectando al consumo. Además, el aumento de los incumplimientos lleva a las entidades a endurecer sus condiciones de otorgamiento, lo que limita la recuperación del crédito.

La Argentina habría atravesado así la primera frontera: la mora todavía no es sistémica, pero dejó de ser exclusivamente privada porque ya genera consecuencias sobre la actividad.

Intervenir no significa necesariamente rescatar

La discusión pasa entonces por definir qué tipo de intervención corresponde y quién debe absorber las pérdidas.

Econviews considera que no sería razonable que los contribuyentes terminen pagando las tarjetas de quienes se endeudaron por encima de su capacidad o los errores de evaluación cometidos por bancos y billeteras. Sin embargo, también sostiene que el Estado no debería permanecer indiferente ante una morosidad capaz de afectar a la economía.

Una alternativa sería modificar las regulaciones para facilitar la renegociación de las deudas y permitir que quienes regularicen su situación recuperen más rápidamente el acceso al crédito.

Gardey coincide en que la respuesta no debería ser un salvataje directo. Su escenario más probable es una intervención indirecta, mediante cambios impositivos, monetarios y regulatorios que mejoren las condiciones para refinanciar.

"El Gobierno no se va a meter a inyectar plata de forma directa para solucionar el problema. Lo que va a hacer es mejorar las condiciones y flexibilizar regulaciones para permitirles a los bancos tener más herramientas", afirma Gardey.

Glustein, en cambio, pone mayor énfasis en la responsabilidad preventiva del Estado. Considera que muchas crisis se producen después de períodos en los cuales las autoridades reducen su capacidad de regulación, control y equilibrio dentro de mercados que funcionan con fuertes desigualdades entre sus participantes.

Desde su mirada, la intervención no debería comenzar únicamente cuando el colapso es inminente. El Estado también debe actuar como regulador y establecer límites que eviten que los desequilibrios se acumulen.

"Se necesita de los Estados participando de forma activa, ya sea como jugador de última instancia o como actor contralor que plantee normas para que no colapse el sistema económico local", afirma el economista.

La diferencia es principalmente de énfasis. Gardey concentra su análisis en las herramientas necesarias para resolver el problema actual sin un rescate fiscal. Glustein, en tanto, advierte que la regulación previa también es determinante para evitar que las decisiones de los actores privados terminen generando costos públicos.