Abogados de Cristina Kirchner reclaman honorarios de casi u$s10 millones al Estado por la causa Vialidad
La disputa derivada de la causa Vialidad suma ahora un capítulo económico. Los abogados Luis Goldín y Fernando Muriel, que participaron de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el expediente civil, reclaman honorarios por aproximadamente $13.614 millones, una cifra que ronda los u$s10 millones.
El planteo está relacionado con el cierre del proceso civil que había impulsado Vialidad Nacional durante la gestión de Alberto Fernández. El organismo decidió no avanzar con aquella acción y, como consecuencia, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia.
A partir de esa resolución se establecieron los honorarios correspondientes a los doce profesionales que intervinieron en representación de distintos exfuncionarios involucrados en el expediente. Goldín y Muriel consideran que, al haber finalizado de esa manera el proceso, la obligación de afrontar las costas corresponde a la parte que resultó vencida.
Corte Suprema: Vialidad busca frenar el pago de casi $13.600 millones en honorarios
El pago no está habilitado por el momento. Vialidad Nacional recurrió ante la Corte Suprema de Justicia con una presentación destinada a cuestionar la resolución de la Cámara y evitar que el organismo deba afrontar los honorarios determinados.
Mientras el máximo tribunal analiza el planteo, la Cámara Civil y Comercial Federal mantiene suspendida la posibilidad de efectivizar el cobro. La definición de la Corte será la que determine si finalmente los profesionales podrán ejecutar el monto reclamado.
Los propios Goldín y Muriel también llevaron su planteo al máximo tribunal. En su presentación sostuvieron que la decisión que mantiene frenado el pago configura una situación de "privación de justicia" y solicitaron que sea dejada sin efecto para poder avanzar con el cobro.
El eventual desembolso se produce en un contexto particular: por otro lado, la Justicia todavía no logró concretar el decomiso de bienes por los u$s587 millones que Cristina Fernández de Kirchner debe pagar como consecuencia de la condena dictada en la causa Vialidad.
Luis Goldín: abogado, docente y autor de un libro sobre la Corte
Uno de los profesionales que impulsa el reclamo es Luis Joel Goldín, de 37 años. El abogado encabeza LG Lawyers Consulting, estudio cuya actividad, según la información difundida por la propia firma, se concentra en asuntos civiles y comerciales y en litigios complejos.
Su formación profesional incluye la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posteriormente realizó una especialización en Cuantificación de Daños y Finanzas Ejecutivas en la Universidad de Barcelona Pompeu Fabra y obtuvo una maestría en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella.
Goldín también desarrolla tareas vinculadas con la docencia. En la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo está al frente de la Cátedra de Contratos Civiles y Comerciales.
A su trayectoria profesional y académica se suma una publicación vinculada con el máximo tribunal argentino. En 2023 editó a través de Dunken el libro Corte Suprema de Justicia de la Nación: Estructura e ineficiencias, basado en una tesis que había elaborado en 2020.
La sociedad vinculada a Goldín y su actividad automotriz
El abogado también figura como accionista de Zhilong S.A., una sociedad constituida recientemente. De acuerdo con una publicación del Boletín Oficial del 13 de julio de 2026, la compañía fue conformada con un objeto social amplio, que contempla distintas actividades relacionadas con la industria y los servicios automotores.
Entre ellas aparecen la compra y comercialización de vehículos, maquinaria, repuestos y autopartes, además de productos vinculados con la electromovilidad. La sociedad también contempla la posibilidad de desarrollar talleres mecánicos, tareas de reparación y servicios de posventa.
El alcance de la empresa incluye además actividades de fabricación, desarme y ensamblaje de vehículos, administración integral de flotas y verificación técnica vehicular.
El objeto declarado incorpora, a su vez, servicios de publicidad, representación y marketing. También prevé actividades financieras, gestoría y trámites relacionados con registros.
Fernando Muriel y su recorrido en el sector público
El otro abogado que participa del reclamo es Fernando Muriel, quien también llevó adelante la representación de Cristina Fernández de Kirchner durante la instancia civil del expediente.
Muriel integra el Frente de Abogados Populares, organización de perfil político, gremial y universitario que reúne a profesionales vinculados con el denominado campo nacional y popular y con la defensa de la justicia social.
Su trayectoria incluye además un paso por la administración pública nacional. Durante el gobierno de Alberto Fernández ocupó el cargo de vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Ahora, su actividad junto con Goldín se concentra en la disputa por los honorarios derivados del expediente civil de Vialidad. Ambos buscan que la Corte Suprema revise la decisión que mantiene suspendido el pago y permita avanzar con el reclamo de los profesionales que participaron de esa instancia.