El Gobierno busca sancionar a otros 15 ejecutivos y empresas por la explotación petrolera en Malvinas
Lo informó la Oficina del Presidente en sus redes sociales. En este caso, las sanciones no solo estarán dirigidas contra empresas
El Gobierno inició este martes procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre personas humanas y jurídicas, a los que vincula con actividades hidrocarburíferas que considera ilegales en las Islas Malvinas. La medida amplía los expedientes iniciados la semana pasada contra otros 45 involucrados.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el presidente Javier Milei, los nuevos sumarios investigan presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659, que establece sanciones para quienes participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, incluida la zona de las Islas Malvinas.
"Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país", sostuvo el Ejecutivo.
Desde el Gobierno señalaron que la ampliación de los procedimientos es resultado de un proceso de identificación de los distintos actores vinculados con esas operaciones y anticiparon que continuarán abriendo nuevos sumarios.
La decisión forma parte del paquete de medidas que Milei anunció el jueves pasado durante una cadena nacional, con el objetivo de frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
El proyecto cuenta con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, permisos que la Argentina no reconoce por considerar que se trata de una explotación de recursos en un territorio cuya soberanía reclama.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó este lunes una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según la denuncia, las empresas desarrollaron actividades amparadas en licencias que el Gobierno argentino considera ilegítimas.
"El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello", concluyó el comunicado oficial.
El comunicado del Gobierno sobre una nueva sanción a 15 empresas o ejecutivos por operar en Malvinas
El Gobierno prepara una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
La ofensiva se complementa con otras iniciativas que el Gobierno comenzó a definir luego de una reunión de su mesa política. Entre ellas figura el envío a la Cámara de Diputados, previsto para la próxima semana, del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa contempla tres ejes principales. El primero apunta a endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra las compañías y sus proveedores que participen en operaciones no autorizadas en las islas. Además, contempla la posibilidad de aplicar juicios en ausencia en determinados casos.
El segundo propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, para coordinar la respuesta del Estado frente a cuestiones vinculadas con la soberanía y la seguridad nacional.
El tercer eje busca dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas para responder ante eventuales amenazas provenientes tanto de actores estatales como no estatales.
A estas medidas se suma el proyecto para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con la que el Ejecutivo busca reforzar la presencia y las capacidades estratégicas argentinas en el extremo sur del país.
La Justicia asignó a Julián Ercolini en la causa contra las cinco petroleras
La denuncia penal impulsada por el Gobierno contra cinco compañías vinculadas con actividades petroleras en las Islas Malvinas comenzó su recorrido en los tribunales federales de Comodoro Py. El sorteo realizado este martes determinó que la investigación quede bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12.
El expediente se inició a partir de una presentación realizada por el canciller Pablo Quirno, quien contó con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
El planteo oficial busca determinar si las operaciones desarrolladas por las compañías denunciadas pueden constituir un delito contemplado por la legislación argentina en materia de hidrocarburos.
La acción penal alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El Gobierno las señaló por un presunto incumplimiento de la Ley 26.659 de Hidrocarburos. La norma establece que las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina requieren autorización de las autoridades argentinas.
El conflicto surge porque, según informó la Oficina del Presidente, las compañías contarían con permisos concedidos por el Reino Unido para realizar tareas de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Para el Ejecutivo, esas autorizaciones no reemplazan las exigencias previstas por la legislación argentina.
Qué establece la Ley 26.659
El eje jurídico de la presentación está puesto en el régimen establecido por la Ley 26.659. Esa normativa impide realizar actividades relacionadas con hidrocarburos dentro de la Plataforma Continental Argentina cuando no existe una habilitación emitida por las autoridades nacionales.
A partir de esa disposición, el Gobierno pretende que la Justicia analice la situación de las empresas mencionadas y determine si sus actividades se encuentran alcanzadas por la prohibición prevista en la legislación.
La causa incorpora además el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes.
La presentación judicial forma parte de las acciones que el Gobierno lleva adelante en defensa de la posición argentina sobre la soberanía del archipiélago y sus recursos naturales.
"La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional", expresó el Gobierno.
La administración nacional también anticipó que continuará impulsando investigaciones y medidas judiciales frente a actividades que considere contrarias a los derechos soberanos que Argentina reivindica sobre esos territorios.
En ese sentido, afirmó que seguirá "investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina".
Con el sorteo del expediente, Julián Ercolini quedó formalmente al frente de la causa y será el juez encargado de intervenir en la investigación iniciada a partir de la denuncia del Gobierno.