El Gobierno designó a un exfuncionario del PRO al frente de la secretaría de Discapacidad

El Gobierno resolvió quién ocupará la Secretaría de Discapacidad luego de la renuncia de Alejandro Vilches, que se conoció casi 24 horas antes. El elegido es Pablo Di Liscia, un dirigente con vínculo directo con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien habría impulsado su llegada al cargo.

La designación se produce mientras continúa la discusión dentro del oficialismo por los recursos que tendrá el área y los ajustes contemplados en el Presupuesto 2027. En ese escenario, el nuevo funcionario tendrá entre sus principales desafíos ordenar las cuentas y avanzar con los cambios administrativos previstos.

Di Liscia es contador público y tiene antecedentes en distintos niveles de la administración pública. Fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Antes había ocupado los cargos de subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno del PRO.

A ese recorrido se suma una extensa experiencia en el sector privado. "Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado", explicaron desde el oficialismo al comunicar su designación.

Las prioridades del nuevo funcionario

La Secretaría que depende de la cartera encabezada por Mario Lugones tendrá una agenda centrada en la gestión de los recursos y el funcionamiento de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

Desde el Gobierno señalaron que la gestión de Di Liscia buscará "optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos".

El funcionario también mantendrá bajo su órbita la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, un proceso que comenzó después de que se detectaran distintas irregularidades y problemas estructurales en el organismo que anteriormente se denominaba Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El objetivo de esa revisión es identificar posibles casos irregulares y avanzar en el ordenamiento del sistema de pensiones.

La llegada de Di Liscia tiene además un componente económico. De acuerdo con fuentes de Balcarce 50, fue Luis Caputo quien acercó su nombre para hacerse cargo de la Secretaría, principalmente por su perfil técnico y los antecedentes que acumuló durante su paso por IOMA.

La expectativa dentro del Gobierno es que pueda aportar su experiencia en administración y control para intervenir sobre los números del área, precisamente cuando se encuentra bajo discusión el esquema de gastos previsto para 2027.

"Es un tipo de orden y reforma administrativa", describieron las fuentes consultadas por este medio al referirse al perfil del nuevo secretario.

La estrategia del Gobierno en el Congreso por los fondos en Discapacidad

Con la esperanza de llegar al miércoles con un proyecto consensuado que frene la iniciativa del peronismo, la izquierda y los diputados más críticos del Gobierno, la bancada de LLA quiere preservar la negociación en marcha frente a la sorpresa política de la renuncia en el área de Discapacidad.

"La verdad es que el tema es indiferente a lo que estamos charlando con los aliados", señaló a iProfesional un integrante del bloque oficialista que se mantiene al tanto de las negociaciones. "Estos días estamos a full con los teléfonos", comentan los libertarios para dar cuenta de contactos fluidos con los bloques dialoguistas para "llegar al plenario con consenso".

Hay un principio de acuerdo en torno a mantener el nomenclador así como la actualización de las prestaciones, dos puntos que reclamados por los aliados. "Es factible, vamos en ese sentido", confirmó otra fuente oficialista a este medio. El PRO y la UCR ya habían puesto como condición previamente que también se normalicen los pagos atrasados a los prestadores. El proyecto incluiría un cronograma de pagos.

Se trata de un cambio notable respecto del proyecto de Presupuesto para 2027, que propone entre otros puntos eliminar la universalidad de los valores del nomenclador y desindexar la actualización de las prestaciones que financia el Estado. La importancia radica en que el oficialismo promete que lo que se acuerde en el dictamen se incluirá en el Presupuesto. En la mesa política ya tomaron la decisión de dar marcha atrás con el planteo original.

Allí también se establecía que el pago de las pensiones sería incompatible con un empleo formal. El oficialismo está dispuesto a flexibilizar este punto, pero quiere que el otorgamiento del beneficio tenga criterios más rigurosos y "que la pensión sea solo para el que realmente lo necesita y no para todo los que tengan el CUD (Certificado Únicode Discapacidad)", según supo este medio. Es uno de los ítems que le queda por destrabar en el diálogo con los aliados.

El argumento de la tropa parlamentaria de Milei para frenar la Emergencia en Discapacidad

Lo que más le interesa a LLA es frenar la prórroga de la Ley de Emergencia que mueve la oposición y, en ese sentido, destacan el acuerdo que tienen con el PRO, la UCR y otros bloques respecto de la necesidad de cambiar el paradigma y establecer "la superioridad de una ley permanente sobre el régimen de emergencia".

"Las emergencias tienen una fecha final y si no hay renovación o se da después de la elaboración del prespupuesto, no tiene recursos presupuestados en el cálculo anual de gastos", explicaron en LLA ante una consulta de iProfesional sobre el tema. Se trata de una idea que pretende cumplir con la máxima del presidente Javier Milei: la restricción presupuestaria debe respetarse.

Para defender esta postura en una discusión sobre un tema de alta sensibilidad social como es la asignación de recursos para la atención de personas con discapacidad, el oficialismo señala que es necesario sustituir instrumentos excepcionales o temporales que dependen del contexto por reglas de fondo aprobadas por el Congreso, que den mayor previsibilidad.

En ese sentido, intentan llevar al debate la premisa de que "las reformas estructurales necesarias para abandonar el subdesarrollo no deberían descansar en herramientas jurídicas de excepción" y que "sancionar una ley permanente procura devolver al Congreso un papel central en la definición de reglas generales", según informan en el bloque.

Con esos argumentos, LLA apuesta a lograr un acuerdo con los aliados para avanzar con un proyecto de ley propio sobre los fondos para discapacidad que se refleje en el Presupuesto 2027 y cerrar así una nueva pelea con la oposición por este tema, recurrente desde que inició la gestión de Javier Milei.