El Gobierno celebró la decisión de Halliburton de no prestar servicios en Malvinas
Tras la salida de Halliburton del proyecto Sea Lion en el Atlántico Sur, el Gobierno argentino destacó un avance en su reclamo soberano
Halliburton Company anunció este viernes que no prestará servicios para el proyecto Sea Lion ni participará en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas. La decisión representa un triunfo para el gobierno argentino, que venía presionando a la petrolera estadounidense desde hace meses.
La Cancillería argentina celebró el anuncio como un resultado directo de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei. "La decisión, producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería, constituye un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes", destacó la Oficina del Presidente.
Halliburton comunicó formalmente su retiro a las autoridades argentinas. La empresa confirmó que no trabajará en el proyecto petrolero marítimo Sea Lion.
El proveedor de servicios petroleros reconoció que las autoridades argentinas habían planteado dudas sobre su posible participación en el proyecto. También mencionó la aplicación de la legislación vigente en relación con las actividades en el territorio británico en disputa, según informó la agencia Reuters.
Qué es el proyecto Sea Lion y por qué genera tanto conflicto
El yacimiento petrolero Sea Lion está ubicado a unos 225 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Se estima que alberga 1.700 millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos más importantes de la región.
El proyecto es una iniciativa conjunta de la compañía británica Rockhopper y la empresa israelí Navitas Petroleum. Ambas firmas buscan extraer petróleo del archipiélago sobre el que la Argentina mantiene su reclamo de soberanía.
La Argentina se opuso al proyecto desde su descubrimiento en 2010. Ese año, el gobierno argentino declaró ilegal la perforación en el yacimiento.
Desde entonces, el conflicto escaló. El yacimiento representa un punto de inflexión en la disputa por Malvinas: su explotación consolidaría la presencia económica británica en el territorio y haría más difícil cualquier negociación futura sobre soberanía.
Las presiones del gobierno argentino que forzaron el retiro
El anuncio de Halliburton se conoció después de que Milei intensificara el reclamo de soberanía. El presidente implementó sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
En septiembre, Milei presentó un proyecto de ley para tomar medidas drásticas contra las empresas que operan en las islas. La iniciativa busca penalizar a cualquier compañía que participe en actividades económicas no autorizadas por Argentina.
El Poder Ejecutivo ratificó su estrategia. "El Gobierno continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país", expresó en un comunicado.
La Casa Rosada advirtió que procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina. El gobierno reafirmó que "continuará ejerciendo y defendiendo sus derechos mediante todos los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional".
La escalada diplomática con el Reino Unido por Malvinas
El retiro de Halliburton ocurre en medio de una escalada diplomática entre Argentina y el Reino Unido. La tensión se agravó esta semana cuando Londres rechazó el arbitraje internacional que solicita Buenos Aires para frenar la explotación petrolera.
La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, había emitido un comunicado el jueves por la mañana. "La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como un intento de 'socavar' los derechos de alguien. Nada más alejado de la realidad", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Horas antes, el Reino Unido había calificado el pedido de arbitraje como un intento deliberado de "socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno".
La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, defendió la posición británica. "El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros", escribió.
El gobierno de Milei respondió en ese contexto. La decisión de Halliburton representa un triunfo simbólico en medio de la disputa diplomática más intensa de los últimos años por el archipiélago.