Privatización de AySA: legisladores denuncian a funcionarios y buscan trabar adjudicación

En medio del proceso de privatización de la empresa de aguas AySA, un grupo de diputados y senadores del peronismo denunciaron ante la fiscalía anticorrupción al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, y otros por "graves irregularidades" y "tasaciones secretas".

La denuncia fue presentada en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el órgano especializado del Ministerio Público Fiscal encargado de investigar irregularidades administrativas y delitos de corrupción, por los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano.

Todo ellos integran la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que, según remarcan en la denuncia, no pudo ejercer su función de controlar que la empresa sea vendida por su valor real y de la misma manera tampoco es informada sobre el proceso relativo a otras empresas públicas que el gobierno de Javier Milei busca privatizar.

Responsabilizan por ello a Chaher, aunque la solicitud de investigación presentada ante la PIA alcanza también al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a las autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

¿Qué dice la denuncia de los legisladores ante la privatización de AySA?

La denuncia se presentó horas antes de la apertura de ofertas por el 90% de las acciones de AySA que poseía el Estado. Este jueves se confirmó que pasarán a manos del consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor -vinculada al empresario Mauricio Filiberti- que presentó la propuesta más alta con u$s 349 millones.

Los diputados y senadores decidieron hacer su presentación ante la PIA porque entienden que una denuncia penal en sede judicial podría ser "cajoneada", según comentó una fuente de la bancada de senadores de Unión por la Patria a iProfesional, mientras que la llamada fiscalía anticorrupción está obligada a intervnir y pronunciarse.

En el escrito advirtieron que el Poder Ejecutivo "armó, norma por norma, un circuito que sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legalmente competente, cambió el método de valuación y declaró secreto el resultado". Al respecto, subrayaron que "con ese circuito, se está vendiendo AySA".

Los legisladores señalaron que de esta manera se desplazó al Tribunal de Tasaciones, organismo encargado de valuar los bienes del Estado, y se convirtió en secreto el precio de las empresas públicas que el Gobierno quiere privatizar, entre las cuales también están Enarsa, Intercargo, Trenes Argentinos y Belgrano Cargas. Todo ello, sin informar tampoco a la Comisión Bicameral del Congreso, según subrayaron.

"Ninguna norma de rango legal autoriza a mantener en secreto la tasación de una empresa pública en venta. Todas las normas aplicables exigen lo contrario", remarcaron los diputados y senadores de UP en otro tramo de su denuncia.

En ese sentido, señalaron que la Ley 23.696 de Reforma del Estado en su artículo 14 "establece que la Comisión Bicameral debe ser informada permanentemente y 'a su requerimiento' de toda circunstancia relacionada con las privatizaciones, con la documentación correspondiente". Y agregaron: "Esto es básico y Chaer desconoce lo básico".

Los legisladores apuntan al funcionario responsable de las privatizaciones

Si bien la denuncia es sobre preuntas irregularidades en todo el proceso de privatización de empresas públicas, incluye un punto aparte sobre AySA con críticas directas a Chaher por retacearle información a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, siempre según los denunciantes.

En el escrito que presentaron ante la PIA indicaron que el 12 de agosto pasado la comisión "pidió informes sobre procedimientos, criterios de valuación y avance de las privatizaciones" y convocó al titular de la ATEP. "Sus integrantes recibieron 10.000 fojas de actuaciones 48 horas antes de la audiencia, convirtiendo en imposible la tarea de examinar, estudiar y evaluar la información".

Chaher expuso finalmente ante la Comisión Bicameral el 23 de septiembre "y allí admitió que la tasación de AySA existe y no la entregó", señala la denuncia, al tiempo que "fundó el secreto en la resolución ATEP 1 y en el artículo 8 de la Ley 27.275, que regula las excepciones al derecho de acceso a la información pública.

La denuncia indicó que pocos días despuès, el 28 de septiembre, "las diputadas Ianni y Carignano presentaron una nota en la ATEP, intimando a Chaher a entregar en 72 horas hábiles, íntegra y sin testar, la documentación, antecedentes técnicos y matrices metodológicas de la tasación y el presupuesto oficial de AySA" y otras empresas en proceso.

"La respuesta se recibió el 1 de octubre. Chaher no entregó nada. Dijo que la nota no expresa una decisión de la mayoría de la comisión", repasó el escrito y agregó que el funcionario "no negó que la tasación exista ni que la Resolución 1/2026 la haya declarado reservada", pero además "no invocó ninguna norma con rango de ley que habilite el secreto".

Denuncia y una causa en curso en Buenos Aires: ¿se puede trabar la adjudicación de AySA?

La empresa AySA provee servicios de agua potable y cloacas a aproximadamente 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras la apertura de ofertas, el consorcio que integra el empresario Filibert -socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor- controlará el 90% de la compañía por los próximos 30 años.

No obstante, el grupo económico empezaría a manejar la empresa entre enero y febrero de 2027. La denuncia de los legisladores apunta a esa ventana de tiempo Si en su respuesta la PIA emite una resolución que objete el proceso de privatización antes de enero la adjudicación de AySA al nuevo consorcio empresarial podría verse trabada.

En rigor, la privatización de AySA es un objetivo que el gobierno de Milei tiene hace tiempo, ya que fue incluída en el listado de empresas públicas a vender de la Ley Bases, pero se vio demorada por otras presentaciones judiciales en contra.

Entre ellas una cautelar pedida por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino. El organismo, fuertemente vinculado al gobierno de Axel Kicillof, reclamó que AySA se abstuviera de recortar inversiones, postergar obras, flexibilizar controles de calidad del agua o reducir sus obligaciones en el conurbano bonaerense.

La entidad logró un fallo favorable en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata. La causa pasó al fuero federal, pero esa decisión fue apelada y el tribunal dispuso hace pocos días que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires determine el fuero definitivo donde tendrá que seguir la causa contra AySA, que recoge además reclamos por problemas de baja presión, cortes y aumentos tarifarios.

Así, la denuncia de los legisladores nacionales sobre el proceso de privatización y la causa que promueve el Gobierno bonaerense mantienen latente la posibilidad de que aparezcan trabas para la adjudicación formal de AySA al grupo que ganó la licitación y que, si nada cambia, manejará la empresa por los próximos 30 años.