Perdió el Nobel de la Paz y Trump anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional
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El Gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) para restringir sus recursos y limitar su capacidad de actuación. La decisión fue comunicada pocas horas después de que la jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en la defensa del derecho internacional y los derechos humanos. El tribunal, con sede en La Haya, rechazó las medidas y advirtió que constituyen un ataque contra el Estado de derecho y los fundamentos del orden jurídico internacional.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado estadounidense, que justificó las restricciones como una forma de defender la soberanía del país y neutralizar lo que considera una amenaza de la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Washington prohibiría las transacciones con el tribunal y sostuvo que las medidas buscan impedir que sus funcionarios, integrantes de las Fuerzas Armadas y dirigentes políticos sean sometidos a procesos judiciales internacionales.
"Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos", afirmó Rubio, quien reiteró que el Gobierno de Trump no reconoce la jurisdicción de ese organismo sobre ciudadanos estadounidenses.
La CPI rechazó las sanciones mediante un comunicado difundido este viernes. "La historia juzgará este momento", señaló el tribunal, que consideró que las restricciones cuestionan el principio de que nadie está por encima de la ley.
Qué sanciones anunció el Gobierno de Trump contra la CPI
Según el Departamento de Estado, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a 17 personas vinculadas con la Corte Penal Internacional y ahora resolvió ampliar las medidas contra el organismo.
Rubio anunció que Washington prohibirá las transacciones con el tribunal, con el objetivo de restringir sus recursos financieros y afectar su capacidad operativa. El funcionario también advirtió que la administración estadounidense continuará su campaña contra la institución si no modifica su actuación.
"O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI", declaró el secretario de Estado en un comunicado y en un video publicado en sus redes sociales.
El funcionario sostuvo que Washington había comunicado durante más de un año sus exigencias al tribunal y que había evitado adoptar nuevas sanciones con la expectativa de que la CPI o sus Estados miembros modificaran su posición. Sin embargo, afirmó que no se habían producido avances suficientes para responder a las preocupaciones estadounidenses.
Rubio también instó a los países aliados de Estados Unidos que integran la Corte a intervenir para limitar su actuación. En particular, cuestionó que esos Estados formen parte de un organismo cuya jurisdicción Washington rechaza, mientras dependen de las Fuerzas Armadas estadounidenses para su defensa.
"Seguiremos desmantelando la CPI ladrillo por ladrillo", advirtió el funcionario, al señalar que las medidas continuarán mientras el Gobierno considere que el tribunal representa una amenaza para los intereses estadounidenses.
La administración Trump ya había sancionado a funcionarios individuales de la Corte, entre ellos su fiscal y varios jueces, por investigaciones relacionadas con Estados Unidos e Israel. El mes pasado, además, el presidente estadounidense había pedido a los Estados miembros que abandonaran el organismo, al que calificó de estar "fuera de control".
Por qué Estados Unidos rechaza la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
La principal objeción del Gobierno estadounidense es que la CPI pueda investigar y procesar a ciudadanos de un país que no integra el tribunal, incluidos militares y funcionarios públicos.
Rubio sostuvo que tanto administraciones republicanas como demócratas rechazaron históricamente que la Corte tuviera autoridad para juzgar a estadounidenses. En esa línea, afirmó que las nuevas restricciones buscan proteger al personal de seguridad y a los representantes electos del país frente a posibles procesos internacionales.
Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional, al igual que Israel. El tribunal fue creado en 2002 y tiene sede en La Haya, Países Bajos. Su función es investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, bajo determinadas condiciones, el crimen de agresión.
Las sanciones anunciadas se inscriben en una campaña de presión de la administración Trump contra la institución, que ya había adoptado medidas contra integrantes del tribunal por investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses y por actuaciones relacionadas con Israel.
Por su parte, la CPI sostuvo que las nuevas restricciones no solo afectan a la institución, sino que también ponen en cuestión los principios del sistema jurídico internacional.
"Las sanciones constituyen un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley", señaló el organismo en su comunicado.
Quién es Navi Pillay, la ganadora del Nobel de la Paz 2026
La decisión de Washington se conoció pocas horas después de que el Comité Noruego del Nobel anunciara que Navanethem Pillay, de 85 años, recibiría el Premio Nobel de la Paz 2026.
La jurista sudafricana fue reconocida por su trayectoria en la defensa del derecho internacional, los derechos humanos y la persecución judicial de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.
Al anunciar el galardón en Oslo, el presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, destacó el papel de Pillay en el desarrollo de los principios jurídicos universales y en la exigencia de responsabilidades a los Estados y sus dirigentes.
"La paz requiere justicia", sostuvo el Comité en su fundamentación, en la que también subrayó la importancia del Estado de derecho como base para resolver conflictos de manera no violenta.
Pillay desarrolló una extensa carrera judicial y en organismos internacionales:
- En 1995 fue designada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica y ese mismo año fue elegida magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde se desempeñó durante ocho años y presidió el organismo en su etapa final
- Durante su trabajo en ese tribunal tuvo un papel relevante en el desarrollo de la jurisprudencia sobre violencia sexual y genocidio
- En 2003 fue designada jueza de la Corte Penal Internacional, cargo que ocupó hasta agosto de 2008
- Entre 2008 y 2014 se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- También presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza
- Actualmente, integra la labor judicial vinculada con el caso en el que Myanmar enfrenta acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia
Antes de su trayectoria internacional, Pillay ejerció como abogada defensora de activistas que luchaban contra el apartheid en Sudáfrica. Durante esos años denunció casos de tortura y contribuyó a impulsar garantías para los presos políticos. También participó en organizaciones vinculadas con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
En la fundamentación del Nobel, el Comité destacó su compromiso con los principios jurídicos universales y su trabajo para exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos.
La respuesta de la Corte Penal Internacional
La CPI rechazó las sanciones estadounidenses y advirtió sobre sus consecuencias para el orden jurídico internacional. Su pronunciamiento coincidió con el anuncio del Nobel a Pillay, aunque el comunicado de Rubio no mencionó directamente a la jurista ni al premio.
La controversia profundiza el enfrentamiento entre Washington y el tribunal internacional por el alcance de su jurisdicción y la posibilidad de investigar a funcionarios y ciudadanos de países que no forman parte del organismo.
Mientras el Gobierno de Trump sostiene que las restricciones son necesarias para proteger la soberanía estadounidense, la Corte afirma que las sanciones afectan los principios que sustentan la justicia internacional.
El conflicto abre una nueva etapa de tensión entre Estados Unidos y la institución con sede en La Haya, en un contexto en el que la administración estadounidense mantiene su rechazo a la jurisdicción de la CPI y busca que sus Estados miembros limiten su actuación.
