Estiman que costará $90 millones reparar los destrozos y denuncian a manifestantes
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El Ministerio de Seguridad prepara una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron incidentes violentos durante la marcha universitaria del jueves frente al Congreso. La presentación judicial incluirá cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.
El equipo jurídico de la cartera trabaja en la redacción del texto que se presentará ante la Justicia. El objetivo es llevar adelante acciones judiciales concretas contra quienes participaron en los hechos de violencia que se registraron en las inmediaciones del Parlamento.
Los destrozos en el espacio público dejaron marcas profundas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó de forma preliminar que los daños ascienden a $90 millones.
Este presupuesto inicial contemplaría la reparación del mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Congresos y las áreas circundantes fueron los más afectados por la acción de los grupos violentos que operaron en la zona.
En simultáneo, el ministerio avanza en la recolección de imágenes que servirán como prueba. El material audiovisual recopilado busca identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones en la Plaza de los Congresos y su entorno.
Esa tarea de documentación resulta central. Cada video y fotografía permitirá individualizar a los acusados en el expediente judicial.
La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva publicó una serie de mensajes en redes sociales al respecto. "Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley", señaló por un lado.
Luego, subió un posteo con un irónico mensaje. "Así los universitarios reclaman sus derechos", escribió y lo acompañó con un video de los desmanes y música clásica de fondo.
Heridos, detenidos y un menor involucrado
La jornada dejó un saldo de al menos 25 personas detenidas a lo largo de los enfrentamientos. Los choques se extendieron por las calles aledañas al edificio legislativo durante más de dos horas.
Entre los casos que trascendieron, uno concentró particular atención. La Policía de la Ciudad aprehendió a un menor de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre tras sorprenderlo arrojando piedras contra un móvil policial.
La Unidad Fiscal de Flagrancia (UFLA) Este ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. La normativa vigente establece un tratamiento diferenciado para menores de edad involucrados en hechos de esta naturaleza.
Los incidentes comenzaron tras la caída de la sesión en Diputados. Sectores radicalizados se desprendieron de la columna principal de manifestantes y avanzaron sobre las líneas de contención policial.
Las fuerzas de seguridad también pagaron un precio. En total, ocho efectivos resultaron lesionados durante el operativo desplegado en torno al Congreso.
El desglose incluye cuatro agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los uniformados recibieron piedras y otros objetos contundentes. Los grupos violentos protagonizaron las escenas de mayor tensión de la tarde.
El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Congresos fueron los más afectados. La acción de los grupos violentos dejó un tendal de destrozos que ahora el Gobierno porteño deberá reparar con fondos públicos.
Quién paga los daños del espacio público
Los destrozos que ocurren en las inmediaciones del Congreso durante una marcha los paga inicialmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de los impuestos de sus contribuyentes.
El mecanismo funciona en dos niveles claramente diferenciados.
Primero, el pago inicial y operativo. El costo de la limpieza, la recolección de escombros, la reposición de contenedores, luminarias, bancos y el arreglo de espacios verdes o veredas lo afronta la Ciudad.
Segundo, la responsabilidad legal y judicial. El Gobierno porteño suele presentar denuncias penales o iniciar acciones administrativas e intimaciones contra los sindicatos, organizaciones o personas identificadas como responsables.
El objetivo: trasladarles judicialmente esos costos. Sin embargo, en la práctica el desembolso inicial y la reposición inmediata de la vía pública salen del presupuesto porteño.
Jorge Macri expresó su posición en X: "Quieren instalar la barbarie. Son delincuentes y zurdos infiltrados que no les interesa la educación. Vamos a seguir defendiendo nuestra ciudad. Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos. Ley y orden".
Los antecedentes de intimaciones a gremios y organizaciones
Existen múltiples casos recientes en los que el Gobierno Nacional o el de la Ciudad intimaron formalmente a gremios y organizaciones sociales a pagar los costos de operativos o destrozos.
Las intimaciones más resonantes incluyen protestas contra el DNU 70/2023, el debate de la Ley Ómnibus y la aprobación final de la Ley Bases, con montos reclamados que van desde los $56 millones hasta los $278 millones.
Los casos documentados por la prensa incluyen:
- Diciembre de 2023 – Marchas contra el DNU 70/2023: El Ministerio de Seguridad exigió mediante cartas documento $56 millones a gremios como Camioneros, UOCRA, UOM, ATE y el Sindicato del Neumático por los costos operativos del despliegue de fuerzas de seguridad durante las movilizaciones del 22 y 27 de diciembre de 2023.
- Febrero de 2024 – Debate de la Ley Ómnibus: El Gobierno porteño anunció acciones legales para cobrar $100 millones a agrupaciones de izquierda, movimientos piqueteros y sectores sindicales que protestaron entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2024 frente al Congreso.
- Junio de 2024 – Aprobación de la Ley Bases: Jorge Macri tasó los daños en $278 millones tras los serios disturbios del 12 de junio de 2024 en la Plaza del Congreso, que derivaron en autos incendiados y baldosas rotas. Se presentaron denuncias civiles y penales ante la Justicia Federal y de la Ciudad.
Sin embargo, nunca quedó claro si efectivamente se realizaron esos pagos. La práctica muestra que las intimaciones se concretan, pero la recuperación efectiva de los fondos sigue siendo una incógnita.
La protesta del jueves, convocada en defensa de la educación pública universitaria, también incluyó el reclamo por la ley de emergencia en discapacidad. Los desmanes se concentraron durante las horas de la tarde, cuando sectores radicalizados provocaron las escenas de violencia que ahora son objeto de la investigación judicial en marcha.
