El Tribunal del Mar fijó fecha para analizar el reclamo por el petróleo de Malvinas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) convocó para el 10 y 11 de noviembre de 2026 a las audiencias por el pedido de la Argentina para que se detenga el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

El Gobierno argentino solicitó que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de las actividades de explotación mientras se tramita el arbitraje internacional. También pidió medidas para evitar que avance el proyecto y se agrave la controversia entre ambos países.

La presentación se produjo después de que venciera el plazo de dos semanas que Buenos Aires había otorgado a Londres para que frenara las actividades vinculadas con el emprendimiento. Ante la falta de una respuesta favorable a esa exigencia, la Argentina avanzó con el pedido de medidas provisionales ante el tribunal internacional, con sede en Hamburgo, Alemania.

Las audiencias fueron fijadas bajo la firma de el juez Maurice K. Kamga que, en el comunicado oficial, describió al caso como "caso sobre la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra el Reino Unido), relativo a medidas provisionales".

"El 13 de octubre de 2026, la Argentina había presentado ante el Tribunal una solicitud para que se dictaran medidas provisionales, en virtud del artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el marco de una "controversia relativa a la explotación de recursos de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental", informaron sobre el reclamo argentino.

Qué reclama la Argentina ante el Tribunal del Mar

El planteo argentino busca preservar los derechos que el país reivindica sobre su plataforma continental mientras se tramita el arbitraje. Además de solicitar que se detengan las actividades de explotación, el Gobierno pidió que no se utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de sus derechos y que se eviten nuevas autorizaciones que agraven la controversia.

La presentación se encuadra en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Argentina recurrió al mecanismo de medidas provisionales para intentar evitar que el desarrollo petrolero avance antes de que se examine el fondo de la disputa, en una presentación que Javier Milei llevó ante el Tribunal del Mar para frenar Sea Lion.

El procedimiento ante el ITLOS y el arbitraje internacional son instancias relacionadas, pero diferentes. En noviembre, el tribunal deberá evaluar si corresponde adoptar medidas urgentes, sin que eso implique una resolución definitiva sobre la soberanía de las islas.

El reclamo forma parte de las gestiones diplomáticas y jurídicas con las que el Gobierno argentino busca cuestionar las actividades hidrocarburíferas autorizadas por las autoridades isleñas.

Sea Lion: qué empresas impulsan el proyecto petrolero

La iniciativa está a cargo de la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El yacimiento se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago.

Las empresas avanzaron con la decisión de inversión para desarrollar el campo y proyectan iniciar la producción comercial en 2028. El plan requiere perforaciones e infraestructura offshore para extraer petróleo en aguas del Atlántico Sur.

Según las estimaciones difundidas sobre el emprendimiento, Sea Lion podría generar exportaciones brutas cercanas a los u$s1.600 millones anuales una vez que alcance la producción comercial. El resultado dependerá de la puesta en marcha del yacimiento y de las condiciones del mercado petrolero.

El proyecto tiene relevancia económica por su potencial exportador y es uno de los focos de tensión entre Buenos Aires y Londres por la disputa sobre la soberanía y los derechos sobre los recursos naturales de la zona.

La respuesta del Reino Unido al reclamo argentino

El Gobierno británico confirmó que participará del procedimiento internacional, pero sostiene que el reclamo argentino no invalida las licencias otorgadas por las autoridades de las islas ni obliga a detener las actividades hidrocarburíferas.

Londres mantiene su respaldo al emprendimiento y sostiene que las autoridades isleñas pueden habilitar el desarrollo de sus recursos naturales. La posición se contrapone con la de la Argentina, que cuestiona las autorizaciones concedidas unilateralmente para explotar hidrocarburos en un área cuya soberanía reclama.

La discusión también involucra las licencias otorgadas a las compañías y la posibilidad de que se habiliten nuevas actividades en la zona. Para Buenos Aires, el avance de las operaciones puede afectar los derechos que sostiene sobre su plataforma continental antes de que se resuelva el arbitraje.

El frente judicial argentino contra Sea Lion

En paralelo al procedimiento internacional, el proyecto enfrenta cuestionamientos en los tribunales argentinos. En septiembre, la Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender cautelarmente las actividades vinculadas con Sea Lion, en una causa relacionada con la prevención de daños ambientales.

La resolución alcanzó a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y contempló medidas para frenar el avance de las operaciones. El expediente también incluyó requerimientos de información sobre las compañías y documentación relacionada con el emprendimiento.

La cautelar constituye otra instancia judicial contra el desarrollo petrolero. Sin embargo, es independiente del procedimiento ante el Tribunal del Mar: la resolución argentina no reemplaza la decisión que deberá adoptar el organismo internacional sobre las medidas solicitadas por el Gobierno.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar en noviembre

Las audiencias previstas para el 10 y 11 de noviembre permitirán que el tribunal examine los argumentos de las partes y determine si corresponde dictar medidas provisionales mientras continúa el procedimiento arbitral.

Una eventual decisión podría incidir en el desarrollo inmediato de Sea Lion, aunque no resolvería por sí misma la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

El tribunal deberá pronunciarse sobre el pedido de medidas urgentes presentado por Buenos Aires. Mientras tanto, las compañías mantienen sus planes para desarrollar el yacimiento y el Reino Unido sostiene su respaldo a las licencias otorgadas para la explotación petrolera.