Estados Unidos reconoció que hay "preocupación" en sus empresas por la ley Malvinas
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Estados Unidos reconoció este jueves que sigue con atención el alcance de la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La legislación propone aplicar sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina.
La definición llegó de boca de Christopher Landau, vicesecretario de Estado estadounidense. El funcionario habló durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín.
"Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina", sostuvo Landau. El número dos de Marco Rubio agregó: "Estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas".
El diplomático evitó formular cualquier pedido de modificación del proyecto. "Es natural que cualquier país se preocupe por eso", planteó.
Landau cerró su posición con una frase cuidadosa: "Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina".
La declaración se produjo después de que el Gobierno argentino reconociera contactos con Washington. La preocupación estadounidense se concentra en las consecuencias que podrían tener las sanciones sobre compañías y grandes fondos de inversión de ese país que operan directa o indirectamente en las islas.
Según trascendió, en la Casa Rosada descartan avanzar contra actores financieros de ese peso. Una medida de esas características comprometería la relación bilateral en un momento clave.
El Ejecutivo mantiene una posición dual. Por un lado, sostiene que las observaciones estadounidenses no representan una exigencia formal para retirar la iniciativa. Por otro, cuida no cruzar líneas rojas con Washington.
La decisión oficial es clara: impulsar el tratamiento en el Congreso, pero sin generar un conflicto diplomático de magnitud.
Qué empresas estadounidenses quedarían alcanzadas por las sanciones
La controversia se concentra en el alcance de las penalidades. El texto apunta a empresas que participan directa o indirectamente de proyectos económicos en Malvinas.
El foco principal son los proyectos vinculados con la explotación hidrocarburífera. Allí operan compañías británicas con capitales estadounidenses y fondos de inversión de Wall Street.
El proyecto presentado por el Gobierno busca reemplazar la Ley 26.659. La nueva legislación amplía las herramientas para actuar sobre quienes financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación sin autorización argentina.
La iniciativa contempla multas millonarias. También prevé inhabilitaciones comerciales y restricciones para operar en territorio argentino.
Además, el texto incluye mecanismos para que las compañías abandonen las actividades alcanzadas por el régimen. Las empresas tendrían un plazo para desistir de inversiones realizadas bajo licencias que Argentina considera ilegítimas.
La defensa de Quirno y el mensaje a las empresas extranjeras
El canciller Pablo Quirno salió a defender la reforma. Aseguró que la legislación vigente no ofrece todas las herramientas necesarias para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur, especialmente frente al avance de la explotación hidrocarburífera en las islas.
"No va en contra de nadie en particular", sostuvo Quirno. El funcionario planteó que las empresas deberán evaluar entre dos caminos.
Uno: continuar con operaciones cuestionadas en las islas. Dos: desarrollar inversiones en el territorio continental argentino, donde el Gobierno considera que existe un potencial energético considerablemente mayor.
El mensaje apunta a redirigir inversiones hacia Vaca Muerta y otras cuencas argentinas. La estrategia busca desincentivar la actividad en Malvinas sin cerrar la puerta a capitales extranjeros.
Quirno remarcó que la causa Malvinas es innegociable para la Argentina. Ratificó que el Gobierno continuará utilizando las vías diplomáticas y jurídicas disponibles.
La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre. Sin embargo, todavía enfrenta diferencias con los bloques aliados por los capítulos vinculados con seguridad nacional, defensa e inteligencia.
El oficialismo postergó el tratamiento en comisiones. La Casa Rosada negocia modificaciones al Consejo de Seguridad Nacional y a otras disposiciones del proyecto.
El pedido estadounidense para disolver el Comité de Descolonización de la ONU
Landau también se refirió a otro tema sensible: el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas.
El funcionario aseguró que esa solicitud no implica una definición específica sobre el reclamo argentino por Malvinas. "No es ningún secreto que parte de nuestra agenda en la administración Trump es la reforma de instituciones multilaterales como las Naciones Unidas", explicó.
Landau cuestionó el funcionamiento de distintos comités. Sostuvo que algunos han adoptado posiciones contrarias a los intereses estadounidenses.
"Espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo", agregó el diplomático.
Quirno reconoció que el Comité de Descolonización constituye un foro relevante para el reclamo argentino. Allí se debate anualmente la cuestión Malvinas.
Sin embargo, aclaró que la posición del país no depende exclusivamente de su existencia. El canciller sostuvo que las resoluciones que respaldan la reivindicación de soberanía forman parte del sistema de Naciones Unidas.
"En la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella sobre nuestro reclamo", afirmó Quirno. El canciller ratificó que el objetivo argentino es conseguir que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones por la soberanía de las islas, más allá de los foros multilaterales donde se presente el reclamo.
Los anuncios de cooperación en seguridad y ciberseguridad
El encuentro también incluyó anuncios de cooperación estadounidense en distintas áreas. Quirno informó que Washington aprobó u$s13 millones para programas contra el narcotráfico.
De ese total, u$s7,5 millones financiarán proyectos en la Argentina. Los fondos se destinarán a fortalecer capacidades operativas contra el tráfico de drogas.
Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un pacto para la protección de la infancia. El acuerdo contempla asistencia de hasta u$s10 millones para combatir la trata de menores.
El canciller anunció también un aporte no reembolsable de u$s15 millones. Ese monto se destinará a establecer un centro de operaciones de ciberseguridad.
El proyecto incluye una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT. La asistencia estadounidense apunta a fortalecer la infraestructura crítica argentina frente a amenazas cibernéticas.
La agenda bilateral se completó con conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, el acuerdo comercial y el programa de exención de visas.
Los funcionarios repasaron los avances del Corredor Andes-Atlántico. Esa iniciativa busca conectar las regiones mineras y energéticas argentinas con los puertos del Atlántico mediante financiamiento e infraestructura.
Quirno confirmó que ambos países continúan negociando el ingreso de la Argentina al programa que permitiría viajar a Estados Unidos sin una visa tradicional. Sin embargo, no anunció una fecha de incorporación.
El canciller también ratificó los preparativos para la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance. El viaje está previsto para noviembre.
