Hotesur-Los Sauces: los roles que la fiscalía atribuye a cada acusado
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El juicio oral unificado por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes con la lectura de las acusaciones contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y los demás imputados. Los fiscales sostienen que el esquema investigado habría permitido transferir dinero de origen ilícito a las sociedades de la familia mediante contratos de alquiler y otras operaciones inmobiliarias y hoteleras.
Las imputaciones distinguen entre quienes habrían organizado la estructura, los empresarios señalados por aportar o canalizar fondos, y las personas que habrían intervenido en la administración de las sociedades, la contabilidad y la instrumentación de las operaciones.
Hay que destacar que Florencia Kirchner no integra el grupo de acusados, aunque en el requerimiento de elevación a juicio se describieron operaciones vinculadas con propiedades y fondos que habría recibido o utilizado. Fue apartada de las dos causas por decisión judicial, confirmada por la Corte Suprema.
Qué se le imputa a Cristina y Máximo Kirchner
Cristina Kirchner: la fiscalía pidió juzgarla como presunta jefa de una asociación ilícita, coautora de lavado de activos y por admisión de dádivas en la causa Los Sauces. Según el requerimiento, habría avalado balances, compras y contratos de la sociedad familiar, a través de la cual se habrían canalizado fondos provenientes de empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo. La acusación también señala que el dinero habría sido incorporado al patrimonio familiar mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.
Máximo Kirchner: está acusado como presunto organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos. Los fiscales le atribuyen haber administrado Los Sauces, firmado contratos de alquiler y cheques, intervenido en la compra de propiedades y coordinado operaciones con empresas de los grupos Báez e Indalo. Entre los hechos mencionados figura la adquisición del Hotel La Aldea, en El Chaltén, por $200.000, un valor que la acusación considera muy inferior al real. El establecimiento habría sido alquilado primero a Valle Mitre, vinculada a Báez, y después a Idea SA, relacionada con Osvaldo Sanfelice.
Los empresarios señalados por el presunto circuito de fondos
Lázaro Báez: está acusado como organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos. La fiscalía sostiene que habría canalizado hacia Los Sauces dinero procedente de la obra pública vial en Santa Cruz mediante empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Valle Mitre. Los contratos de alquiler de inmuebles y hoteles habrían servido, según la hipótesis acusatoria, para justificar las transferencias.
Cristóbal López: la acusación le atribuye haber integrado y organizado la presunta asociación ilícita, además de participar en maniobras de lavado de activos y ofrecimiento de dádivas. Según los fiscales, habría intervenido en la transferencia de fondos del Grupo Indalo a Los Sauces mediante empresas como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, entre otras operaciones. Los alquileres de propiedades en Madero Center habrían funcionado como respaldo formal de esos movimientos.
Fabián De Sousa: está acusado de participar en la organización y en las maniobras de lavado de activos y ofrecimiento de dádivas atribuidas al Grupo Indalo. La fiscalía sostiene que intervino en el envío de fondos a Los Sauces a través de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, y también mediante Idea SA. Según el requerimiento, esos pagos habrían disimulado entregas de dinero a los expresidentes a cambio de contratos y beneficios estatales.
Los colaboradores y administradores de Los Sauces
Osvaldo Sanfelice: está señalado como organizador de la presunta asociación ilícita. La acusación le atribuye haber intervenido en el manejo de Los Sauces y en la ejecución de operaciones inmobiliarias y hoteleras que habrían permitido canalizar fondos de los grupos Báez e Indalo. También se menciona su doble función como apoderado de la sociedad familiar y empleado de Álcalis de la Patagonia, desde donde habría participado en la recepción de cheques emitidos por empresas del Grupo Indalo.
Víctor Manzanares: el excontador de la familia Kirchner está acusado como presunto organizador de la asociación ilícita. Los fiscales sostienen que aportó sus conocimientos técnicos para estructurar el mecanismo financiero, llevó la contabilidad de las operaciones, fijó la sede fiscal de la sociedad en su estudio de Río Gallegos y administró inmuebles de Los Sauces y de la familia.
Romina de los Ángeles Mercado: la sobrina de Cristina Kirchner está acusada como integrante de la presunta asociación ilícita. La fiscalía le atribuye haber dirigido el esquema de canalización de fondos durante su presidencia en Los Sauces y haber mantenido contratos de alquiler con empresas de los grupos Báez e Indalo. También le adjudica intervención en la adquisición del departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, que habría quedado a disposición de Florencia Kirchner sin contraprestación.
Carlos Sancho: el exgobernador de Santa Cruz está acusado de integrar la asociación ilícita. Según la fiscalía, habría participado en negocios inmobiliarios con Máximo Kirchner y Sanfelice, intervenido en la administración de propiedades y contratos de alquiler y facilitado la utilización de Idea SA para reemplazar a Valle Mitre en la canalización de fondos del Grupo Indalo hacia Los Sauces.
Qué se les atribuye a los integrantes del Grupo Báez
- Martín Báez: está acusado como integrante de la presunta asociación ilícita y de haber participado en el circuito de lavado de activos. La fiscalía sostiene que intervino en operaciones destinadas a transferir a Los Sauces dinero proveniente de empresas vinculadas a la obra pública. Entre los hechos mencionados figura una compraventa de un terreno en Río Gallegos formalizada en 2010 con Máximo Kirchner, en representación de Los Sauces
- Leandro Báez: la acusación le atribuye haber participado en el esquema de canalización de fondos como socio, gerente y apoderado de Loscalzo y Del Curto. Según el requerimiento, habría intervenido en operaciones vinculadas con el alquiler del edificio de Mariano Moreno 882, en Río Gallegos, utilizado para justificar transferencias hacia Los Sauces
- Luciana Báez: está señalada por su intervención como apoderada de Loscalzo y Del Curto y de Austral Construcciones. La fiscalía sostiene que habría participado en el circuito de fondos mediante el alquiler del inmueble de Mariano Moreno 882, una operación que, según la hipótesis acusatoria, habría servido para dar apariencia legítima a los pagos dirigidos a la sociedad familiar
Los exfuncionarios y otros acusados
La acusación también menciona a exfuncionarios que habrían intervenido, desde sus cargos públicos, en el esquema de asignación de fondos estatales y obra pública que la fiscalía vincula con el origen del dinero investigado.
Entre ellos figuran Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal; y Nelson Periotti, exadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad. El material aportado los incluye entre las personas mencionadas en la hipótesis de la organización, pero no detalla en ese tramo una descripción individual completa de las conductas atribuidas a cada uno. Por eso, sus responsabilidades específicas deben distinguirse de las imputaciones desarrolladas expresamente para otros acusados.
También fueron mencionados los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña, en relación con la intervención de profesionales en la instrumentación de operaciones y documentos. El material disponible no precisa de manera individual qué conducta concreta se atribuye a cada uno. Asimismo, aparece Emilio Carlos Martin entre las personas señaladas como integrantes del entramado, sin un desarrollo específico de su presunta intervención en el fragmento aportado.
La hipótesis general de la fiscalía
El eje de la acusación es que, entre 2009 y 2016, Los Sauces habría recibido fondos de empresas vinculadas a los grupos Báez e Indalo a través de contratos de alquiler de propiedades y complejos hoteleros. Esas operaciones, según los fiscales, habrían permitido presentar las transferencias como ingresos comerciales y dar apariencia lícita al dinero.
El requerimiento sostiene que el 88% de la facturación de Los Sauces en ese período provino de empresas de ambos grupos y que el patrimonio neto de la sociedad pasó de $100.000 a más de $12 millones. Esos datos forman parte de los elementos expuestos por la acusación y no constituyen, por sí mismos, una declaración judicial de culpabilidad.
La lectura de los requerimientos continuará con el detalle de los hechos y las pruebas reunidas. Las responsabilidades de cada imputado deberán ser examinadas durante el juicio, en el que las defensas podrán controvertir las acusaciones.
