El Gobierno consiguió dictamen del proyecto Malvinas tras negociar con sus aliados
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El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional consiguió este miércoles el dictamen de mayoría en comisión. La iniciativa busca defender los recursos naturales en las Islas Malvinas y endurecer las sanciones contra quienes los exploten sin autorización argentina.
El oficialismo negoció hasta último momento con los bloques aliados. Aceptó cambios y el texto quedó listo para ser tratado en el recinto.
La fecha tentativa que maneja La Libertad Avanza es el jueves 12 de noviembre. Sin embargo, el cronograma podría sufrir modificaciones. Esa semana será "corta" por la visita del Papa León XIV a la Argentina.
El proyecto es impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo. Agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur.
No se limita a la actividad hidrocarburífera. Incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables.
También prevé sanciones para empresas, socios y proveedores. Las multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en Argentina están contempladas.
Qué cambios aceptó el oficialismo para limitar las sanciones
Los libertarios cedieron en un punto clave. Limitaron las sanciones a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores de estas y accionistas directos de los proyectos.
De esta forma, quedan eximidos de responsabilidad los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras.
El cambio fue una de las principales demandas de los bloques aliados. Temían que la redacción original alcanzara a inversores indirectos sin vinculación operativa real.
Cómo funcionará el Consejo de Seguridad Nacional que crea el proyecto
La iniciativa crea el Consejo de Seguridad Nacional. Estará integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
Este órgano será el encargado de coordinar de manera unificada la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior. Estará presidido por el Presidente y tendrá la facultad de controlar, aceptar o rechazar inversiones impulsadas por Estados extranjeros.
El Consejo podrá vetar inversiones de empresas con capitales extranjeros en sectores sensibles. Entre ellos: defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
Además, se incorporó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo. El cambio fue una de las últimas modificaciones antes del dictamen.
El Congreso tendrá una bicameral para auditar al Consejo
La Libertad Avanza también aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso. Estará facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo.
Funcionará de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia del Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
El objetivo era garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo. El Consejo estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo.
Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral dentro de las 48 horas las medidas de seguridad que adopte el Consejo. El plazo busca evitar opacidad en decisiones estratégicas.
Qué dice el artículo sobre injerencia extranjera y sus exclusiones
Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.
El dictamen define qué se entiende por "campaña de injerencia extranjera": acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, destinadas a alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de autoridades.
A la vez, introduce exclusiones expresas. No considera campaña de injerencia a la actividad diplomática conforme al derecho internacional.
Tampoco alcanza a la expresión pública y atribuida de opiniones de un Estado extranjero. La actividad periodística, la investigación académica ni la representación abierta y regulada de intereses quedan fuera del alcance.
