Crisis bancaria en Paraguay: el oficialismo apoya el juicio político al presidente Peña

La Cámara de Diputados de Paraguay comenzó a tratar este jueves el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña, luego de que la bancada oficialista A del Partido Colorado anunciara que acompañará la acusación. Con esta decisión, todos los bloques legislativos anticiparon su respaldo al procedimiento y el proyecto reúne los votos necesarios para avanzar hacia el Senado.

El anuncio se conoció minutos antes del inicio de la sesión, que comenzó poco después de las 10:30, a través de un comunicado difundido por el diputado Rodrigo Gamarra, integrante de la Asociación Nacional Republicana (ANR), nombre oficial del Partido Colorado.

La bancada A informó que votará a favor del juicio político en respuesta a los reclamos de la ciudadanía y en ejercicio de su autonomía política. "Comunica su decisión de acompañar y votar a favor del juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional", señaló el documento.

La decisión tiene relevancia porque ese sector era el único que todavía no había definido públicamente su postura. La otra bancada oficialista, identificada como ANR B, ya había anticipado su respaldo al procedimiento.

Qué significa que el Partido Colorado tenga una bancada A y otra B

Paraguay tiene un sistema legislativo bicameral, al igual que Argentina. Su Congreso está integrado por una Cámara de Diputados, con 80 miembros, y una Cámara de Senadores, con 45 integrantes.

En ese esquema, los legisladores se organizan en bancadas o bloques políticos de acuerdo con su pertenencia partidaria y sus alineamientos internos.

La bancada A y la bancada B de la ANR son dos agrupamientos de diputados pertenecientes al mismo Partido Colorado. No representan partidos diferentes ni constituyen categorías previstas por la Constitución paraguaya. Son divisiones internas de la representación legislativa oficialista, que permiten identificar a los distintos sectores políticos dentro de la fuerza de gobierno.

Por eso, el anuncio de la bancada A tiene una dimensión particular: significa que también legisladores del espacio oficialista resolvieron acompañar una acusación contra el presidente surgido de su propio partido.

El escenario se modificó después de que sectores opositores y legisladores colorados disidentes impulsaran el pedido de juicio político. La iniciativa también avanzó en medio de un cambio de posicionamiento dentro del oficialismo, que perdió apoyos entre dirigentes que hasta entonces respaldaban al mandatario.

Qué establece la Constitución paraguaya sobre el juicio político

El procedimiento está contemplado en el artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay. La norma establece que el presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los integrantes de la Corte Suprema y otras altas autoridades pueden ser sometidos a juicio político por tres motivos: mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes.

El mecanismo tiene dos etapas y requiere la intervención de ambas cámaras del Congreso.

Primero, la Cámara de Diputados debe formular la acusación y aprobarla con una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes. Si participan los 80 integrantes, se necesitan al menos 53 votos.

En caso de aprobarse el libelo acusatorio, el expediente pasa al Senado, que tiene la responsabilidad de juzgar a la autoridad cuestionada en un juicio público. Para declarar su culpabilidad y disponer su separación del cargo necesita una mayoría de dos tercios del total de sus integrantes, es decir, 30 votos sobre los 45 senadores.

La diferencia entre ambas instancias es importante: Diputados acusa y el Senado juzga. Por lo tanto, la aprobación del pedido en la Cámara Baja no implica automáticamente la destitución del presidente.

Además, si durante el procedimiento se identifican posibles delitos, los antecedentes deben remitirse a la Justicia ordinaria para su investigación.

Cuántos votos tiene el pedido contra Santiago Peña

La sesión comenzó con 77 diputados presentes, debido a que todavía no habían asumido los suplentes de Sebastián Remesowski, del Partido Colorado, y Alejo Ríos, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Entre los respaldos anunciados se encuentran:

• Los 35 integrantes presentes de la bancada colorada A
• Los nueve diputados de la bancada B
• Cinco legisladores colorados disidentes de Añeteté
• 22 integrantes de la bancada liberal unificada
• Ocho representantes de los bloques opositores del tercer espacio

Con el acompañamiento de todos esos sectores, la iniciativa cuenta con adhesiones por encima de los 53 votos que se necesitan para aprobar la acusación con una asistencia completa de la Cámara.

El caso Ueno Bank, detrás de la crisis política

El pedido de juicio político se presentó en medio de la crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, una entidad que dejó a millones de paraguayos sin posibilidad de operar normalmente con sus cuentas.

El Banco Central del Paraguay dispuso la intervención de la entidad luego de detectar problemas de solvencia. La situación provocó reclamos de ahorristas y usuarios, además de cuestionamientos por el impacto sobre los fondos depositados y los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo de seguridad social paraguayo.

En ese contexto, los legisladores que impulsan el juicio político cuestionan los vínculos que Peña tuvo con Ueno Holding, el grupo empresario relacionado con la entidad financiera, del que se desvinculó en 2025.

También objetan la designación de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central, y decisiones vinculadas con los depósitos del IPS en el banco.

Los diputados que presentaron el libelo sostienen que existieron conflictos de intereses y responsabilidades políticas en el manejo de la situación financiera. Se trata de acusaciones que deberán ser examinadas en el marco del procedimiento institucional.

La crisis también alcanzó al vicepresidente Pedro Alliana, contra quien los legisladores presentaron un pedido de juicio político por separado.