7 provincias le cierran la puerta a la minería y Mendoza encontró un camino para avanzar

Mientras varias jurisdicciones mantienen restricciones, el distrito que gobierna Alfredo Cornejo dio luz verde a un proyecto de más de u$s800 millones
Minería. Imagen de archivo

Puntos importantes

Checkbox Checked La minería argentina opera con un marco legal fragmentado y hay provincias pro-mineras y otras restrictivas.
Checkbox Checked Actualmente, siete provincias prohíben la minería metalífera a cielo abierto o el uso de sustancias químicas como cianuro, bloqueando grandes proyectos por años.
Checkbox Checked Mendoza halló una vía institucional para avanzar proyectos cupríferos, adaptándose a su ley restrictiva.

La gran minería tiene una cara, la de provincias con megaproyectos en explotación o exploración que avanzan a fuerza de anuncios y otras que no quieren saber nada con este nicho de negocios. Es que, en el fondo, el desarrollo de la minería metalífera en la Argentina sigue atravesado por un complejo rompecabezas normativo.

A diferencia de los recursos hidrocarburíferos, el dominio originario de los minerales corresponde a las provincias por mandato del artículo 124 de la Constitución Nacional, lo que derivó en las últimas dos décadas en un mapa fragmentado entre jurisdicciones pro-mineras y otras con fuertes restricciones legales. 

De acuerdo con los compendios normativos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación y los boletines oficiales provinciales, actualmente siete provincias argentinas poseen leyes vigentes que prohíben total o parcialmente la minería metalífera a cielo abierto o el empleo de sustancias químicas esenciales para la lixiviación.

El mapa legal: las provincias con restricciones vigentes

Lejos de ser un bloque homogéneo, las leyes provinciales sancionadas entre 2003 y 2011 presentan distintos alcances técnicos, aunque en la práctica bloquearon durante años la llegada de capitales de gran escala:

  • Chubut (Ley XVII Nº 68, ex Ley 5.001 de 2003): Fue la pionera tras el plebiscito de Esquel. Prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de -cianuro en todo el territorio provincial.
  • Tucumán (Ley 7.879 de 2007): Veta expresamente la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio en los procesos productivos.
  • La Pampa (Ley 2.349 de 2007): Prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el empleo de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas.
  • Córdoba (Ley 9.526 de 2008): Veta la minería metalífera a cielo abierto en toda la provincia y prohíbe la extracción de minerales nucleares (uranio y torio) en cualquiera de sus modalidades.
  • San Luis (Ley IX-0634 de 2008): Impide el uso de sustancias químicas en procesos metalíferos obtenidos mediante cualquier método extractivo.
  • Tierra del Fuego (Ley 853 de 2011): Prohíbe la actividad metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, mercurio y otros tóxicos en la isla.
  • Cabe recordar que Río Negro y La Rioja también sancionaron leyes prohibitivas en 2005 y 2007, respectivamente, pero ambas legislaturas las derogaron posteriormente.

El "caso Mendoza": crecer sin tocar la Ley 7.722

Durante casi dos décadas, Mendoza fue el emblema del bloqueo minero en la cordillera. Tras el fallido intento de reforma en diciembre de 2019 —cuando la sanción de la Ley 9.209 desató masivas protestas que obligaron a restituir la Ley 7.722 apenas diez días después—, la dirigencia mendocina comprendió que cualquier intento de modificar la norma carecía de licencia social.

Sin embargo, el Gobierno provincial encontró una vía institucional para destrabar el potencial cuprífero cumpliendo a rajatabla con la Ley 7.722. El giro se apoya en dos pilares técnicos y políticos.

Por un lado, procesos por flotación sin reactivos prohibidos. Es que muchos yacimientos de cobre sulfurado permiten concentrar el mineral mediante flotación física con agua y reactivos biodegradables autorizados, sin necesidad de utilizar ácido sulfúrico, cianuro ni mercurio.

Por el otro, evaluación distrital y aval legislativo. Para evitar la parálisis administrativa, la provincia creó el esquema Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), en el sur mendocino, un departamento con amplia licencia social y tradición petrolera. En lugar de tramitar expedientes aislados, la Autoridad Ambiental Minera evalúa bloques de proyectos bajo una misma línea de base ambiental y los envía a la Legislatura para su ratificación por ley, tal como exige la 7.722.

Este mecanismo ya arrojó resultados concretos. Tras aprobar una primera tanda de 34 proyectos exploratorios, en diciembre de 2025 la Legislatura mendocina ratificó otras 27 Declaraciones de Impacto Ambiental (MDMO II) —llevando el total a 65 áreas habilitadas para explorar— y dio sanción definitiva mediante la Ley 9.684 a la DIA de explotación de PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge), en Uspallata. Con una inversión proyectada superior a los u$s800 millones (y adhesión al RIGI), PSJ se convirtió en el primer proyecto metalífero aprobado bajo las reglas de la 7.722 en casi veinte años, mientras una tercera etapa con otros 71 pedimentos ya transita su evaluación técnica. 

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