Reforma de la marina mercante: qué cambia para el transporte de cargas en la Argentina
El Senado aprobó este viernes, por 42 votos a favor y 24 en contra, el proyecto de reforma del régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria, que habilita una mayor participación de buques de bandera extranjera en el transporte de mercaderías entre puertos argentinos. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, busca ampliar la oferta de transporte fluvial y marítimo, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.
El proyecto fue impulsado por la senadora de Convicción Federal Carolina Moisés y la radical Silvana Schneider, con el respaldo de gobernadores del Norte Grande y del Gobierno nacional. La propuesta modifica un régimen que mantiene restricciones al cabotaje desde 1944 y que, según sus promotores, obliga a recurrir a autorizaciones especiales para cubrir la falta de embarcaciones disponibles bajo bandera argentina.
La aprobación estuvo precedida por un debate sobre los cambios incorporados al dictamen a último momento. El bloque Justicialista cuestionó que se modificaran alrededor de 20 artículos sin una nueva instancia de discusión en comisión e intentó devolver el proyecto para su revisión. La moción fue rechazada por 41 votos contra 25.
El jefe de la bancada peronista, José Mayans, sostuvo que las modificaciones habían alterado sustancialmente la iniciativa y cuestionó el procedimiento legislativo. En la misma línea, el santafesino Marcelo Lewandowski consideró que no estaban dadas las condiciones para votar una norma con cambios introducidos durante la sesión.
Finalmente, el texto obtuvo 42 votos afirmativos y 24 negativos, sin abstenciones. El respaldo reunió a La Libertad Avanza, Convicción Federal, la UCR, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut y Primero los Salteños, mientras que el rechazo correspondió al bloque Justicialista y a Moveré Santa Cruz.
Qué cambia con la reforma del régimen de cabotaje
El principal cambio consiste en habilitar que buques de bandera argentina y extranjera puedan realizar actividades de navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional. De esta manera, las embarcaciones extranjeras podrán trasladar mercaderías entre puertos argentinos sin tener que gestionar una autorización excepcional para cada operación.
La iniciativa establece, sin embargo, actividades que seguirán reservadas exclusivamente a buques de bandera argentina o con tratamiento equivalente, de acuerdo con la Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional.
Entre ellas se encuentran:
- La pesca
- El transporte de combustibles
- El remolque para maniobras de buques oceánicos
- Los servicios de lanchas de amarre y lanchas de prácticos
- La navegación deportiva
- El transporte de pasajeros o vehículos en embarcaciones con un numeral de arqueo bruto igual o inferior a 500, salvo cuando el servicio tenga origen, escalas o destino final en el extranjero
- El transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos, con excepción del gas natural licuado
- El apoyo a la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera y las actividades de regasificación de GNL
El proyecto también diferencia las cargas de cabotaje de las correspondientes al transporte internacional. Se considerarán de cabotaje aquellas que tengan origen y destino final en la Argentina. En cambio, cuando alguno de esos extremos esté fuera del país, la carga tendrá carácter internacional, aunque el recorrido incluya escalas o transbordos en puertos argentinos.
Esta distinción permitirá que embarcaciones de cualquier bandera transporten cargas internacionales sin autorización previa y que combinen en un mismo viaje mercadería de cabotaje con productos destinados al comercio exterior, sin que estos últimos pierdan su condición.
También se establece que el reposicionamiento de embarcaciones o contenedores vacíos no será considerado una operación de cabotaje.
Qué condiciones tendrán los buques extranjeros y sus tripulaciones
El texto incorpora disposiciones sobre las condiciones laborales de las tripulaciones y la participación de trabajadores argentinos.
Uno de los artículos modificados durante el tratamiento establece que, cuando la legislación del país de bandera de un buque extranjero permita contratar tripulantes de otras nacionalidades, sus armadores deberán comenzar a priorizar gradualmente a trabajadores argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país una vez transcurridos 180 días desde el inicio de las actividades de cabotaje.
La iniciativa también dispone que las condiciones laborales de las tripulaciones se rijan por la legislación del país de bandera de cada embarcación.
Por otra parte, las agencias marítimas deberán informar sobre sus actividades a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El proyecto contempla además restricciones para buques extranjeros vinculados con empresas o armadores que hayan prestado servicios a operadores no autorizados para explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
En determinados casos, las operaciones de cabotaje realizadas por buques de bandera extranjera operados por empresas controladas por Estados extranjeros podrán requerir autorización previa de la ANPYN.
Qué beneficios impositivos contempla para la marina mercante
La reforma incorpora un régimen de promoción tributaria para los armadores nacionales. Entre sus principales herramientas, permite optar por un sistema de amortización acelerada de bienes muebles adquiridos, fabricados o importados para desarrollar actividades de cabotaje.
La amortización podrá realizarse en un mínimo de dos cuotas anuales iguales y consecutivas. El objetivo es facilitar la incorporación de equipamiento y bienes destinados a la actividad de transporte marítimo y fluvial.
Además, el Gobierno sostiene que la apertura permitirá aprovechar embarcaciones que ya operan en la Hidrovía Paraguay-Paraná, el río Uruguay y la costa atlántica, con posibilidades de conectar puertos que actualmente tienen una actividad comercial limitada.
Por qué el Gobierno busca modificar el sistema de transporte fluvial
Uno de los argumentos centrales de los impulsores de la reforma es que el actual régimen limita las alternativas de transporte para las provincias alejadas de los principales centros portuarios y encarece el traslado de mercaderías.
La senadora radical Silvana Schneider puso como ejemplo la situación de los productores de Chaco, que deben trasladar sus granos por vía terrestre hasta Rosario para acceder a una salida comercial. Según explicó, el costo del flete reduce el ingreso que reciben por su producción.
Schneider señaló que cada tonelada que sale desde un puerto chaqueño podría representar un valor 24% superior para el productor en el campo, en comparación con el esquema que obliga a trasladar la mercadería hasta Rosario, de acuerdo con los cálculos que expuso durante el debate.
También destacó la ubicación de Chaco sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná y la posibilidad de aprovechar los puertos existentes para conectar la producción regional con otros mercados. Según detalló, las provincias del Norte Grande ubicadas al oeste de la hidrovía generan exportaciones superiores a los u$s5.000 millones anuales, pero prácticamente no utilizan los puertos de Chaco y Formosa como salida.
En la misma línea, Carolina Moisés sostuvo que la iniciativa responde a un planteo de los gobernadores del Norte Grande, que buscan reducir los costos que deben afrontar las economías regionales para trasladar sus productos hasta los puertos de exportación.
La senadora aclaró que la propuesta no apunta a perjudicar al puerto de Buenos Aires, sino a ampliar las alternativas logísticas para las provincias del interior.
Por su parte, la misionera Sonia Rojas Decut destacó la necesidad de desarrollar un sistema de transporte multimodal. Recordó que Misiones recuperó la infraestructura portuaria y reactivó el puerto de Posadas en 2023, después de décadas sin actividad comercial.
La legisladora señaló que más del 90% de las cargas argentinas se transporta por carretera y planteó la necesidad de ampliar la participación del ferrocarril y del transporte fluvial para reducir costos, fortalecer los puertos y facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a nuevos mercados.
El rechazo de los gremios y las advertencias sobre el empleo
La reforma es cuestionada por sindicatos vinculados con el transporte automotor, la actividad naviera y la marina mercante, que advierten que una mayor participación de embarcaciones extranjeras podría afectar los puestos de trabajo argentinos y reducir la actividad de la industria naval nacional.
Durante el debate, el senador justicialista Jorge Capitanich pidió que el proyecto regresara a comisión para incorporar las observaciones de representantes sindicales y del sector naviero que, según señaló, no habían tenido oportunidad de participar de la discusión.
El exgobernador chaqueño advirtió sobre los riesgos de una apertura sin mecanismos de regulación y sostuvo que la reforma podría generar una mayor competencia de embarcaciones extranjeras en detrimento del empleo nacional.
Capitanich también planteó que la Argentina necesita una estrategia de transporte multimodal, pero consideró que el proyecto no contempla todas las condiciones necesarias para desarrollar la marina mercante. Entre otros puntos, reclamó renegociar el tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná y avanzar en acuerdos bilaterales con Paraguay para corregir las asimetrías existentes.
Según recordó, durante el gobierno de Juan Domingo Perón la marina mercante argentina llegó a ocupar el puesto 14 a nivel mundial y transportaba entre el 1,36% y el 1,8% de la carga global. En la actualidad, sostuvo, el 92% de las cargas del país se traslada por carretera y el resto utiliza otros medios de transporte.
Desde el oficialismo, el senador chaqueño Juan Cruz Godoy rechazó que la iniciativa implique una desregulación generalizada. Argumentó que busca habilitar una actividad que actualmente tiene dificultades para desarrollarse por la falta de embarcaciones disponibles y las restricciones del régimen vigente.
Godoy recordó que la última barcaza que salió del puerto de Barranqueras, en Chaco, lo hizo en 2021, y sostuvo que la reforma permitirá establecer reglas más previsibles para quienes quieran invertir y operar en el transporte fluvial.
El argumento del Gobierno: las excepciones al régimen actual
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, defendió la reforma al señalar que el cabotaje argentino está reservado a embarcaciones de bandera nacional desde 1944.
Según explicó, la falta de buques disponibles hizo que el sistema funcionara mediante autorizaciones excepcionales. Desde 2018 se habrían presentado alrededor de 540 pedidos para permitir operaciones de embarcaciones extranjeras, de los cuales más del 98% fueron aprobados, con demoras que podían llegar a los 90 días.
Para el funcionario, la reforma busca convertir esas excepciones en una regla general y permitir que los operadores puedan trasladar mercaderías entre distintos puertos del país sin tener que solicitar permisos específicos.
La apertura alcanzará a la Hidrovía, el río Uruguay y la costa atlántica hasta Ushuaia. De esta manera, una embarcación podrá cargar mercadería en Barranqueras y descargarla en Bahía Blanca sin gestionar una autorización particular, siempre que la actividad no esté incluida entre las que continúan reservadas a la bandera argentina.
Con la aprobación del Senado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Diputados, donde deberá conseguir una nueva mayoría para convertirse en ley.