MERCADO INMOBILIARIO

Alertan por posibles estafas inmobiliarias: el riesgo que podría traer la nueva reforma del Gobierno

Los colegios profesionales advierten que quitar la matrícula obligatoria disparará los fraudes en el mercado. Los ejes del proyecto oficial
Por IM
REAL ESTATE - 03 de Junio, 2026

El mercado de los bienes raíces en Argentina, una actividad que moviliza miles de transacciones anuales, está cerca de sufrir una transformación radical. La gestión de Javier Milei trabaja en una profunda reestructuración del sector que promete modificar las reglas de juego vigentes para la compra, venta y locación de propiedades.

La principal medida que generó debate entre las cámaras sectoriales y los colegios profesionales es la intención de eliminar la obligatoriedad de la matrícula para ejercer el corretaje.

El anuncio formal estuvo a cargo de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien confirmó en un evento de Reporte Inmobiliario en la UCA que el paquete de leyes ingresará al Congreso durante el presente mes de junio de 2026.

El plan oficial busca achicar los costos operativos intervinientes en el negocio y agilizar las transacciones quitando regulaciones estatales. Según la visión del Ministerio, esto dinamizará un mercado históricamente activo.

Qué cambia en el mercado y por qué preocupa la nueva reforma del Gobierno

Aunque todavía no hay un texto definitivo, los borradores que circulan en el sector técnico revelan cuáles son los principales cambios que trae el proyecto:

  • Fin de la exclusividad de matrícula: cualquier persona podría intermediar en un negocio inmobiliario sin necesidad de estar colegiado
  • Eliminación de aranceles mínimos: se apunta a desregular por completo los honorarios y comisiones profesionales
  • Apertura tecnológica y Proptech: se facilitará la inserción de plataformas digitales y empresas de tecnología aplicadas al Real Estate para simplificar la intermediación
  • Despapelización absoluta: modernización y digitalización integral de los trámites y procesos administrativos asociados

Este cambio hacia la desregulación total provocó una reacción inmediata por parte de los corredores y martilleros tradicionales. Entidades de gran importancia, como el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira) ya tuvieron reuniones con importantes para manifestar su rotundo rechazo, evidenciando una fuerte distancia ideológica sobre cómo debe funcionar la actividad.

El debate por las estafas inmobiliarias y la seguridad de las operaciones

Para las instituciones que agrupan a los profesionales del sector, desmantelar la exigencia del título y la matrícula obligatoria desprotegerá por completo a los usuarios. Desde Cofeci señalan que los colegios no operan como trabas burocráticas, sino como entes reguladores esenciales.

Estos garantizan la capacitación, el control ético y la seguridad jurídica de quienes comprometen los ahorros de toda su vida en un inmueble. De hecho, un dato no menor es que el 95% de los fraudes y engaños con propiedades que ocurren actualmente son llevados a cabo por agentes informales que operan en la clandestinidad, sin una habilitación profesional que los respalde.

Por lo tanto, afirman que legalizar esta desprotección multiplicará exponencialmente los peligros para inquilinos, compradores y vendedores. En la vereda de enfrente, los defensores de la modernización impulsada por el oficialismo argumentan que el resguardo del consumidor hoy pasa por herramientas más modernas.

Referentes del sector Proptech argumentan que la verdadera confianza y seguridad jurídica ya no dependen de un carnet físico otorgado por un colegio, sino de la trazabilidad digital, la reputación comprobable online y la transparencia que las nuevas plataformas tecnológicas pueden proveerle al usuario.

Mientras el Gobierno se encuentra ajustando los últimos detalles normativos para enviar la ley al Congreso, las cámaras de las distintas provincias argentinas ya iniciaron rondas de diálogo con diputados y senadores con un objetivo claro: modificar el articulado o frenar los puntos que consideran más riesgosos para la sociedad.

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