Pensión por incapacidad 2026: cómo se evalúan las solicitudes y qué enfermedades suelen justificarla
Cuando una enfermedad o lesión reduce de forma permanente la capacidad para trabajar, las personas pueden pedir una pensión por incapacidad dentro del sistema de Seguridad Social. Este beneficio solo se concede cuando se confirma que el tratamiento indicado no permitió recuperar las funciones necesarias para ejercer una actividad laboral.
Sin embargo, el camino para lograrla suele ser exigente. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el 53,47% de las solicitudes terminan rechazadas, y especialistas advierten que ese porcentaje podría ser incluso mayor en algunos distritos.
La exigencia responde a que la normativa no reconoce patologías automáticas que den derecho a cobrar una pensión: no hay un listado cerrado, y cada caso pasa por un análisis individual.
Cómo se define la incapacidad laboral
La evaluación final queda en manos del Tribunal Médico, que revisa exámenes clínicos, estudios complementarios y la historia laboral del solicitante. La entidad determina si el impacto funcional de la enfermedad encuadra en alguno de los cuatro tipos de incapacidad permanentes:
- Parcial
- Total
- Absoluta
- Gran invalidez
Además, según el caso, el organismo puede requerir informes adicionales y la intervención de ANSES, especialmente en trámites que involucran regímenes contributivos.
Quiénes pueden pedir la pensión
Pueden solicitar la pensión aquellas personas incorporadas en algún régimen de la Seguridad Social y que acrediten que su condición médica imposibilita continuar con su trabajo habitual o con cualquier otra tarea, dependiendo del grado de afectación.
La clave es demostrar no solo la existencia de una enfermedad, sino su impacto concreto en la capacidad productiva del solicitante. Por eso, el tribunal valora la evolución, los tratamientos aplicados, su eficacia y el tipo de actividad laboral previa.
Las enfermedades que con mayor frecuencia derivan en una pensión
Si bien no existe una lista oficial, algunos bufetes especializados elaboran estadísticas basadas en expedientes reales. A partir de esos datos, identificaron 78 patologías presentes en muchas resoluciones favorables, de las cuales 27 concentran la mayor cantidad de casos. Entre ellas:
Por qué no alcanza solo con tener un diagnóstico
El Tribunal Médico no evalúa únicamente el nombre de la enfermedad, sino cómo afecta la vida diaria y la actividad profesional. Se estudian: la movilidad, la autonomía, la capacidad cognitiva, el dolor, las secuelas y los tratamientos disponibles. También se tiene en cuenta si es posible que la persona se reinserte en otro empleo distinto al habitual.
Por eso, dos personas con la misma patología pueden obtener fallos distintos: cada expediente se analiza de forma completamente individual.
Qué ocurre después del dictamen
Cuando la incapacidad es aprobada, se fija el grado correspondiente y el monto de la pensión. En algunos casos, se establece también la obligación de someterse a revisiones periódicas, especialmente si la enfermedad puede evolucionar o si existe expectativa de recuperación funcional parcial.
En cambio, si la solicitud es rechazada, el afectado puede presentar un recurso, aportar nuevas pruebas o recurrir a instancias superiores. Muchos trámites que inicialmente se deniegan terminan siendo aceptados en etapas posteriores, una situación que especialistas califican como frecuente.
Un proceso complejo que requiere acompañamiento
Solicitar este tipo de pensiones implica reunir historia clínica, certificados, tratamientos previos, estudios actuales y evidencia de la limitación laboral. Por eso, abogados especializados destacan la importancia de preparar el expediente con precisión para evitar rechazos por falta de documentación o criterios no demostrados.
Aunque el camino puede ser largo, el sistema contempla esta prestación como una herramienta esencial para quienes ya no pueden sostener su vida laboral por razones de salud.