El Gobierno avanza con una nueva Ley de Salud Mental que cambia todo el sistema de internaciones
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de nueva Ley de Salud Mental. La iniciativa busca reemplazar el marco normativo vigente desde 2010 y fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de redes sociales.
Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, explicaron que la propuesta apunta a mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. El objetivo es ordenar el marco normativo vigente, reducir superposiciones y superar limitaciones en la atención de casos de riesgo y emergencia que actualmente no encuentran un encuadre adecuado.
El proyecto busca proteger tanto a los pacientes como a terceros. Para su elaboración se realizó un relevamiento que incluyó testimonios de pacientes, familiares y profesionales de la salud mental.
También participaron actores de los ámbitos judicial y legislativo. A partir de ese trabajo se detectaron dificultades en la implementación de la normativa actual.
Por qué hace falta una nueva ley de salud mental
Entre las principales limitaciones identificadas figura la falta de adhesión plena en todo el país. Los datos oficiales revelan que solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual.
La infraestructura de atención también presenta desigualdades. De las 23 provincias argentinas, apenas 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental. Y solo 20 disponen de camas de internación.
Estas brechas generan desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. Fuentes oficiales consideran que la situación territorial actual dificulta una atención homogénea y oportuna.
La falta de recursos en algunas provincias obliga a derivar pacientes o postergar tratamientos. El nuevo proyecto busca revertir estas asimetrías con un esquema más flexible.
Qué cambia en los criterios y diagnósticos de trastornos mentales
Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación de conceptos clave. La cartera sanitaria considera que el término "padecimiento mental" resulta ambiguo y demasiado amplio.
Por eso proponen reemplazarlo por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones). Se incorpora el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión diagnóstica y evitar interpretaciones subjetivas.
En la misma línea, se plantea sustituir el criterio actual. El nuevo concepto será "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros".
Este enfoque incorpora el análisis del contexto y los antecedentes. Busca habilitar intervenciones más oportunas y preventivas ante señales de alarma.
La idea es que los profesionales puedan actuar antes de que una situación derive en urgencia. El cambio apunta a reducir la cantidad de casos que llegan a etapas críticas sin haber recibido atención previa.
Cómo funcionarán las internaciones involuntarias bajo la nueva normativa
El proyecto mantiene la internación como un recurso excepcional. Pero la define como necesaria en determinados casos, especialmente en situaciones de urgencia.
Se prevé la habilitación de internaciones involuntarias cuando exista riesgo inminente. En estos casos, el médico psiquiatra podrá indicar la internación de manera inmediata.
La decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Este mecanismo busca garantizar tanto la rapidez de la respuesta como el control de las decisiones.
También se propone extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial. Fuentes del Ministerio de Salud sostienen que el cambio permitirá ordenar mejor los procedimientos administrativos.
Además, se contemplan modificaciones en las internaciones voluntarias. Si un paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad de decisión.
En caso de que esa capacidad esté afectada, la internación podrá transformarse en involuntaria. La conversión requerirá intervención de la Justicia y un nuevo análisis del equipo interdisciplinario.
Este punto busca evitar situaciones de riesgo cuando un paciente no está en condiciones de evaluar su propio estado. El proyecto establece protocolos específicos para estas transiciones.
Qué pasará con los hospitales psiquiátricos y la red de atención
Otro de los ejes de la iniciativa es el fortalecimiento de la red de atención en salud mental. A diferencia de la ley vigente, que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos, el proyecto propone un esquema distinto.
Se desarrollará un sistema basado en distintos niveles de complejidad, que incluye la incorporación de hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas.
Actualmente, existen 30 instituciones monovalentes públicas en todo el país. A estas se suman al menos 139 privadas, según datos oficiales.
El nuevo enfoque no plantea el cierre de estas instituciones. En cambio, busca integrarlas a una red más amplia y coordinada que permita derivaciones más eficientes.
También se prevé ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión. Se incorporarán áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización.
La SEDRONAR también formará parte de este esquema. El objetivo es fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar estándares de calidad en toda la red.
La propuesta reconoce que algunos pacientes requieren atención en instituciones especializadas por períodos prolongados. El proyecto busca evitar que estas personas queden sin opciones adecuadas de tratamiento.
Qué dicen los primeros apoyos políticos al proyecto
Tras el anuncio, una de las primeras reacciones públicas fue la del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El funcionario expresó su respaldo a la iniciativa en redes sociales.
"La Ley de Salud Mental no funciona. Celebro que el Gobierno Nacional avance con una reforma", señaló. Macri agregó que es un tema sobre el que viene trabajando hace años.
El jefe de Gobierno destacó que las familias reclaman cambios y los pacientes necesitan respuestas con urgencia. Subrayó que la normativa actual presenta limitaciones evidentes en la práctica.
Asimismo, agregó que el equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires está a disposición del Congreso. Ofreció colaborar en el tratamiento del proyecto y avanzar en una normativa con "respuestas concretas".
El proyecto ingresará formalmente al Congreso en los próximos días. Desde el Gobierno nacional esperan que el debate parlamentario permita incorporar aportes de distintos sectores antes de la sanción definitiva.