AySA: qué pasará con las facturas de agua y la tarifa social tras la privatización
La privatización de AySA prevé cambios tarifarios e inversiones. Qué establece el contrato y cómo puede impactar en las facturas y la tarifa social
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) abre interrogantes sobre el costo del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El contrato de concesión establece cómo se actualizarán las tarifas durante los primeros años, qué obligaciones tendrá el futuro operador y qué mecanismos de protección existen para los hogares que reciben la tarifa social.
El 8 de octubre, el Gobierno abrió las ofertas económicas para transferir el 90% de las acciones que posee en la compañía. El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX presentó una propuesta de u$s340,2 millones, por encima de los u$s285 millones ofrecidos por el grupo encabezado por Roggio. El 10% restante corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La transferencia todavía debe completar las instancias administrativas y contractuales necesarias. Mientras tanto, las principales dudas de los usuarios se concentran en la evolución de las facturas y la continuidad de la tarifa social.
Qué pasará con las facturas de agua tras la privatización
El cambio de gestión no implica que las facturas vayan a quedar congeladas. El contrato de concesión contempla un mecanismo de actualización nominal mediante el coeficiente K, que toma en cuenta la evolución de variables económicas vinculadas con los costos del servicio.
Para el primer ciclo tarifario, que abarca el período 2027-2031, el plan aprobado no prevé nuevos aumentos en términos reales. Esto no significa que el importe nominal de las facturas vaya a permanecer sin cambios: la actualización del coeficiente K puede modificar los montos que pagan los usuarios.
El contrato también incorpora un Factor C, vinculado con el cumplimiento de metas de calidad de la prestación. Sin embargo, este mecanismo de incentivo comenzará a aplicarse a partir del segundo ciclo tarifario. Según el desempeño de la concesionaria frente a los objetivos establecidos, podrá generar ajustes tarifarios reales al alza o a la baja.
Por eso, el marco regulatorio permite identificar cómo se actualizarán las tarifas, pero no anticipar un porcentaje único de aumento para todos los hogares. El importe final dependerá de las actualizaciones que correspondan y de las características de cada factura.
Qué se sabe sobre la tarifa social de AySA
La tarifa social es uno de los puntos centrales para los hogares que necesitan asistencia para afrontar el costo del servicio. Según información publicada durante el proceso de privatización, el beneficio se mantendrá bajo la nueva concesión.
AySA brinda servicio a unos 3,8 millones de usuarios y alrededor de 160.000 cuentan con tarifa social.
Además, el régimen vigente contempla mecanismos para neutralizar el efecto de las actualizaciones del coeficiente K sobre los beneficiarios que tienen el beneficio activo, de acuerdo con las condiciones del programa. Para conocer el alcance de esa protección, también será importante seguir los requisitos de renovación y las condiciones que se apliquen durante la nueva concesión.
Cuánto deberá invertir el nuevo operador
La concesión establece obligaciones de inversión para mejorar la infraestructura existente y ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento. Para el período 2027-2031, el contrato prevé un Plan de Acción por $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, según informó el Gobierno.
Las obras deberán atender las deficiencias de las redes y extender los servicios a sectores sin cobertura suficiente. Entre los problemas identificados figuran las pérdidas de agua no contabilizada, estimadas en el 42%. El cumplimiento de estas obligaciones será uno de los aspectos que permitirá evaluar la evolución del servicio.
Cuándo comenzaría la nueva etapa
La apertura de las ofertas económicas no supone que el nuevo operador asuma el control de inmediato. El cronograma informado durante el proceso ubica la transición entre enero y febrero de 2027, una vez completadas las instancias administrativas y contractuales necesarias.
Hasta entonces, cualquier variación de las facturas no podrá atribuirse exclusivamente al cambio de operador.
La evolución de las facturas, la protección a los beneficiarios de la tarifa social y el cumplimiento de las obras serán los principales aspectos a seguir durante los primeros años de la nueva concesión.