AySA cambia las reglas para cortar el agua por falta de pago y fija un plazo de 60 días
AySA deberá restringir el suministro antes de cortarlo por falta de pago y garantizar más atención presencial y respuestas a los reclamos
Los usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tendrán nuevas herramientas para reclamar y condiciones más estrictas frente a posibles interrupciones del servicio. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó un reglamento que redefine las obligaciones de la concesionaria en materia de atención, facturación, medición del consumo y gestión de deudas.
La actualización quedó establecida por medio de la Resolución 46/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Su aplicación comenzará mañana y uno de sus puntos centrales es que la empresa no podrá interrumpir de inmediato el suministro de agua a una vivienda por falta de pago: antes tendrá que implementar una prestación limitada durante un período mínimo de 60 días corridos.
La medida se conoce después de una serie de cuestionamientos de organismos y entidades que representan a los consumidores sobre el proyecto inicial presentado por la compañía.
AySA: dónde habrá oficinas presenciales y cuánto tardará en responder los reclamos
Una de las modificaciones apunta a que los usuarios tengan más posibilidades de realizar gestiones sin depender exclusivamente de internet. Para eso, la concesionaria deberá sostener una red de atención presencial que abarque las cinco regiones en las que presta servicios: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad de Buenos Aires.
En cada una tendrá que funcionar una oficina fija y una unidad móvil por día, además de la sede central de la empresa. Los vehículos deberán ofrecer las mismas gestiones que las dependencias tradicionales y publicar sus recorridos con 30 días de anticipación.
El ERAS incorporó esta exigencia en respuesta a los cuestionamientos por la reducción de los espacios de atención presencial, una dificultad especialmente relevante para quienes no pueden utilizar con facilidad los canales digitales. Para quienes prefieren resolver sus gestiones por internet, AySA también cuenta con una oficina virtual para realizar trámites y presentar reclamos.
El reglamento también establece cuánto puede demorar la empresa en atender distintos pedidos:
- 24 horas: ante situaciones que representen un riesgo inminente para las personas.
- 48 horas: para restablecer el suministro una vez realizado el pago, cuando corresponda la reconexión.
- 10 días hábiles: para responder solicitudes de reconexión.
- 30 días: como máximo para resolver reclamos generales.
Si AySA no cumple esos tiempos o la solución no satisface al usuario, este podrá elevar el caso al organismo regulador. La compañía deberá explicar los fundamentos de cada respuesta y comunicar expresamente que existe esa posibilidad.
Facturas cuestionadas y cortes indebidos: qué protección tendrán los usuarios
Quienes consideren que una factura fue emitida con errores podrán reclamar sin quedar expuestos a una interrupción del servicio mientras se analiza el planteo. Para acceder a esa protección, deberán haber pagado la última boleta que no fue objeto de objeción. La factura cuestionada podrá quedar pendiente hasta que se resuelva la controversia.
En caso de detectar cobros indebidos o sobreprecios en las facturas de agua, los usuarios pueden iniciar el reclamo correspondiente.
Durante ese período, AySA tampoco podrá sumar intereses ni recargos por el tiempo que demore en contestar el reclamo.
La nueva normativa contempla además qué sucede cuando la empresa aplica una interrupción que luego se determina improcedente. En ese supuesto, tendrá que restablecer el suministro en un plazo máximo de 48 horas y compensar al afectado con un monto equivalente al 3% de la última factura por cada día de demora.
Deudas con AySA: cómo será el procedimiento antes de cortar el agua
El reglamento introduce una instancia obligatoria antes de que la concesionaria pueda interrumpir el suministro a una vivienda por falta de pago. En lugar de avanzar directamente con el corte una vez cumplidos los plazos de mora, deberá limitar temporalmente el caudal de agua durante al menos 60 días corridos.
El ERAS justificó ese período como una oportunidad para que los hogares con dificultades económicas puedan gestionar la Tarifa Social de AySA o acordar un plan de pagos. El organismo explicó que la intención es ofrecerles "un plazo razonable" antes de llegar a una interrupción total.
Una vez transcurridos los dos meses, si la deuda sigue pendiente y el usuario no consiguió la Tarifa Social ni formalizó un acuerdo de pago, AySA podrá mantener la restricción o avanzar con el corte del agua.
La intimación previa será obligatoria en todos los casos. La empresa podrá enviarla por medios electrónicos, pero el aviso deberá incluir información sobre la posibilidad de acceder a la Tarifa Social. Cuando se utilice ese canal digital, no podrá facturarse el cargo por aviso de corte.
Hay, además, situaciones en las que la concesionaria no podrá aplicar restricciones ni interrupciones: cuando exista un acuerdo de pago vigente, una orden expresa del ERAS o una Tarifa Social activa. La prohibición también alcanza a establecimientos sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles, respecto de los cuales AySA no podrá tomar esas medidas por decisión propia.
Para el servicio cloacal rige una condición particular. La compañía no estará habilitada a cortar la prestación a un usuario residencial sin que el ente regulador haya intervenido previamente y se haya pronunciado sobre el caso.
Boletas y medidores: qué información deberá brindar la empresa
La actualización también fija condiciones para que los clientes reciban la documentación con tiempo suficiente y puedan consultar sus consumos anteriores.
AySA tendrá que enviar cada factura al menos 10 días antes de su vencimiento. En su Oficina Virtual deberán estar disponibles las boletas correspondientes a los últimos 12 meses y cada comprobante deberá incluir el teléfono gratuito del ERAS. Los usuarios también pueden consultar dónde encontrar el número de factura de AySA para realizar pagos y gestiones.
En los domicilios donde se instalen medidores, la compañía deberá dejar constancia de la primera lectura dentro de los 15 días posteriores a la colocación del equipo. Las inspecciones, por su parte, tendrán que coordinarse mediante un turno previo y estar a cargo de trabajadores identificados. Esa obligación de aviso no se aplicará cuando exista una emergencia.
Por qué se modificó el proyecto original del Reglamento del Usuario
La versión aprobada es resultado de un proceso en el que distintas organizaciones cuestionaron el contenido de la propuesta que había elaborado AySA.
La Sindicatura de Usuarios del ERAS había objetado 23 artículos del borrador. Su planteo era que algunas disposiciones podían representar un retroceso frente a los derechos contemplados en la Ley de Defensa del Consumidor. También pidió que se suspendiera la aprobación hasta conocer el contrato de concesión.
Las observaciones no se limitaron a ese organismo. La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Defensoría del Pueblo de la Nación formularon planteos en una dirección similar.
Al explicar el texto definitivo, el ERAS sostuvo que incorporó "en lo sustancial" los cuestionamientos recibidos. No obstante, algunos asuntos quedaron fuera de esta actualización: el régimen de mora, la prescripción y la ejecución fiscal de las deudas. Según el organismo, esas cuestiones están sujetas al marco regulatorio o al contrato de concesión y, por lo tanto, exceden sus competencias.
También permanece pendiente el tratamiento de la facturación cuando los cortes del servicio se extienden durante períodos prolongados. El ente manifestó que comparte el reclamo de los usuarios y anticipó que trabajará en una regulación específica. Ese futuro reglamento deberá contemplar descuentos en las boletas de quienes resulten afectados.
La necesidad de avanzar con una nueva normativa también había sido planteada durante la audiencia pública del 26 de octubre, convocada para tratar las tarifas del servicio cloacal. Entre los participantes que reclamaron una pronta aprobación estuvo el intendente de Esteban Echeverría. ADECUA, por su parte, advirtió que no existe un Reglamento del Usuario al menos desde 2008.