Telefónica volvió a reclamar a la Secretaría de Comercio una respuesta frente a la impugnación dada a conocer el 24 de julio pasado, casi un mes después de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aprobara la fusión entre Telecom y Cablevisión. Y en caso de no volver a recibir respuesta, tal como ocurrió en esta oportunidad, la compañía recurrirá a la Justicia Civil y Comercial. El sendero del reclamo es también el elegido por Claro.

Tras haber denunciado un trato discriminatorio y poner en riesgo el desarrollo de la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, Telefónica esperó los 10 días correspondientes para recibir una respuesta de parte de la Secretaría que comanda Miguel Brown.

En realidad fueron algunos más. Como se estaba en período de feria judicial, la operadora decidió esperar algunos días más. Y al no recibir ningún tipo de comentario sobre el reclamo elevado hace ya más de dos semanas este lunes decidieron insistir con el mismo.

La expectativa de la compañía es que haya una respuesta, sea por sí o por no. En caso de que fuera negativa ya está tomada la decisión para recurrir tanto a la Justicia comercial como a la civil, señalaron a iProfesional fuentes de la empresa.

En paralelo a esta nueva misiva, Telefónica elevó notas tanto al Ministerio de Producción como al de Modernización. Al primero por las cuestiones relativas a competencia (bajo su órbita se encuentra la Secretaría de Comercio y, a su vez, la CNDC) y al segundo por las regulatorias pues bajo su ala actúa el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

A diferencia de otras épocas, en esta oportunidad la operadora de telecomunicaciones estaría dispuesta a ir al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones). Si en otros momentos la duda tenía atrapados a la mayoría de los ejecutivos destinados a tomar esa decisión, ahora se estaría disipando.

Y habría cada vez más voluntad en acudir a este espacio, señalaron fuentes familiarizadas con el sector. Especialmente porque, en estos momentos, la Argentina también se juega su ingreso en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y tener una mancha vinculada con lo que, desde la compañía, consideran un desaliento a la competencia, generaría ruido en el organismo. Algo que el Gobierno no quiere provocar.

Cuando en 2016 Cablevisión compró Nextel y esa operación obtuvo el visto bueno de los organismos reguladores, Telefónica también había amenazado con recurrir al CIADI. Pero no fue más que una sucesión de lamentos. Esta vez, la postura sería diferente.

Telefónica, sin embargo, no es la única que está dispuesta a subir el perfil en sus reclamos. Claro también elevó su propia queja días después de haberse conocido el fallo de la CNDC, en línea similar a la planteada por su rival.

Es decir, esgrimió el desaliento a la competencia y, por ende, a la inversión. Ambas son consideradas como los elementos fundamentales para acelerar los despliegues de nueva infraestructura, básicamente en fibra óptica y 4G, y en ofrecer sobre estas redes servicios convergentes.

De hecho, en el mercado de las telecomunicaciones en general si bien se cuestiona gran parte del expediente salido de la Secretaría de Comercio, ponen el acento en dos aspectos:

- Que la compañía fusionada deba desprenderse de poco más de 143.000 abonados de banda ancha cuando su base es de casi 4 millones (entre los más de 2,1 millón de Fibertel y el 1,8 millón de Arnet)

- Que no se hayan propuesto medidas más radicales para la devolución de espectro. El tiempo establecido por el Enacom para devolver el espectro de más que tendrá la compañía por efecto de la fusión es de dos años. La CNDC recomendó acelerar ese plazo pero no se avanzó más en que en esa proclama.

- El espectro resulta vital para la planificación de futuras inversiones. Y de su devolución depende, a su vez, que el regulador termine de definir un Plan Nacional de Espectro, una deuda que viene cruzando a los Gobiernos nacionales más allá de su color político.

Si bien los reclamos de las operadoras apuntan a la decisiones tomadas a nivel oficial, desde la empresa fusionada argumentan que, en el caso del mercado de banda ancha, hay operadores que tienen participaciones de más de 60% en telefonía móvil en zonas como Córdoba y que esa situación también debe observarse.

Más allá de las posturas de cada empresa y de la que tome el Gobierno en particular frente a este nuevo reclamo de parte de Telefónica y que, a su vez, es seguido por Claro, lo cierto es que estos movimientos apuntan a marcar la cancha.

La convergencia plena, que arrancará en 2020 por acuerdo común entre los principales operadores de telecomunicaciones y aval legislativo –al menos el alcanzado hasta ahora en el Senado con la llamada ley corta-, las llevará a competir en distintos niveles, no sólo en la banda ancha.

El contenido será el terreno de las próximas batallas, tal vez las más duras. Algunas de ellas están comenzando a tener sus primeros rounds, livianos, pero ya anticipan lo que se viene. Los precios por la incorporación en las grillas de la televisión por aire son apenas una muestra de lo que, más adelante, podría ocurrir con el fútbol o con contenidos de alto interés para el público.

La decisión de elevar quejas, reclamos y demandas de distinto tipo responde a este nuevo escenario. Están todas vigilantes. Y también atentas a las aspiraciones oficiales de ser parte de organismos internacionales que analizan a cada sector con minuciosidad.