Más artículos

¿Cuáles son las trabas estatales que frenan el despliegue de las redes de las "telcos"?

¿Cuáles son las trabas estatales que frenan el despliegue de las redes de las "telcos"?
Desde American Tower advirtieron que es necesaria una armonización y una simplificación normativa que permita la construcción de nueva infraestructura
Por Cesar Dergarabedian
11.06.2020 10.13hs Tecnología

"Es necesaria una armonización y una simplificación normativa que permita la construcción de nueva infraestructura. A pesar de lo logrado durante los últimos años, estimaciones conservadoras indican que se necesitarían por lo menos 43.000 nuevos sitios en la Argentina", advirtió Josefina Hernández Gazcón, directora de Legales y Asuntos Públicos para la Argentina y Paraguay de la empresa American Tower.

Hernández Gazcón analizó en la siguiente entrevista de iProfesional los impactos de la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento social para evitar su propagación, en el mercado de las telecomunicaciones.

-Desde que rige el aislamiento, ¿cómo impactó esta medida en su empresa? ¿Qué medidas adoptaron?

-Toda la empresa viró muy rápidamente a la modalidad de trabajo remoto. Las áreas de IT y Recursos Humanos fueron claves para realizar esta transición de manera exitosa. Esto incluyó al área de Operaciones, que requería de un mayor soporte para poder monitorear el debido funcionamiento de nuestra red.

A su vez, a aquellos roles que realizan tareas únicamente en campo (en sitios o en la vía pública), se les proveyeron kits de seguridad, incluyendo tapabocas, sanitizantes, toallitas desinfectantes, alcohol y guantes y todos los elementos tradicionales inherentes a la actividad.

-¿Cómo cambió el mercado?

-Desde el punto de vista de la operación y mantenimiento, no ha habido cambios respecto de cómo ya se venía trabajando, pero sí se ha hecho una priorización respecto de que los usuarios no sufran ningún tipo de inconveniente al momento de conectarse a la red.

En tiempos de aislamiento, el acceso a Internet y la conectividad en general, han tomado un protagonismo en la vida de las personas, que hace que todos los actores de la cadena de provisión de servicios de conectividad estemos muy pendientes de la calidad del servicio y de protocolos de intervención muy rápidos en caso de fallas.

Facilidades estatales para las nuevas redes

-¿Qué consecuencias en el corto y en el mediano plazo generará la pandemia?

Las circunstancias excepcionales producidas por la pandemia del coronavirus han puesto de manifiesto la importancia que tiene la infraestructura de telecomunicaciones para dar continuidad a las comunicaciones ayudando a la seguridad y la prevención, sosteniendo las actividades económicas y la provisión de servicios públicos.

En este contexto de emergencia sanitaria y de mayor demanda de conectividad por parte de instituciones públicas, privadas y más individuos que teletrabajan o estudian desde sus hogares, resulta de suma importancia que las autoridades otorguen todas las facilidades para permitir el despliegue de nuevas redes y el mantenimiento eficaz de las existentes, permitiendo el libre movimiento del personal técnico y su acceso a los sitios.

El rol de las empresas de infraestructura, comprometidas a invertir y maximizar el uso del espacio público, debe considerarse ahora más que nunca para ofrecer más alternativas de comunicación.

La integración territorial, el acceso a servicios críticos como salud o seguridad ciudadana, y el soporte a las nuevas formas de educación y trabajo serán fundamentales para garantizar el bienestar y la prosperidad del futuro de nuestros países. Todo comienza a partir de tener más torres, antenas y fibra. Por todo esto, es importante que en el corto plazo se ejecuten las inversiones que se encontraban planificadas para ser realizadas en el 2020.

-¿Cómo evalúa la respuesta gubernamental ante las consecuencias de la pandemia?

-A nivel nacional, el gobierno ha reaccionado rápidamente declarando a las actividades de telecomunicaciones y conexas como "esenciales", que garantizan la continuidad de las tareas críticas de mantenimiento y soporte para el funcionamiento de las redes en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia.

A su vez, varios municipios han aplicado medidas complementarias para que nuestro personal de campo pueda circular y trabajar cumpliendo con todas las normas y recomendaciones de bioseguridad.

Más allá de las medidas ya implementadas, se pueden mencionar experiencias que otros gobiernos de la región que han ayudado a reducir los tiempos administrativos de despliegue.

Por ejemplo, Colombia emitió recientemente un decreto que reduce el silencio positivo administrativo para el otorgamiento de permisos de 60 días a 10 días durante la emergencia de la Covid-19, o el municipio de Campinas, en Brasil, reglamentó el otorgamiento de permisos precarios de construcción, con un plazo de un año para obtener la licencia permanente.

Nuestro país tomó un paso importante con la creación vía resolución de la "Ventanilla Única" por ENACOM. Está actualmente pendiente la reglamentación de dicha resolución que tiene como objetivo reducir la demora en el trámite de permisos municipales para el despliegue de soluciones fijas y móviles.

-¿Qué medidas gubernamentales considera que hacen falta en el corto y en el mediano plazo?

-A mediano plazo, se tiene que seguir trabajando arduamente en un plan integral que considere dos elementos: espectro e infraestructura. Una mejora en la asignación de espectro se vuelve fundamental si miramos que, a la fecha, Argentina solo ha adjudicado un 20% de lo recomendado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) para 2020.

Por otra parte, también es necesaria una armonización y una simplificación normativa que permita la construcción de nueva infraestructura. A pesar de lo logrado durante los últimos años, estimaciones conservadoras indican que se necesitarían por lo menos 43.000 nuevos sitios en la Argentina.

Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado es que la conectividad móvil y el acceso a Internet son esenciales para el funcionamiento de cualquier sociedad. El gobierno nacional y el municipal son los que más pueden y deben colaborar en este contexto, reduciendo los tiempos de permisos, promoviendo el despliegue de fibra en redes dorsales y dentro de edificios, y estableciendo incentivos (como ser incluidos en las "obligaciones de hacer" de los operadores) para que los municipios habiliten y faciliten la construcción de nueva infraestructura.

Con respecto a las tasas, si bien los municipios poseen la competencia de fijar y cobrar tasas, se requiere más coherencia y razonabilidad en sus importes para que eso no sea un detrimento a la hora de realizar una inversión. En cuanto a las provincias, existe la oportunidad de mejorar los tiempos en el trámite de permisos medioambientales.

El acceso a Internet fue declarado un derecho humano por la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) en 2011 y es considerado un derecho fundamental por las leyes de varios países. Los estados (en todos sus niveles) tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a Internet sea ampliamente disponible.

Las personas a su vez hoy necesitan estar conectadas con sus familiares a pesar del aislamiento, necesitan poder acceder a servicios de salud a través de videollamadas, los hospitales necesitan tener una mejor cobertura, los médicos, las ambulancias, y todo el sector de salud en general. Incluso los adultos mayores hoy manejan aplicaciones y diversos sistemas para poder seguir en contacto con sus seres queridos.

Abordar los desafíos que impone la pandemia requiere un esfuerzo singular de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y una mayor colaboración público-privada para el desarrollo de las infraestructuras.

Josefina Hernández Gazcón:
Josefina Hernández Gazcón: "La Argentina solo ha adjudicado un 20% de lo recomendado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) para 2020."

Perfil

American Tower es una empresa que administra y desarrolla bienes relacionados con la comunicación de transmisión de señal e inalámbrica. Con su sede central en Boston, Massachusetts, Tower cuenta con oficinas en Estados Unidos y Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia, Ghana, India, México, Nigeria, Paraguay, Perú, Sudáfrica y Uganda. En la Argentina opera desde 2017.