Fernanda Lacey y Claudio Daniel Boada, abogados y dirigentes de la Unión de Usuarios y Consumidores, analizan en forma conjunta en esta entrevista de iProfesional el reciente decreto presidencial que declara como servicio público a la telefonía móvil, Internet y la TV paga.

-¿Cómo evalúan el decreto 690/20 en términos conceptuales?

-Dos temas resuelve este DNU. El primero de coyuntura que es el necesario congelamiento de los precios a aplicarse a estos servicios. Hoy en medio de la cuarentena estos servicios son más esenciales que nunca. Vivimos, trabajamos, estudiamos y tenemos contacto con nuestra familia y amistades a través de Internet.

El segundo es reconocer el carácter de servicio público a estos servicios. La comunicación es un DDHH básico. Precios accesibles a todos, calidad de servicio. Universalidad (en todo el territorio nacional), uniformidad (buena calidad para todos nada de buena calidad para ricos y una calidad deficiente para pobres), conectividad para todos.

Además de la declaración que emitieron, ¿las organizaciones de consumidores y usuarios realizarán acciones de apoyo a esta medida?

-Realizaremos medidas de apoyo a esta medida. Las asociaciones de consumidores anhelamos tener una activa participación en el camino que deberemos transitar de aquí en adelante, porque estamos ante un proceso a desarrollarse. En este momento vislumbramos algunas cuestiones en las cuales tendremos activa participación:

• Impulsar el cumplimiento del congelamiento de precios con asesoramiento sobre facturaciones de los proveedores, refacturaciones y realización de acciones administrativas y judiciales (si fueran necesarias) para que se cumpla el congelamiento.
• Desarrollar y distribuir gratuitamente a los usuarios en general de herramientas informáticas que permitan el control de las facturaciones y de la calidad del servicio.
• Impulsar las manifestaciones de apoyo de las presentes medidas en la población en general y en los distintos espacios institucionales a los que pertenecemos.
• En caso de judicialización del DNU por parte de las empresas proveedoras del servicio, participar en dichos juicios con el carácter de "Amicus Curiae" u otros de similar características.

Estas acciones son sólo enumerativas, podrán urgir muchas más a realizar.

-¿Qué otras medidas gubernamentales estima que deben ser adoptadas en materia de telefonía móvil, Internet y TV por cable?

• Establecimiento de un piso prestacional, de una calidad mínima en estos servicios que ningún proveedor pueda eludir. (Garantizar calidad a los usuarios)
• Establecer un procedimiento de participación de las asociaciones de consumidores en la fijación de precios de los servicios.

-¿Cuál es la opinión de ustedes sobre la oposición de las operadoras y de Juntos por el Cambio a la medida?

-No todos los miembros de Juntos por el Cambio se pronunciaron oponiéndose a la medida (Por ejemplo Julio Cobos lo apoyó) aunque era de esperar la oposición porque durante su gobierno se vivió un proceso de retroceso en la adquisición de derechos y caminan tras el concepto de mercantilización de lo que nosotros consideramos DDHH.

En cuanto a las grandes corporaciones empresariales que prestan este (entre otros servicios), buscan liberalizar, mercantilizar todos los bienes y servicios. El concepto de "ganancia razonable" que es el quid de la "fijación del valor de las de tarifas" es aborrecido por las mismas. El concepto de sus negocios es el de "máxima ganancia, mínima calidad e inversión"

El criterio que utilizan la empresas para avalar los precios de estos servicios, es que se establezcan precios de mercado, como todo precio que "el consumidor esté dispuesto a pagar" independientemente de los costos reales en la prestación del servicio.

Es evidente que van a estar en contra, porque lo más probable es que sus ganancias sean muy por encima de lo que cualquier productor de bienes y servicios establece habitualmente y si el Estado regula pierden esa discrecionalidad que exacerba sus ganancias.

El Congreso será uno de los escenarios del debate en torno al DNU sobre las "telcos".

¿Qué dice el DNU sobre las "telcos"?

El presidente Alberto Fernández comunicó el viernes a través de su cuenta oficial de Twitter la decisión de declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de Internet y a la televisión paga y congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas de los tres servicios.

La decisión se efectivizó a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que aplica modificaciones a la Ley N° 27.078 (conocida como "Ley Argentina Digital").

Esta norma fue sancionada en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego fue modificada durante el gobierno de Mauricio Macri. El DNU, como todos los decretos de esas características, deberá ser analizado y validado por el Congreso de la Nación. 

El DNU publicado por el Presidente considera, entre otros puntos: que el derecho de acceso a Internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión; que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social; y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 estableció que "el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables (…).

El texto del decreto destaca los ejemplos de México y Francia, en donde en el primero se consagró el derecho de acceso a Internet, mientras que en el país europeo fue considerado un derecho fundamental. Además, en una entrevista radial tras la publicación del decreto, Fernández declaró: "Admiro a Noruega y Finlandia, y en estos dos países son servicios públicos".

También critica el DNU 267/2015, emitido por Macri, que estableció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y modificó la "Ley Argentina Digital". Así, el reciente DNU considera que esa decisión "derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional".

El presidente Alberto Fernández recordó que en países escandinavos las telecomunicaciones son servicios públicos.

Las modificaciones para las "telcos"

El decreto establece que los servicios de las TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, que sus licenciatarios fijarán los precios, que deberán ser justos y razonables, y regulados por la autoridad de aplicación, es decir, el Enacom. Además, incorpora como servicio público al servicio de telefonía móvil, cuyos precios también serán regulados por el Enacom.

En el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, suspende cualquier aumento o modificación de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC. Esto incluye a la televisión por cable, internet, a la telefonía fija o móvil y también a los servicios de televisión satelital.