A partir del 1° de enero los servicios de telecomunicaciones, sea telefonía fija o móvil, internet y la televisión paga, aumentaron un 5%, de acuerdo a lo autorizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Como algunas empresas comenzaron a comunicar otros incrementos, superiores, antes del visto del Gobierno es posible que algunos usuarios hayan recibido facturas con aumentos por encima de lo establecido. Por esa razón, el regulador estableció dos mecanismos para que los usuarios puedan reclamar por el alza estipulada.

Lo mismo para los prestadores de servicios de telecomunicaciones a las que se les autorizó aplicar un aumento de 8%, concentrado en las empresas pymes y cooperativas que nunca realizaron ajuste alguno a lo largo de 2020.

Dos caminos para el 5%

En cualquiera de los dos casos, el ENACOM estableció que aquellos usuarios y usuarias que hayan recibido facturaciones con incrementos en el precio por encima de lo fijado pueden optar por dos alternativas para que se cumpla con lo permitido.

El primer aumento del año para las telecomunicaciones es de 5% y de 8% para pymes que no ejecutaron ningún alza en 2020

1.Exigir a la empresa prestadora del servicio la refacturación con el importe correcto contemplando el aumento autorizado, antes de abonar la factura recibida.

2.Abonar el importe facturado, debiendo la empresa prestadora reintegrar el dinero facturado de más a través de una nota de crédito en la inmediata factura posterior.

Estas son las dos vías para hacer efectivo el cumplimiento del incremento autorizado, aunque suele ser la segunda la más sencilla de implementar.

Se debe tener en cuenta, asimismo, que todo indica que en estas semanas continuarán los encuentros para seguir discutiendo aumentos hacia adelante, aunque todavía es prematuro determinar cómo serán esas conversaciones.

Comunicación previa y prestación básica

Las empresas de telecomunicaciones deben informar de los aumentos con un mínimo de 30 días de anticipación. Como en los primeros días de diciembre no se había cerrado el incremento que aplicaría a partir del 1° de enero como forma de salir del descongelamiento, las empresas comenzaron a enviar esa información a los clientes al tiempo que se ejecutaba la facturación. Es la razón por la que muchos usuarios pueden haber recibido esa primera tanda de facturas, aún cuando la negociación por el aumento no estaba cerrada y, mucho menos, oficializada por el Gobierno. 

La prestación básica universal de telecomunicaciones podría alcanzar a 10 millones de argentinos

Más allá de cuándo se oficializó el alza las empresas tienen la obligación de informar los aumentos, independientemente del número final fijado.

Esto sucede en paralelo al inicio de la prestación básica universal que habilita a los argentinos que perciban remuneraciones por debajo de dos salarios mínimos, es decir, menos de $41.000, a solicitar un servicio básico por precios muy bajos. De acuerdo a lo señalado por el Gobierno se trata de una alternativa que podría ser solicitada por unos 10 millones de argentinos.

El viernes 18 de diciembre terminaron oficializándose los aumentos de 5% y 8% para los servicios de telecomunicaciones, además de la puesta en marcha de la prestación básica universal y obligatoria para los segmentos de población más vulnerables. La medida se publicó el lunes siguiente en el Boletín Oficial.

A través de la resolución 1466 se reglamentaron las determinaciones tomadas en el decreto 690 de agosto pasado mediante el cual se congelaron los precios de la telefonía, internet y la televisión paga hasta el próximo 31 de diciembre además de modificarse el status del sector, que se convirtió en servicio público esencial y en competencia. Y desde este lunes se inició un nuevo proceso de consulta entre el ENACOM y las empresas del sector.

El mismo viernes y, durante todo el fin de semana, todo el sector de las telecomunicaciones, desde las grandes compañías –como Claro, Personal y Telefónica- y hasta las pyme y las cooperativas del sector nucleadas en cámaras como CABASE, CACPY y UAPI, se pronunciaron en contra de los aumentos autorizados porque, coincidieron en líneas generales, no les permiten cubrir los costos ni tampoco obtener una ganancia razonable que le permita las reinversiones. Una ecuación económica básica para que las redes se actualicen y no se pierda la calidad del servicio.