La cadena de bloques de datos informáticos, más conocida como "blockchain", es la tecnología que está detrás de fenómenos como las criptomonedas y los contratos inteligentes. Sin embargo, en la Argentina, el marco legal que rodea al blockchain honraría, por su precariedad, a la famosa canción de Ignacio Copani "Lo atamo con alambre".

Así se desprende de un informe privado, al que accedió iProfesional, y acerca del cual este medio entrevistó a Javier Madariaga, economista, investigador y director del Proyecto Didi en la Argentina.

-¿Qué es el Proyecto Didi?

-Proyecto Didi (Identidad Digital para la inclusión) ha desarrollado e implementado el primer modelo de identidad digital auto soberana de América latina basado en blockchain con el objetivo de disminuir la asimetría informativa que afecta a personas que se desenvuelven en entornos de informalidad dificultando su acceso a bienes y servicios de calidad.

-¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

-Iniciado en el 2016, busca mejorar los niveles de confianza y derribar algunas de las barreras que impiden el acceso a bienes y servicios de calidad a personas en entornos de pobreza e informalidad.

-¿Qué información relevó la investigación?

-El informe recorre la regulación existente y de aplicación en cada uno de los países de América latina en relación con tres grandes ejes temáticos:

• Identidades
• Blockchain
• Criptomonedas

El objetivo de la investigación es esclarecer los principales aspectos que intervienen en la implementación de una solución de identidad digital auto soberana. En este sentido, reconocemos la necesidad de revisar y mejorar los marcos normativos en la región de manera que sea posible aprovechar las oportunidades que los avances tecnológicos ofrecen para prosperar en el empoderamiento de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

"Queremos que este documento sirva de insumo para que los hacedores de política puedan tomar decisiones a partir de información fehaciente en resoluciones que contribuyan a una sociedad con mayor inclusión"

-¿Cómo es la aplicación que crearon?

-La solución tecnológica propuesta por Didi se materializa en una aplicación para teléfono móvil llamada ai·di. Funciona como una suerte de porta documentos digital que certifica y valida datos sociales, cívicos y económicos a través de certificados digitales que acrediten mediante firma digital que una persona es portadora de ciertos atributos que tienen que ver con su identidad. Hoy cuenta con alrededor de 300 usuarios activos en distintos barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A su vez, desarrollamos un portal web de emisión de credenciales, a través del cual las instituciones o individuos que así lo deseen puedan gestionar, emitir, y revocar esas credenciales.

-¿Con quienes trabajan?

-Desde el proyecto trabajamos junto a individuos y organizaciones públicas y privadas para que puedan aprovechar el potencial de la tecnología blockchain y la criptografía para convertir en credenciales verificables las interacciones que las personas tienen vinculadas a su patrimonio, educación, salud o experiencia laboral, garantizando la portabilidad, la privacidad y el control de los datos por parte del propio titular, así como la autenticidad del firmante o emisor de estas credenciales.

La blockchain sustenta a las criptomonedas.

Apenas un decreto para la cadena de bloques

-De acuerdo con el informe, ¿cómo evalúan la situación del maco legal de blockchain en la Argentina?

-En la Argentina no existe actualmente una regulación que comprenda en su totalidad a la tecnología blockchain. Únicamente el decreto 182 de 2019 sobre firma digital, que aún se encuentra pendiente de ser reglamentado, sólo se limita a incluir a quienes prestan el servicio de operación de cadenas de bloques para la conservación de documentos electrónicos y gestión de contratos inteligentes, dentro de la categoría de "prestadores de servicios de confianza".

-¿Qué sucede al respecto en el resto de América latina?

-En términos generales, en todos los países de América latina la situación normativa en torno a blockchain no se encuentra en condiciones de otorgarle una consideración exhaustiva de su uso efectivo y de los efectos jurídicos perseguidos con la operación para la cual se usa.

Ya sea para firmar expresiones o declaraciones sobre ciertos hechos que hacen a la identidad de una persona y permitir la construcción de identidades digitales auto soberanas que reduzcan las asimetrías informativas y los costos de verificación de información, como es el caso del proyecto Didi, o para la celebración y ejecución de contratos inteligentes, la normativa en torno a blockchain en los países latinoamericanos no se encuentra en condiciones de dar apoyo legal a proyectos de este tipo.

-¿Qué pasa con los reguladores estatales ante el avance de la blockchain?

-En la medida en que la tecnología blockchain se utiliza cada vez más como herramienta para darle una mayor robustez a nuevas aplicaciones y plataformas descentralizadas, los reguladores se enfrentan a desafíos e interrogantes que deben ser comprendidos no como una amenaza sino como parte de los procesos naturales de transformación que atraviesan las sociedades, que hoy se caracterizan por una velocidad exponencialmente mayor.

Javier Madariaga: "El gran desafío será siempre lograr un equilibrio sano entre lo deseable y lo posible".

-¿Cuáles son las posturas que existen sobre la legislación en torno a la blockchain?

-En el debate internacional, cuando se trata de regular nuevas tecnologías como blockchain, existen tres posiciones cada una con sus ventajas y desventajas. Pueden optar por aplicar las viejas leyes y normas a la nueva realidad, pueden adaptarlas, o pueden desarrollar leyes y normas ad-hoc.

El gran desafío será siempre lograr un equilibrio sano entre lo deseable y lo posible, entre la protección y la innovación, y que la norma se encuentre al servicio lograr un mayor bienestar general.