La Justicia prorrogó por 6 meses una medida cautelar que deja a Telecom libre del DNU 690 del presidente Alberto Fernández, el cual declara a las telecomunicaciones como servicios públicos y tiene como intención principal regular las tarifas.

El juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 falló a favor de la empresa de la familia de Grupo Clarín y prorrogó la medida conforme artículo 5 de la Ley 26.854.

El DNU 690 abrió el debate sobre el nivel de brecha digital en el país, pero, al estilo caja de Pandora, amplió la discusión y se comenzó a hablar sobre  calidades de conexión, conectividad, alfabetización digital, hardware, brechas de velocidad. 

El gobierno de Alberto Fernández considera que se necesitan políticas públicas para resolver estos problemas porque, según su análisis, el mercado no lo hizo.

En Argentina, de las 2.618 localidades con acceso a Internet, solo un 30% cuentan con opción de acceso por fibra óptica. A esto se suma una fuerte disparidad actual en la penetración de Internet fijo en los hogares: mientras en Caba el porcentaje es 105,98; en Corrientes es de 38,73; Catamarca 37,62; Chaco 37,48; y Formosa 30,23.

Asimismo, hay siete provincias donde más de un tercio de los estudiantes de primaria no tiene acceso a internet en su hogar: Santiago del Estero 40,7%; Formosa 37,7%; San Juan 36,1%; Catamarca 35,0%; Misiones 35,0%; Chaco 33,5%; y Corrientes 33,3%.

Desde las empresas cuestionan el DNU porque argumentan que alejará y ahuyentará las inversiones, además de poner más obstáculos a pymes para seguir sobreviviendo. A esto se suma que si la suba de precios depende del Gobierno, no es un buen incentivo sobre todo en un país en donde es muy complicado prever cuál será la inflación.

Telecom sostiene que no se dan los presupuestos legales para la calificación como "servicio público" a una actividad privada libre que se realiza en condiciones de competencia. En este sentido, según la empresa, el DNU 690/2020 desconoce los derechos de propiedad de los licenciatarios, destruye la mínima seguridad jurídica necesaria para brindar un horizonte de previsibilidad a servicios que exigen de permanentes y millonarias inversiones para funcionar.

El pedido judicial de otros operadores 

En septiembre, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 5 rechazó el pedido cautelar que habían solicitado Telefónica de Argentina y Telefónica Móviles Argentina, en el cual se buscaba que se declare nulo e inconstitucional el 690/20 y tres resoluciones del Enacom.

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También el grupo español pidió que se declarase la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 26.122 de "régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes". Estos pedidos fueron negados.

Los otros operadores que sí lograron interponer una medida y frenar la aplicación de la normativa fueron Catriel Televisora Color, TV Cable Color, Telecentro y DirecTV.

Sin embargo, a partir de esto surgió la polémica porque los especialistas aseguran que de esta manera se generan escenarios de desigualdad entre los operadores que sí son alcanzados por las obligaciones y los que no.

DNU 690, ¿y ley?

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por Alfredo Luenzo, comenzó el debate en el Congreso para declarar el acceso a Internet y la telefonía móvil como servicios públicos y derecho humano universal.

"Argentina tiene una deuda pendiente particularmente con el interior, donde la brecha digital es importante, es significativa", aseguró el senador de Chubut.

"Enacom ha puesto en marcha una serie de planes con una inversión en cuatro años de 40 mil millones de pesos, para seguir desde el Estado cumpliendo con este objetivo, que es el de la inclusión digital", recordó.

Lo que considera es que debe existir un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, a partir de la intervención del Estado, que además es responsable del espacio radioeléctrico.

La iniciativa establece como objeto principal posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.

Los especialistas consideran que es importante implementar medidas regulatorias integrales y articuladas y luego elaborar políticas públicas coherentes que no sean coyunturales, sino a largo plazo articuladas a otras iniciativas de Gobierno.

Internet: hay cuatro provincias que están por debajo del 40% de acceso fijo

Según indicadores del Enacom, es baja la penetración de Internet fija en hogares. Asimismo, la penetración de telefonía fija es alta pero el 90% de los usuarios tienen planes post pagos, que son utilizados por sectores con menos recursos.

Henoch Aguilar, ex secretario de Comunicaciones y ex vicepresidente de Arsat, explicó que las desigualdades entre las diferentes provincias argentinas, salvo el caso de Caba, no son proporcionales ni a sus ingresos per cápita ni al producto bruto. 

Y recordó que hay cuatro provincias que están por debajo del 40% de acceso fijo: Formosa con 32%, San Juan 36%, Santa Cruz 37% y Mendoza 39%.

"Tenemos casos de ingresos muy altos como es el de Santa Cruz; tenemos el caso de unas de las cuatro provincias más ricas como es el caso de Mendoza, no parece tener una explicación lógica", puntualizó.

Según argumentó el especialista, "la decisión de tomar a la conectividad como un objetivo provincial puede tener resultados que superan a las provincias más ricas" por lo que "no se logrará la cobertura universal que estamos pensando si cada provincia no diseña un plan específico en la medida de sus territorios y sus necesidades".

Es por eso que se necesitan nuevas redes, inversión y un sistema de regulación que "más que regular precios", recomienda incentivar la competencia, lo que "exige al otro a mejorar el servicio".

Por su parte, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, aclaró que el DNU estuvo en sus fundamentos "inspirado en antecedentes internacionales".

"No podíamos dejar que el precio por el acceso al estudio o al trabajo fuera un bien de mercado", argumentó el funcionario.

"El DNU 690, ratificado por el Congreso, lo que hace es ratificar eso y en todo caso reponer y ampliar lo que ya estaba en la Ley Argentina Digital", agregó López.

El vicepresidente del Enacom además aseguró que están en "condiciones de regular precios mayoristas, en el sentido de competencia, para que no haya un abuso de posición dominante, y de precios minoristas, aunque en este momento está judicializada esa parte del decreto".

Como contrapartida, fuentes de Telecom destacaron que, a nivel nacional, Personal llega con cobertura 4G al 97,6 % de la población; y el 91% del tráfico es cursado sobre esta red.

"Ello demuestra no sólo la necesidad de los clientes de estar siempre conectados, sino que la velocidad de descarga es fundamental en su experiencia de usuarios, tanto para comunicarse, trabajar, estudiar, informarse o entretenerse. En 2020 el consumo de datos de los clientes 4G alcanzó un promedio de 3.9 Gigas y actualmente el consumo se elevó a 4.8 Gigas. Personal cuenta con más de 16,2 millones de clientes con dispositivos 4G en todo el país", completaron desde la compañía.

La penetración de telefonía fija es alta pero el 90% de los usuarios tienen planes post pagos

Según números del Enacom, entre 2013 y 2015 la inversión del Estado fue de 3.200 millones de dólares, mientras que en el período 2015-2019 la inversión estatal total fue de 264 millones de dólares, básicamente puesta exclusivamente en la red federal de fibra óptica.

Gustavo López, en diálogo con iProfesional, aseguró que están esperando que la Corte intervenga.

En medio de todo esto, el mandatario Alberto Fernández sostiene que las TIC son un servicio público y manda un mensaje político a las empresas: "es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que Internet es un servicio público... ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas".