El Gobierno abre la billetera para blindar la conectividad en los barrios populares
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dio un paso determinante para salvaguardar el avance de la infraestructura de telecomunicaciones en zonas de alta vulnerabilidad social. El organismo oficializó una ampliación presupuestaria de $538.886.968, un monto que representa un incremento del 211% sobre el capital originalmente asignado.
Este desembolso se dirige específicamente a la empresa Argengraft y tiene como objetivo fundamental asegurar la continuidad y finalización del despliegue de redes de banda ancha en los barrios populares.
La medida incluida en la Resolución 17/2026 subraya una política de Estado orientada a evitar la paralización de proyectos vitales. No se trata de una nueva licitación, sino de la actualización de un contrato ya adjudicado, que se había visto comprometido por el desfasaje inflacionario acumulado desde 2023, una situación económica que ponía en riesgo la ejecución de la obra. Con esta corrección financiera, el capital total comprometido por el Enacom para este proyecto asciende a $888.639.908.
Un salvataje financiero estratégico y su justificación
Este desembolso funciona, en la práctica, como un mecanismo de salvataje financiero. Su propósito es sostener una obra que el Gobierno nacional considera de carácter estratégico para la digitalización nacional.
La prioridad es evitar lo que se conoce como el "costo hundido", que implicaría la pérdida total de la inversión ya realizada y el abandono de la infraestructura a medio construir. La finalización de esta red es crucial por una doble vía:
- Soporte de servicios públicos: La nueva infraestructura de red está destinada a servir de soporte para la migración de servicios públicos esenciales.
- Preparación para la demanda futura: Asegura la capacidad para absorber el crecimiento exponencial del tráfico de datos asociado a las tecnologías de telefonía móvil de quinta generación (5G) y al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
La indexación del 211% encuentra su respaldo normativo en la Resolución 1860 de 2022, que establece un marco para reconocer la inflación como un factor de riesgo compartido en los contratos de obra pública de infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
De esta manera, el regulador protege la ejecución de proyectos de "última milla" --la conexión final a los hogares-- especialmente en zonas que son inherentemente de baja rentabilidad para el sector privado, y garantiza así el cumplimiento de las metas de digitalización e inclusión social.
El interventor del Enacom, Martín Ozores, enfatizó la trascendencia de esta acción, alineándola con el principal objetivo de su gestión para este año : "El 2026 es un año de ejecución", afirmó, tras una etapa inicial de auditorías internas y reordenamiento administrativo.
La continuidad contractual con Argengraft es vital porque la obra está incluida en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), lo que la cataloga como elegible para recibir financiamiento bajo la modalidad de aportes no reembolsables (ANR) provenientes del Fondo del Servicio Universal (FSU), dada su naturaleza de infraestructura social crítica.
El nuevo paradigma del Fondo del Servicio Universal: El "Modo Play"
Paralelamente a este rescate, el Enacom lleva a cabo una migración en su modelo de financiamiento sectorial, al introducir un nuevo esquema denominado "Modo Play". Este modelo se concibe como un sistema híbrido que busca atraer el capital privado y, consecuentemente, reducir la dependencia del subsidio directo estatal.
El "Modo Play" se estructura en tres pilares fundamentales:
- Créditos con subsidio de tasa: El Enacom actúa con la bonificación de puntos porcentuales de los préstamos otorgados por la banca comercial a los operadores de telecomunicaciones.
- Incentivos fiscales: Establecimiento de deducciones tributarias específicas para aquellos despliegues de infraestructura en sitios móviles que incorporen tecnologías 4G y 5G.
- Apalancamiento privado: Exigencia de garantías de ejecución y compromiso de capital propio a los proveedores de servicios de Internet (ISP, sigla en inglés) y cooperativas que accedan al financiamiento.
Esta transición implica la disolución del esquema tradicional del Fondo del Servicio Universal. Hacia finales de 2025, el FSU acumulaba un capital de $200.000 millones. En el marco del proceso de reordenamiento y focalización de recursos, el Fomeca y otros 16 programas históricos fueron dados de baja.
La prioridad es centralizar el uso de los recursos a través del Reglamento SU 359/2025, cuyo enfoque es destinar el 1% de la facturación TIC exclusivamente a la inversión en infraestructura física, con prioridad de la red móvil y la banda ancha.
A pesar de que la Resolución 1385/2025 creó un fondo específico de $10.000 millones para la implementación del "Modo Play", hasta febrero de 2026 aún no se habían registrado desembolsos concretados bajo este nuevo esquema.
Este hecho pone de relieve el desafío operativo y burocrático de migrar con eficacia de un sistema de caja directa (transferencia estatal) a uno de intermediación financiera a través de la banca.
Impacto inmediato y expectativas de largo plazo
La actualización presupuestaria de $538 millones sirve para proteger el contrato de Argengraft, y tiene un efecto estabilizador crucial en toda la cadena de valor del sector. Garantiza el pago a la red de proveedores (empresas de fibra óptica, instaladores y logística), y mitiga el riesgo de un potencial efecto dominó de quiebras técnicas en la cadena de suministro.
El Enacom se posiciona así como un garante de la continuidad de contratos estratégicos, aunque bajo nuevos estándares de auditoría. El éxito definitivo del esquema "Modo Play" estará ligado directamente a dos factores clave:
- La velocidad con que la banca privada se adhiera a los convenios de subsidio de tasa.
- La capacidad del Enacom para agilizar la aprobación de proyectos basados en métricas de impacto real y verificable.
En sintonía con esta nueva visión regulatoria, la Resolución 3/2026 oficializó también la implementación de facilidades de pago para aquellas deudas que los operadores de telecomunicaciones mantienen con el FSU.
Esta medida busca regularizar el flujo de caja del organismo sin incurrir en prácticas que puedan asfixiar la inversión privada. El objetivo final es que el financiamiento estatal actúe como un complemento y catalizador, y no como el único motor de la expansión, para separar definitivamente la deuda regulatoria histórica de las nuevas oportunidades de expansión digital del país.
Los $888 millones comprometidos de forma inmediata aseguran la continuidad de una infraestructura crítica e inclusiva. Mientras tanto, el sector mantiene una alta expectativa respecto a la activación de los $10.000 millones en créditos subsidiados del "Modo Play", y espera que estos recursos finalmente dinamicen y aceleren la modernización integral de la red nacional de telecomunicaciones.