El Súper RIGI sumó una cláusula de "compre nacional" del 20%: por qué podría fracasar en el sector telco

La iniciativa conocida como Súper RIGI sumó una novedad relevante tras su aprobación en la Cámara de Diputados. La propuesta del Gobierno nacional, que ahora será tratada por el Senado, incluye un compromiso obligatorio: los grandes proyectos deberán destinar al menos el 20% de sus adquisiciones de bienes y servicios a proveedores nacionales, siempre que exista oferta local en términos de precio y calidad.

Esta medida resulta fundamental para la meta del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) de captar capitales que financien la infraestructura digital que requiere la Argentina para atraer a los principales jugadores globales de la inteligencia artificial (IA). Martín Ozores, interventor del organismo, destacó el propósito de activar un fondo de 200 millones de dólares con el fin de ampliar la capacidad de los centros de datos locales y facilitar la llegada de firmas de gran escala.

El Súper RIGI (la sigla es por Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) abarca proyectos superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores emergentes como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, energías renovables y centros de datos. En este escenario, la exigencia de compras locales abre puertas para empresas de telecomunicaciones, operadores de fibra, centros de datos, integradores, firmas energéticas, desarrolladores de software, servicios profesionales y constructoras especializadas.

Alcance real de la cuota nacional del Súper RIGI

La cláusula busca evitar que el Súper RIGI se limite solo a beneficios fiscales para corporaciones extranjeras. En la práctica, fuerza la vinculación de una porción de las compras con firmas radicadas en el país.

Para el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la apertura es amplia. Las fuertes inversiones en IA pueden generar demanda para operadores, proveedores de Internet, cooperativas y empresas tecnológicas locales. No obstante, ese potencial depende de la capacidad real para brindar servicios a escala sin recurrir exclusivamente a tecnología importada.

La brecha entre grandes inversiones y realidad local

Uno de los debates centrales es la escala del negocio. Mientras el Súper RIGI apunta a inversiones de al menos 1.000 millones de dólares, la mayoría de los proyectos que movilizan a operadores regionales y empresas medianas oscilan entre 10 y 12 millones de dólares.

Estas iniciativas son de menor dimensión frente a los grandes despliegues de hiperescala, pero resultan imprescindibles para que un centro de datos de IA tenga integración con la economía real. La inteligencia artificial precisa potencia de cálculo, pero también redes de baja latencia, rutas de fibra, interconexión y despliegue territorial.

Allí surge el obstáculo financiero. Las redes de fibra y los centros de datos regionales requieren capital intensivo, plazos largos y estabilidad. Para muchas firmas medianas, el crédito internacional es lejano, y el financiamiento local depende de tasas bonificadas o instrumentos que alivien el costo.

Diego Brunelli, jefe de Gabinete del Enacom, planteó la urgencia de acelerar la presentación de propuestas de conectividad. El funcionario invitó a las empresas a presentar planes de financiamiento del Fondo de Servicio Universal mediante sus distintos mecanismos.

Financiamiento e infraestructura digital

Tanto el Gobierno como el sector privado ven la salida al mercado de capitales de Sion, realizada en noviembre de 2025, como prueba de que esta herramienta puede funcionar para la infraestructura digital. La compañía logró activar inversiones por más de 10.000 millones de pesos con el respaldo del Enacom.

La idea oficial es combinar el Fondo de Servicio Universal con obligaciones negociables, avales y líneas bancarias para multiplicar el efecto de los recursos. La meta es que cooperativas y operadores regionales obtengan financiamiento de largo plazo para obras de infraestructura.

Esta lógica es vital para la cláusula del 20%. Si los proyectos gigantes deben contratar proveedores locales, esos necesitan capacidad financiera, escala operativa y certificaciones técnicas para responder antes de que emerja la demanda.

El peso de las regulaciones provinciales

Además del financiamiento, las obras de infraestructura involucran municipios y provincias, lo cual implica permisos, tasas, habilitaciones y contratos de largo plazo. Para las telecomunicaciones, este aspecto es tan crucial como el incentivo nacional.

María Angélica Grisolia, socia de ZBV Abogados, advirtió sobre la necesidad de alinear los regímenes municipales y provinciales con los estándares contractuales internacionales de las obras. El punto es delicado: si cada jurisdicción añade costos o demoras, el beneficio nacional pierde impacto.

El riesgo es evidente en los centros de datos de IA. Tal envergadura requiere energía, suelo, refrigeración, conectividad y permisos ambientales. La cláusula de compras locales dinamizará el mercado solo si el entorno regulatorio permite la ejecución sin dilaciones innecesarias.

La competencia regional y el rol de las políticas públicas

La Argentina tiene competencia entre sus vecinos. Amazon Web Services (AWS) avanzó en Chile con inversiones superiores a 4.000 millones de dólares en infraestructura en la nube, mientras Google eligió Uruguay para un centro de datos de más de 850 millones de dólares. El país aún intenta convertir su potencial en realidades.

Rafael Ibáñez, director general ejecutivo de SkyOnline, sintetizó esta tensión al comparar casos regionales. El ejecutivo mencionó que el proyecto de AWS para su propio centro de datos no prosperó en la Argentina y finalmente se realizó en Chile. Añadió que la reciente iniciativa de Google también se desarrolla en Uruguay, lo que indica que el mercado local todavía no luce lo suficientemente atractivo.

Brasil ofrece otra referencia. Paula Scauzillo, especialista en desarrollo productivo, destacó que el programa ReData de ese país exige contrapartidas. Entre ellas, piden que el 100% de la energía de esos centros de datos provenga de fuentes renovables y que una parte de la capacidad de cómputo quede a disposición del sistema científico local. La experta señaló que es necesario conducir el proceso. Ese enfoque se alinea con la modificación del Súper RIGI. La cláusula busca que el incentivo no sea solamente una rebaja fiscal, sino una herramienta para construir capacidades locales.

Perspectivas futuras para el sector tecnológico

La exigencia del 20% de proveedores nacionales abre una oportunidad relevante para el sector tecnológico argentino. Para las telecomunicaciones, esto representa la posibilidad de nuevos contratos en conectividad, transporte y servicios gestionados. Para los centros de datos locales, significa integrarse a cadenas de valor de mayor alcance. Para proveedores de software, ciberseguridad, energía y mantenimiento, es una vía para participar en proyectos que antes parecían destinados únicamente a jugadores globales.

Si la mayoría de las compras se concentra en obra civil o servicios generales de bajo valor tecnológico, el efecto será limitado. Si, en cambio, se logra integrar fibra, operación de red, software, ingeniería y capacidades de cómputo, el Súper RIGI se convertirá en una plataforma para potenciar a los proveedores argentinos.

La oportunidad existe, pero requiere conectar dos realidades: la de las grandes empresas tecnológicas, que analizan inversiones de miles de millones, y la de los operadores locales, que precisan crédito, escala y previsibilidad para capturar parte de ese negocio.