El Gobierno pone en marcha un nuevo sistema para homologar celulares y routers desde septiembre
Desde septiembre vas a notar un cambio si comprás un celular, un router o cualquier equipo que se conecte a una red de datos en Argentina. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pondrá en marcha un nuevo sistema para homologar celulares, routers, dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) y otro tipo de equipos de telecomunicaciones, aunque todavía quedan dudas sobre cómo va a funcionar en la práctica.
A menos de dos meses de su entrada en vigencia, persisten interrogantes sobre qué empresas certificarán los equipos, cuánto van a costar sus servicios, cómo se harán los controles posteriores y quién asumirá la responsabilidad técnica ante un incumplimiento.
La reforma fue aprobada por Enacom a través de la Resolución 57/2026 y empezará a regir el 1 de septiembre. A partir de esa fecha, gran parte del proceso de certificación pasará a manos de agencias privadas reconocidas por el organismo.
En un principio, el Gobierno nacional presentó el cambio como una forma de acelerar la llegada de productos tecnológicos al país, bajar costos y dejar atrás procedimientos que en su mayoría databan de 1980.
Pero a medida que se acerca la fecha de implementación, el debate se corrió hacia otros puntos, como qué empresas van a poder certificar los equipos, cuánto van a cobrar por sus servicios, cómo serán los controles posteriores y quién responde técnicamente si algo falla.
El nuevo esquema incluye a celulares, routers y puntos de acceso Wi-Fi, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, cámaras, parlantes, dispositivos IoT, radio bases y otros equipos que usan el espectro radioeléctrico o se conectan a redes públicas de telecomunicaciones.
Cómo va a funcionar el nuevo trámite
La homologación sirve para comprobar que un equipo cumple con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias antes de fabricarse, importarse o venderse en la Argentina. También apunta a evitar interferencias sobre otros servicios que usan frecuencias radioeléctricas.
Hasta ahora, fabricantes e importadores tenían que presentar ante Enacom los resultados de ensayos hechos por laboratorios reconocidos y completar la inscripción del producto en el Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones (Ramatel).
Con el nuevo modelo, las agencias privadas van a analizar la documentación técnica y emitirán los certificados de conformidad necesarios para avanzar con la inscripción. Además, tendrán tareas de vigilancia para verificar que los productos que están en el mercado mantengan las condiciones con las que fueron aprobados.
Las certificadoras deberán tener personería jurídica en el país y estar acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación bajo la norma internacional ISO/IEC 17065.
Para que la transición sea más simple, la resolución permite a Enacom otorgar un reconocimiento provisorio, por un año, a las empresas que ya estén acreditadas para certificar productos bajo otros sistemas.
Otro cambio importante es que las nuevas inscripciones ya no van a tener que renovarse cada tres años. En su lugar, va a existir un esquema de vigilancia continua sobre los equipos que se comercialicen.
La reforma también habilita el registro de "familias de productos", que agrupa modelos con características técnicas similares dentro de un mismo trámite. La idea es bajar la cantidad de gestiones y evitar que cada variante de un dispositivo necesite un expediente separado.
Por qué Enacom impulsa este cambio
El argumento del organismo es que la digitalización de la economía y el crecimiento de los dispositivos inalámbricos dejaron corto al régimen anterior.
En los fundamentos de la Resolución 57/2026, el organismo sostuvo que "la actualización del procedimiento de homologación contribuirá a fortalecer la competitividad del sector, abaratar costos, fomentar la inversión y promover la innovación tecnológica".
Desde esta mirada, las agencias privadas permitirían ampliar la capacidad para procesar las solicitudes, bajar la carga administrativa del ente regulador y acelerar la aprobación de productos.
Con este esquema, Enacom podría concentrar sus recursos en definir normas técnicas, administrar el espectro y llevar adelante la fiscalización y los controles posteriores, en lugar de intervenir en cada etapa administrativa.
De todas formas, la efectividad del cambio va a depender de cuántas agencias se habiliten y de las tarifas que cobren por sus servicios. Si son pocas las certificadoras, se podría generar un nuevo cuello de botella o subir los costos que enfrentan fabricantes e importadores.
¿Subirán los precios de los celulares y otros equipos de comunicación?
El Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec) cuestionó la reforma desde que se publicó y presentó reclamos ante la intervención de Enacom.
El principal cuestionamiento apunta a la eliminación de la participación obligatoria del representante técnico matriculado, que hasta ahora intervenía en la preparación, validación y presentación de la documentación.
Según el Consejo, el nuevo régimen podría "incrementar los costos para los usuarios y empresas" y "concentrar la actividad en un número reducido de agencias certificadoras".
Desde la entidad sostuvieron que "el representante técnico es una figura que durante más de 40 años ha garantizado la responsabilidad profesional, la trazabilidad técnica y la calidad de los procesos".
Además, el Consejo rechazó que las demoras del régimen anterior fueran responsabilidad de los profesionales o de los laboratorios de ensayo. Su postura es que el problema principal estaba en la duplicación de controles dentro del propio ente regulador.
Por eso sostuvo que la simplificación se podría haber logrado con el reconocimiento de certificaciones internacionales y la eliminación de revisiones administrativas redundantes, sin dejar afuera al representante técnico matriculado.
El conflicto llegó a la Justicia. Copitec informó el 18 de mayo que había presentado una medida cautelar autónoma para pedir la suspensión de la Resolución 57/2026, después de lo que describió como "reiterados pedidos formales sin respuesta".
La presentación judicial no significa que el régimen esté suspendido. Mientras no exista una resolución que diga lo contrario, la fecha de entrada en vigencia sigue siendo el 1 de septiembre.
Qué pasa con la compra de equipos por Internet
La reforma también trae cambios para las tiendas digitales y las plataformas de comercio electrónico.
Las publicaciones de los equipos alcanzados por la norma van a tener que mostrar el número de inscripción en Ramatel que asigna Enacom. La obligación alcanza tanto a los proveedores que venden a través de sus propias páginas como a los portales que actúan como intermediarios entre compradores y vendedores.
Para los consumidores, ese número va a permitir chequear que el modelo que están por comprar está inscripto para su venta en el país. Para las plataformas, va a implicar adaptar los sistemas de carga y control que usan miles de vendedores.
Esta exigencia cobra relevancia en un mercado donde celulares, routers, auriculares y relojes inteligentes también se venden a través de importadores y vendedores que operan por fuera de las cadenas oficiales.
Enacom va a tener que coordinar parte del control con la Secretaría de Industria y Comercio. La norma prevé la posibilidad de aplicar sanciones regulatorias y comerciales si se ofrecen productos sin la inscripción correspondiente.
Uno de los interrogantes pasa por cómo se va a verificar que los números publicados sean auténticos y qué responsabilidad les cabrá a las plazas de comercio digital cuando un vendedor informe un registro incorrecto o que corresponde a otro modelo.
Cuándo entrará en vigencia el nuevo régimen
Las homologaciones van a seguir bajo el régimen actual hasta el 1 de septiembre. Las inscripciones que ya están vigentes van a conservar su validez durante tres años, mientras que los laboratorios reconocidos van a tener un plazo de dos años para adaptarse a las nuevas exigencias.
Las inscripciones que se otorguen bajo el nuevo sistema no van a tener vencimiento, siempre que no se modifiquen las características técnicas originales del equipo.
En lo operativo, el principal desafío va a ser terminar de reconocer a las agencias privadas y ajustar los sistemas informáticos que sostienen las solicitudes. La propia resolución reconoce que hace falta desarrollar nuevas herramientas digitales y establecer un período de transición para empresas, laboratorios y profesionales.
El Gobierno va a tener que demostrar que el cambio reduce, en los hechos, los plazos y los costos. Por su parte, Copitec va a seguir con el planteo judicial contra una reforma que considera perjudicial para la responsabilidad técnica y la competencia.
La respuesta se va a empezar a conocer cuando fabricantes, importadores, laboratorios, certificadoras, comercios y plataformas tengan que operar, en los hechos, bajo las nuevas reglas.