Enacom suma a Banco Macro para financiar redes con créditos de $800 millones
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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) seleccionó a Banco Macro como nueva entidad financiera habilitada para canalizar préstamos hacia pequeños y medianos proveedores de servicios de telecomunicaciones. A través de la Resolución 953/2026, el regulador oficializó un convenio que permite acceder a créditos de hasta $800 millones por prestador, con una bonificación de hasta 15 puntos porcentuales anuales sobre la tasa de interés, solventada con recursos del Fondo del Servicio Universal (FSU).
De este modo, Macro se convierte en la tercera entidad bancaria que participa del esquema armado por el organismo para movilizar fondos públicos acumulados y apalancar inversión privada en infraestructura de conectividad. Los bancos de la Nación Argentina (BNA) y Roela ya operaban bajo mecanismos equivalentes.
Cómo funciona el crédito de Banco Macro para prestadores TIC
Banco Macro será responsable de evaluar el riesgo crediticio de cada operación y de aprobar o rechazar las solicitudes según sus propias políticas internas. El Enacom, por su parte, definirá previamente si los proyectos presentados son elegibles para recibir el beneficio sobre la tasa.
El esquema implica que el Estado no cubre la totalidad de la inversión. El capital del préstamo proviene del sistema financiero privado, mientras que los recursos del Servicio Universal se aplican exclusivamente para abaratar el costo del financiamiento que enfrentan los operadores.
Por qué el Enacom cambió la forma de usar el Fondo del Servicio Universal
El convenio con Macro se inscribe en un plan más amplio que el Enacom desplegó a lo largo de los últimos meses para modificar la manera en que se emplean los recursos acumulados en el Servicio Universal.
Tal como anticipó iProfesional en mayo pasado, el entonces interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, confirmó entonces que el Fondo disponía de alrededor de u$s200 millones y que el organismo buscaba canalizarlos hacia proyectos de infraestructura.
"Hoy el monto no sería el límite. El Fondo de Servicio Universal tiene u$s200 millones, mientras que los proyectos de infraestructura que se están presentando actualmente, como expansión modular de datacenters o tendido de fibra, rondan los u$s10 a 12 millones cada uno", explicó Ozores, quien el 6 de octubre renunció a su puesto.
La idea central apunta a utilizar parte de esos recursos para potenciar proyectos privados a través de diferentes instrumentos financieros, en lugar de depender exclusivamente del esquema tradicional de Aportes No Reembolsables (ANR).
"El uso del mercado de capitales para fondear proyectos de infraestructura crítica es algo que en Argentina no existía. Esto sube la vara de los ISP y genera un cambio sostenible", sostuvo entonces Ozores.
Qué proyectos de fibra óptica esperan financiamiento del Enacom
La nueva línea de crédito encuentra una demanda concreta que ya existe entre los operadores. Según pudo saber iProfesional, el Enacom mantiene en evaluación varias solicitudes presentadas por proveedores de servicios de Internet (ISP, sigla en inglés) para financiar despliegues de fibra óptica que hasta ahora no obtuvieron respuesta.
Además del financiamiento bancario, el organismo también comenzó a participar como inversor en instrumentos de deuda emitidos por empresas del sector, mediante el Programa de Financiamiento y Apoyo a Proveedores de Servicios TIC.
El primer caso fue Sion. La compañía realizó una emisión de Obligaciones Negociables Pyme y el Enacom se comprometió a invertir hasta $10.000 millones, equivalentes al 78% de las inversiones financiables previstas en el proyecto. El programa dispone de una asignación total de $40.000 millones.
Qué diferencia a este modelo de los subsidios tradicionales
La diferencia principal es económica y tiene que ver con la recuperación del capital. Cuando las empresas cancelan las obligaciones negociables, los fondos regresan al FSU y pueden reutilizarse para financiar nuevos proyectos.
"Esto es dinero que se presta y vuelve al Fondo de Servicio Universal en sus distintos vencimientos, lo cual no ocurre con los ANR, cuyo dinero una vez destinado no retornaba al FSU", explicó Ozores al concretarse la primera operación.
Según el funcionario, el objetivo es "crear un ciclo positivo y creciente de inversión". El esquema pone en práctica otra de las herramientas que el interventor había anticipado en mayo, cuando mencionó la posibilidad de utilizar el mercado de capitales para multiplicar la capacidad del Servicio Universal de movilizar inversiones privadas.
Qué son los certificados CCASU y cómo permitirán invertir con los aportes al Fondo
Existe una tercera herramienta en preparación. El Enacom trabaja en un mecanismo que permitirá a los licenciatarios TIC convertir parte de sus obligaciones con el Servicio Universal directamente en inversiones.
El proyecto contempla la emisión de Certificados de Crédito de Aporte al Servicio Universal (CCASU), que reconocerán hasta el 50% de determinadas inversiones aprobadas en equipamiento, tecnología, expansión y modernización de redes. Los certificados podrán usarse durante un plazo máximo de 24 meses para compensar los aportes que los operadores deben realizar al Fondo.
"Esto permite que los aportes al Fondo del Servicio Universal se conviertan en inversión real, en equipamiento, tecnología y conectividad de calidad en todo el territorio nacional", sostuvo Ozores al presentar la iniciativa.
El mecanismo recoge parcialmente un planteo de la industria. La Mesa TIC propuso reducir del 1% al 0,5% el aporte obligatorio al Servicio Universal y ampliar la posibilidad de computar inversiones directas como cumplimiento de esa obligación. Hasta el cierre de esta edición, el Enacom no avanzó con la reducción de la alícuota.
Qué pasará con el Programa de Conectividad de Interés Público
En paralelo con el convenio con Macro, el Enacom tomó otra decisión que amplía el marco en el que podrán volcarse los recursos. La Resolución 961/2026 prorrogó durante otros 36 meses, a partir del 7 de octubre, el Programa Conectividad de Interés Público e incorporó su actividad al Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones. El programa permite financiar conectividad, dispositivos y equipamiento destinados a iniciativas vinculadas con educación, salud, seguridad y otros servicios públicos.
Uno de sus proyectos más visibles es el de conectividad satelital para establecimientos educativos. En septiembre, el Ministerio de Capital Humano, el Enacom y Starlink anunciaron un acuerdo para instalar 6.000 kits de conectividad satelital en escuelas rurales y comunidades aisladas.
"La irrupción de satélites de órbita baja está cambiando el paradigma de la conectividad", sostuvo Ozores al referirse al avance de estas tecnologías. El funcionario aclaró que la conectividad satelital "de ninguna manera busca reemplazar las redes terrestres, sino que se trata de complementarlas".
El nuevo Reglamento General del Servicio Universal vincula el desarrollo de infraestructura fija y móvil no solo con hogares y servicios esenciales de salud y educación, sino también con las futuras necesidades de capacidad generadas por proyectos de inteligencia artificial y centros regionales de datos. Ese objetivo conecta la resolución publicada ahora con la visión que Ozores había anticipado en mayo, cuando mencionó entre los posibles destinos de los recursos del Fondo los proyectos de fibra óptica y la expansión modular de centros de datos.
Cuánto dinero tiene acumulado el Fondo del Servicio Universal
La magnitud de los recursos disponibles explica buena parte del cambio de rumbo en la política del organismo. La última estimación conocida de la Mesa de la Industria TIC ubica el patrimonio del Servicio Universal por encima de los $370.000 millones, equivalentes entonces a unos US$245 millones.
El cálculo fue realizado a partir de los estados financieros del BICE, que registraban más de $301.000 millones al cierre de 2025, a los que la entidad sumó los aportes posteriores realizados por los operadores.
La cifra supera los aproximadamente u$s200 millones que Ozores había informado en mayo. Sin embargo, existe una fuerte brecha entre los recursos acumulados y los proyectos adjudicados.
Según el relevamiento presentado por la Mesa TIC, los programas vigentes contemplaban fondos por aproximadamente $157.500 millones, mientras que hasta septiembre se habían adjudicado $66.500 millones, alrededor del 42% del monto programado.
Frente al patrimonio estimado del Fondo, la entidad calculó que aproximadamente el 82% de los recursos permanecía sin adjudicar. Existe además otra incógnita sin resolver: no hay información pública consolidada que permita determinar cuánto de los $66.500 millones adjudicados fue efectivamente desembolsado y ejecutado.
