La piraterí­a del software se mantiene inalterable pese a los operativos judiciales

En el último se profundizaron las acciones judiciales contra la piraterí­a del software en la Argentina. Sin embargo, de acuerdo a un informe privado, las tasas de esta práctica se mantienen casi sin cambios en los últimos cincos años.

Según informó la Business Software Alliance (BSA), un grupo conformado por empresas informáticas, el í­ndice de piraterí­a de software en la Argentina se redujo al 73% en el año 2008, es decir, más de siete de cada diez programas de software instalados son ilegales. La tasa mundial de piraterí­a que en 2008 fue del 41%. Ese dato del 73% significa un descenso de apenas del 1% respecto a 2007, y del 2% en relación a 2008.

De acuerdo a los cálculos de la BSA, que agrupa a empresas como Adobe, Apple, Attachmate, Autodesk, Corel, McAfee, Microsoft, Quark, Sybase y Symantec, la piraterí­a del software en la Argentina representó u$s339 millones en pérdidas durante el último año.

El grupo empresario hizo las siguientes equivalencias: El monto total de las pérdidas en la Argentina es igual al valor de 1,3 millones de toneladas de soja, a 800 mil vacas o a 26 mil automóviles sedán cero kilómetros.

El impacto de esta práctica repercute en la propia industria informática local: Por cada dólar de programas vendidos en forma legal en la Argentina se generan otros tres a cuatro dólares adicionales en beneficios para las firmas locales de servicios y distribución.

Puestos a hacer proyecciones, los miembros de la BSA especulan que si se redujera en un 10% la tasa de piraterí­a de software en América latina, durante los próximos cuatro años se generarí­an más de u$s19.000 nuevos empleos y u$s633 millones adicionales en ingresos y contribuciones para los gobiernos nacionales.

En la Argentina, una reducción de 10 puntos en el porcentaje de la piraterí­a de software podrá dar cabida a 3.900 nuevos empleos, u$s80 millones en impuestos sobre ingreso y u$s630 millones de crecimiento económico.

A nivel regional, el 65% de los programas de software utilizados en América latina son ilegales, según el sexto estudio anual sobre piraterí­a informática de la consultora IDC, encargado por la Business Software Alliance.

Ofensiva judicial
Durante el año 2009 se llevaron a cabo 28 allanamientos en búsqueda de software ilegal en comercios dedicados la venta de computadoras:

• 10 allanamientos en la Capital Federal.
• 8 en el Gran Buenos Aires (1 en Martí­nez, 5 en Lomas de Zamora y 2 en Vicente López).
• 2 en Mar del Plata.
• 2 en la ciudad de Córdoba.
• 2 en la ciudad de Mendoza
• 3 en la provincia de Santa Fé (Rosario, Santa Fe y Santo Tomé).

En esos operativos se secuestraron más de 420 computadoras con programas piratas preinstalados y 980 discos compactos con copias ilegales de software, alcanzando un valor total de 3.385.200 pesos.

Fueron realizadas por orden de la Justicia 72 diligencias probatorias destinadas a constatar el posible uso de software ilegal en las instalaciones de empresas de los rubros pesquero, agropecuario, inmobiliario, de la construcción, financiero, de corredores de cereales y de autopartes, ubicadas en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Santa Fe y Rosario.

Durante estas diligencias se comprobaron más de 600 computadoras con software sin licenciar, generando indemnizaciones que deberán afrontar los usuarios ilegales, y que en su conjunto superan ampliamente $1 millón.

Si bien un 79% de las empresas advierte a sus empleados sobre los riesgos de utilizar y/o cargar software ilegal, sólo el 26 % de las Pymes establecieron polí­ticas sobre el uso apropiado de Internet y las redes peer to peer (P2P).

Pero las consecuencias de la piraterí­a no son solamente monetarias, sino que afectan también al desempeño de las compañí­as que compran o utilizan estos programas de origen ilegal.

Según la alianza de desarrolladoras de software, el 70,8% de las Pyme en la Argentina reportaron fallas asociadas al uso de software ilegal que redujeron su productividad.

El estudio de IDC advierte en los próximos cinco años habrá 460 millones de nuevos usuarios de Internet, principalmente en los denominados mercados emergentes como los de América latina, lo que puede incrementar el riesgo de descargas ilegales si no se adoptan las medidas necesarias.

Situación legal
En la Argentina, la violación a la Ley 11.723, establece sanciones penales y atribuye responsabilidad civil a quienes infringen los derechos de los creadores de software.

Penalmente, la copia o uso no licenciado del software se castiga con penas de prisión que pueden llegar hasta a 6 años de prisión, igualándolo al delito de estafa o defraudación, mientras que civilmente, prevé la indemnización del daño económico llevado a cabo, así­ como la prohibición de continuar utilizando el software pirata. En el ámbito civil, el daño provocado al autor por la utilización indebida del software o la copia no autorizada, genera la obligación de indemnizar.

Para averiguar el estado legal del software de su organización, lea esta nota que incluye un instructivo al respecto.

En la presentación de los datos de IDC, con motivo del Dí­a Internacional de la Propiedad Intelectual, estuvieron Marí­a de Monserrat Guitart por la BSA; Magdalena Iraizoz de la cámara del libro (CADRA); y Hernán Alberti, de Software Legal; representantes de Microsoft; el Instituto del Cine (INCAA) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos de América en Argentina (Amcham).

En la misma conferencia se difundió otro estudio que enmarca los datos sobre software en un entorno difí­cil para la protección de los derechos de la propiedad intelectual.

Según este informe, elaborado por la consultora Ipsos-Mora y Araujo, seis de cada 10 argentinos consume productos pirateados. Y el consumo de productos falsificados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en 2008 ascenderí­a a $2.660 millones.

De acuerdo al estudio, un 59% del sector ABC1 de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores compra productos en el mercado informal, especialmente discos compactos y DVD.

Los consumidores reconocen que sus acciones de compra de productos piratas son ilegales (82%) pero, a pesar de ello, las llevan adelante. Y el 60% de ellos sabe diferenciar un producto imitado de un producto original, pero este conocimiento no afecta el nivel de compra de productos pirata.

El funcionamiento del mercado de productos falsificados contribuye, de acuerdo a la opinión de los consumidores (70%) a la evasión de impuestos.


César Dergarabedian
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