Fin del control estatal en bodegas: el Gobierno deroga casi mil normas del sector vitivinícola
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El Gobierno dio un paso decisivo en su política de desregulación del sector vitivinícola: mediante la Resolución 37/2025 —publicada en el Boletín Oficial— dejó sin efecto 973 disposiciones que hasta ahora delimitaban las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
La medida redefine el rol histórico del organismo, que dejará de monitorear la producción desde la vid hasta el embotellado y, en adelante, concentrará su labor exclusivamente en verificar la calidad del vino ya terminado
Qué deja de hacer el INV
Hasta ahora, el INV intervenía en cada etapa del proceso: controles durante la cosecha, fiscalización en la elaboración, autorizaciones para el transporte y certificaciones de trazabilidad, entre otros trámites. Con la nueva normativa, esas instancias dejan de ser obligatorias.
Los productores ya no deberán cumplir con la certificación de origen, añada o varietal, que pasan a ser opcionales. El INV sólo podrá tomar muestras del producto final embotellado para verificar su aptitud para el consumo.
Un cambio de enfoque
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó la medida como un giro estructural: "Se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino".
Sturzenegger afirmó que la medida termina con décadas de "burocracia absurda". Según el ministro, sólo en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y llevó a cabo más de 5.000 inspecciones. En determinados casos, inspectores regresaban a la misma bodega cada dos días.
"La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado complique las cosas", sostuvo.
Un sector que pide aire para adaptarse
Argentina es el quinto productor mundial de vino: genera alrededor de 900 millones de litros al año y exporta unos u$s800 millones. Sin embargo, enfrenta un escenario global de consumo a la baja y nuevas tendencias, entre ellas el crecimiento del vino sin alcohol.
En ese contexto, el Gobierno considera que la flexibilidad regulatoria es central para sostener la competitividad del sector. "Es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno", explicó Sturzenegger.
Más control sobre el producto, menos margen para la discrecionalidad
La resolución también apunta a acotar el margen de acción de los inspectores. "Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción", dijo Sturzenegger. Y sumó: "Los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta a la discrecionalidad y la corrupción".
El ministro fue más allá: "En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar".
Y remató con una frase que sintetiza el espíritu de la desregulación: "La libertad siempre encuentra su camino".
Quiénes quedan bajo el nuevo esquema
La resolución alcanza a toda la cadena vitivinícola:
- Productores de uvas
- Bodegas y establecimientos de mosto o espumosos
- Plantas de fraccionamiento y distribuidores
- Exportadores e importadores
- Laboratorios y operadores vinculados al sector